Se abre el polémico consurso por las nuevas licencias de radio de Madrid

(PD / EFE).- La Comunidad de Madrid abrió este martes, y en medio de la polémica, el concurso público para la adjudicación de las 21 nuevas emisoras de radio de la región, aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 1 de septiembre en el marco del Plan Técnico Nacional de Frecuencia Modulada.

El concurso quedó abierto a pesar de que el Ejecutivo regional considera «discriminatoria» la decisión del Gobierno,

«ya que -según indicó en un comunicado- a comunidades como Andalucía y Cataluña el Ministerio de Industria ha autorizado la puesta en marcha de 162 y 105 nuevas emisoras, respectivamente».

Es por ello, «entre otras razones», recordó este martes el Gobierno de Esperanza Aguirre, que la Comunidad de Madrid ha pedido al Tribunal Supremo la anulación del reparto de emisoras contemplada en el Plan del Gobierno de la nación.

MADRID HABLA DE DISCRIMINACIÓN

«El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo para impugnar el Plan del Ejecutivo nacional, al considerar discriminatorio el reparto de emisoras de radio llevada a cabo por el Ministerio de Industria, como pone de manifiesto el hecho de que de las 866 nuevas emisoras de radio aprobadas por el Ministerio el pasado 1 de septiembre, sólo 21 han correspondido a la Comunidad de Madrid».

Añade que la Comunidad de Madrid solicitó al Gobierno el agotamiento del espacio radioeléctrico, que concretó el Ejecutivo regional en el establecimiento de medio centenar de nuevas emisoras, pero finalmente sólo se concedieron 21.

A juicio del ejecutivo autonómico,

«más evidente es aún la discriminación en el caso de la ciudad de Madrid, donde sólo se ha satisfecho algo más del 12% de lo solicitado por el Gobierno regional (únicamente se ha autorizado una nueva emisora), mientras que en otras ciudades como Albacete o Manresa el Ministerio ha planificado 7 nuevas emisoras, ó 10 en el municipio de Puigcerdá».

Madrid cree también que la planificación de FM

«se ha llevado a cabo de manera insuficiente y sectaria, con un grave perjuicio para las empresas del sector que puede lastrar su futuro desarrollo».

Además considera que se trata de

«un fraude para los ciudadanos y un obstáculo insalvable para la ordenación del espacio radioeléctrico en la Comunidad de Madrid».

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