(PD/Época).- Que hay un déficit de la democracia española en el ámbito municipal, y que ese déficit comienza por un fallo de los controles del Estado de derecho, es una de las conclusiones más manifiestas de la Operación Malaya. Dos de los detenidos en este proceso judicial que dirige el juez Miguel Ángel Torres son Carlos Sánchez y Andrés Liétor.
Publica Eugenia Viñes en la revista Época que empresarios sobre los que pesó una orden de localización, y que por fin regresaron de la República Dominicana para ingresar en la prisión de Alhaurín de la Torre el pasado mes de julio. Tras una ampliación de declaración en noviembre, están en libertad bajo fianza de 250.000 euros.
Les defiende Julián Chamorro Gay, del despacho madrileño Chamorro y Asociados. Con él, y como especialista en Derecho Procesal-Penal, trabaja Cándido Conde-Pumpido Varela, uno de los hijos del fiscal general del Estado. Por cierto que otro es arquitecto. Y en la familia también hay asesores. Este urbanismo, en otro momento.
En cualquier caso, la defensa de Carlos Sánchez y Andrés Liétor no es fácil para nadie. Al primero se le considera el maestro de Juan Antonio Roca. Cuando el juez Miguel Ángel Torres decretó la “prisión incondicional” de ambos, Chamorro presentó recurso de apelación, que fue desestimado.
El magistrado les imputa los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos. En el auto de prisión dice que los dos, junto a Juan Antonio Roca, que para el juez es “socio y amigo” de Sánchez, se pusieron Ayuntamiento de Marbella, deciden obtener ganancias mediante un plan”.
Dice el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que la empresa de Carlos Sánchez, CCF 21, vendió terrenos en Mazarrón a Urbincasa por un valor de casi 15 millones de euros. Y que efectuó “pagos por un importe muy importante que supera los cinco millones de euros durante dos años” por actuaciones urbanísticas.
Entre estos acuerdos, figuran dos licencias de obra para aumentar la edificabilidad de parcelas; un convenio urbanístico en la finca La Gitana, y dos permutas de locales, uno de ellos en Puerto Banús.
El abogado Julián Chamorro desmiente que Sánchez haya sido “el maestro” de Roca y defiende la legalidad de sus inversiones. Sostiene que la Junta de Andalucía ha autorizado “todas” las operaciones comerciales de las sociedades del empresario relacionadas con el urbanismo en territorio marbellí. “La apariencia de legalidad es absoluta”.
SE ABRE EL TELÓN
Se abre el telón en noviembre de 2006. Sus dos defendidos en la Operación Malaya acaban de ser puestos en libertad bajo fianza. Y Julián Chamorro Gay es nombrado consejero y secretario de Promociones Artísticas La Casa del Actor, SL.
La nueva sociedad se dedica a la gestión, promoción, distribución, organización y difusión de actividades culturales, teatrales, musicales, cinematográficas que se comercialicen. Aún sin beneficios, su socio único es la Fundación La Casa del Actor. Julián Chamorro Gay ha sido abogado de esta fundación.
En sus consejos de administración, y entre otros, está la actriz Beatriz Carvajal como presidenta; el productor teatral Manuel Canseco Godoy como consejero delegado; Julia Trujillo Moya, actriz en Divinas palabras y aquí consejera, al igual que Soledad Mesa Pachón, más conocida por María Kosti, una de Las chicas del Bingo.
De la mano de Carmen Calvo, ministra de Cultura, la Fundación La Casa del Actor, ha obtenido una subvención de 300.506 euros en 2005. También en 2006. Y así será año tras año, según prometió Carmen Calvo en la gala de entrega de los premios de la fundación en diciembre de 2005.
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