Juan Cruz Osta (Periodista Digital).- ¿»Andalucía garantizará un piso a los que cobren menos de 3.000 euros al mes«? Según. El miércoles, sí; el viernes, no. El País salía hace dos días a todo trapo anunciado la medida electoralista de Chaves. Este viernes, el mismo diario le mete un soplamocos al presidente andaluz de no te menees y le pregunta que de dónde va a sacar para tanto como quiere destacar. Hay lectores que piensan que Moreno ha perdido su orate.
Lo publicó El País en su portada y los andaluces se frotaron las manos. Pero salió Solbes, y Chacón haciéndole sombra, aguando la fiesta. Esto no va a ser posible cumplirlo porque hace falta mucho dinero, pero mucho.
Dos días después de hacer de altavoz gratuito a la medida electoral, el mismo diario, el que dirige Javier Moreno, le dedica un editorial memorable.
«Se comprende la reacción del vicepresidente Solbes cuando le preguntaron por la ley del derecho a la vivienda que prepara la Junta de Andalucía. (…)
El vicepresidente respondió como suelen hacerlo los ministros de Economía y Hacienda cada vez que alguien tiene una idea que supone un incremento del gasto: preguntando si los que lo proponen tienen hechas las cuentas sobre cómo financiarlo. El presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo que sus cuentas cuadraban: había dinero para pagarlo.(…)
Resulta confuso justificar el proyecto de la junta como mera aplicación de un mandato constitucional. El derecho a la vivienda figura en la Constitución entre los «principios rectores» de la política social: es una aspiración que debe inspirar la legislación sobre esa cuestión, no un derecho directamente invocable ante los tribunales. También es dudosa la viabilidad práctica del proyecto. Aparte de la picaresca a que dé lugar el intento de entrar en los límites salariales necesarios para ser beneficiario, la medida supondría, según cálculos preliminares, triplicar el número de viviendas protegidas que se construyen cada año. Y hacerlo implicaría canalizar hacia esa actividad recursos ingentes que forzosamente habría que detraer de otros compromisos públicos, que siguen sin cumplirse».
Y concluye:
«Es un síntoma de los tiempos que en vísperas electorales se dé más importancia a lo que se promete que al aval de lo que se ha conseguido. Un punto de conexión entre ambas cosas debería ser la exigencia de memoria económica (cómo va a ser financiado) de todo proyecto que se presente, y darlo por no presentado si carece de ese requisito».
Lástima. Había quién se lo había creído y tenía ya comprada la estantería para colocar ahí los libros gratuitos prometidos para los escolares andaluces.
