(PD/Tiempo).- El presidente Zapatero ha tomado la decisión política más impopular desde que llegó a La Moncloa, y lo ha hecho a escasas fechas de las elecciones municipales y autonómicas: la concesión de la prisión atenuada al etarra Ignacio de Juana Chaos, una medida ajustada a la legalidad pero muy difícil de digerir por la opinión pública.
Tras la justificación de que se trata de una decisión humanitaria, se esconde la firme decisión de Zapatero de recuperar el proceso de paz roto tras el atentado de Barajas.
Según revela Carlos Fonseca en la revista Tiempo, fuentes políticas vascas citadas por la revista aseguran que el presidente del Gobierno no habría asumido el desgaste político que supone su decisión si no tuviese datos de que es posible llegar a las generales del próximo año en un escenario que permita intuir el fin de la violencia.
Está claro que ni el Gobierno ni Batasuna quieren desandar el camino recorrido -manifestó al semanario un miembro del Ejecutivo vasco-. Están tirando de la cuerda pero sin intención de romperla. Es probable que durante las próximas semanas y meses asistamos a gestos de distensión que permitan llegar a las generales de 2008 con la esperanza de que la paz es posible. Van a intentar ganar tiempo hasta entonces.
La cuestión navarra
El Gobierno espera ahora que ETA clarifique su posición antes de las municipales con un comunicado. La impresión más extendida en medios políticos vascos es que la banda avalará la propuesta de Batasuna de crear una «autonomía política» para Navarra y el País Vasco, revalidará la tregua y anunciará su disposición a declarar el cese definitivo de la violencia si se avanza en la solución del denominado conflicto vasco. Todo ello aderezado con la habitual terminología que ETA utiliza para adoctrinar a sus partidarios.
Si el «caso de Juana» ha sido un gesto de Zapatero en su apuesta por el proceso de paz, el siguiente reto está a la vuelta de la esquina: las elecciones municipales y forales del 27 de mayo. Batasuna ha reiterado hasta la saciedad su intención de concurrir a las mismas y regresar a las instituciones. Con la misma insistencia y firmeza el Gobierno ha respondido que para que ello sea posible tiene que acatar la Ley de Partidos y desvincularse de manera clara y fidedigna de la violencia de ETA.
La fórmula que utilizará la izquierda abertzale para eludir esta exigencia sigue siendo una incógnita, aunque las fuentes políticas vascas consultadas creen que cobra fuerza la posibilidad de que combine varias opciones. Las siglas Berria podrían ser utilizadas para concurrir como lista sucia y forzar su ilegalización por el Gobierno. Estas candidaturas se solaparían con las del partido legal EHAK y algunas plataformas electorales.
