Desde el inicio de su legislatura las fuerzas que integran el bipartito gallego –PSdeG y BNG– emplearon una táctica que consistió en arrinconar al PP colgándole el sambenito del urbanismo salvaje, el ladrillazo y la «marbellización» del territorio. La jugada buscó criminalizar a los alcaldes del PP bajo un manto de sospecha sobre el urbanismo «de derechas» y culparlos del descalabro del cemento en Galicia.
Emilio Pérez Touriño dejaba entrever estas consignas al lamentar que «la historia de este país» revele el incumplimiento de la legalidad en materia urbanística. «La herencia del PP es la del país lleno de agujeros, de desorden, de degradación de los mejores espacios del país», aseveró. Su escudera en esta batalla, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, también se manifestaba en esta línea luego de conseguir sacar adelante la polémica Ley del Litoral, una ley que, según sus palabras “busca una nueva Galicia, un país habitable y respetuoso con su entorno, una Galicia de la que nos sintamos orgullosos y en la que el feísmo y la marbellización no tengan sentido”.
Hasta aquí, el bipartito intentaba darle una lección de legalidad al PP sin desperdiciar la oportunidad de rentabilizar casos de corrupción como el de los dos ediles populares en Gondomar o las licencias que se otorgó a sí mismo Manuel Pose, el alcalde popular de Arteixo. Pero fue Vigo el principal elemento de fricción entre la administración local y autonómica, donde Caride se plantó inflexible para que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). de la ciudad olívica no saliese antes de las elecciones de mayo a pesar de los reiterados pero inútiles esfuerzos de Corina Porro por negociar un acuerdo. El presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, no dudó en aseverar que si el departamento que dirige Caride hubiera caído en manos nacionalistas durante el reparto de áreas en los albores del bipartito, Vigo ya tendría su PXOM. «Todos están de acuerdo con el plan, menos el PSOE, y la conselleira es del PSOE».
Foz, Viveiro y Camariñas
Mientras el bipartito se llenaba la boca dando lecciones de ética urbanística, los escándalos en su propia trinchera no tardarían en aparecer. El primer episodio tuvo como el escenario el municipio de Foz, al conocerse que alcalde socialista José María García Rivera validó 40 licencias para construir 1.350 viviendas recurridas por la Xunta. Caride admitió que las licencias «infringen el ordenamiento jurídico vigente», al aprobarse cinco días después de que el pleno acordara la suspensión de licencias para iniciar los trámites de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La titular de este departamento advirtió a Rivera de que si no atiende el requerimiento «actuará en consecuencia». Sin embargo, la dirección del PSOE gallego se blindó en defensa del alcalde dejando en ridículo a la conselleira. El mejor aval lo recibió el alcalde lucense del secretario de Organización del PSOE, José «Pepiño» Blanco, quien defendió la gestión de su compañero de partido y señaló que tiene «dos virtudes; es honesto y trabajador». «Y eso es lo que necesita Foz», agregó sin sonrojarse.
Utilizar el urbanismo como arma arrojadiza comenzaba a pasar factura pero la apuesta de Touriño seguía en pie: «un urbanismo transparente donde mande la ciudadanía y no los especuladores», anunciaba en un mitin de precampaña. Pero resultaba que donde menos se lo creían era en sus propias filas. Las actuaciones irregulares que el PPdeG destapó en Viveiro y Camariñas dejaron los loables mensajes de Touriño en meras caricaturas. Según denunció el ex alcalde de Viveiro y actual portavoz del PPdeG en esa Corporación lucense, César Aja, la corporación lucense otorgó 300 licencias irregulares sin tener en cuenta los informes negativos de los propios técnicos municipales y, en algunos casos, de los responsables de Patrimonio Histórico de la Xunta. Además, Aja indicó que vecinos y constructores de Viveiro «sienten inseguridad jurídica» y añadió que el actual alcalde, el socialista Melchor Roel, «tendrá motivos inconfesables para haber adoptado esta actitud».
El municipio coruñés de Camariñas le daría la puntilla a la cruzada puritana del PSdeG. En este sentido, el secretario general del PP, Alfonso Rueda, denunció que esta Coporación no sólo otorga licencias ilegales, sino que «cae en el favoritismo al adjudicar obras a personas afines al PSOE». Camariñas era otro ejemplo de la «doble vara de medir» que, según los populares, aplica la Administración autonómica en materia de urbanismo. En concreto, el representante del PP citó el caso de un edificio sito en el mencionado municipio que, además de no respetar las alineaciones, fue adjudicado a la constructora «Area da Vila S.L.», de la que uno de sus propietarios es un gran activista del PSOE, y otra de las socias la madre del aparejador municipal de la obra.
«No habrá más alcaldes-promotores, ni ahora ni después»
Aunque Foz, Camariñas y Viveiro evidenciaban que el urbanismo de izquierdas estaba plagado de podredumbre, Pérez Touriño volvió a a colocar al ladrillazo en el punto de mira de la campaña electoral. «Se acabó la historia de compatibilizar el cargo de alcalde con intereses empresariales en el sector de la construcción. No habrá más alcaldes-promotores, ni ahora ni después», aseguró en un pleno a fines de abril en el Parlamento.
No acabó de terminar la frase y el PP ya le había recordado públicamente que el candidato a la alcaldía de Bande (Orense) tenía «siete promotoras». No era el único. Los candidatos socialistas por Baiona y Ribeira de Piquín administraban y apoderaban sendas empresas dedicadas a la construcción y a la promoción inmobiliaria (Nexus Promociones SL y Promociones Turísticas Ribeira do Eo SA, domiciliadas en Santiago y Madrid). Por último, el alcalde de Oroso y próximo candidato socialista a la reelección, Manuel Mirás Franqueira, ejerce de apoderado de «Intergontán S.L.», empresa dedicada a la «venta y promoción de complejos turísticos» y con domicilio social en Santiago de Compostela.
Una vez más el líder de los socialistas gallegos era rehén de sus palabras. El PSdeG había intentado arrinconar al PP con las banderas del urbanismo transparente sin haber examinado primero el hedor a corruptela que salía de sus propias filas.
