Es la hora de la venganza. Han sido años de sentirse agredidos y la pelota está ahora en su tejado. Cándido Conde-Pumpido, «Candidinsky», y Javier Zaragoza, «Cándido Bis», van a hacer toda la fuerza posible para que este tribunal investigue si Losantos cometió algún delito por sugerir -o más- que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden estar detrás del atentado del 11-M. Van a ir a por todas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional (institución jerarquizada, y en cuya cúspide se encuentra Cándido Conde-Pumpido) apoya que este tribunal investigue si el periodista Federico Jiménez Losantos ha incurrido en un delito de injurias y calumnias a la policía en relación con sus intervenciones radiofónicas sobre la actuación policial a raíz del atentado del 11-M.
El papel le ha tocado al fiscal Ignacio Gordillo, que considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar la querella presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el pasado 12 de diciembre, en la que acusaba al periodista de la COPE de vulnerar el «legítimo ejercicio de la libertad de expresión» al haberse extralimitado en su ejercicio.
Losantos supuestamente incurrió en presuntos delitos de injurias y calumnias, según la querella, que incluía recortes de prensa y grabaciones en las que presuntamente se acusaba a policías –con nombres y apellidos– de colocar la bomba de Vallecas, de haber permitido el atentado del 11-M, de haber falsificado pruebas, de tener conexiones con ETA y de colaborar en un golpe de Estado.
La querella ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y su responsable, Santiago Pedraz, está estudiando si la admite o no a trámite, según han informado fuentes judiciales.
Delito contra las instituciones del Estado
De acuerdo con el escrito del fiscal, la Audiencia Nacional puede investigar estos hechos, ya que se trata de unos presuntos delitos contra las instituciones del Estado equivalentes a los delitos contra altos organismos de la nación registrados en el Código Penal de 1973.
Este recogía de forma expresa que la policía formaba parte de esos altos organismos del Estado, y aunque el vigente Código Penal de 1995 no incluye expresamente a las fuerzas policiales como integrantes de las instituciones de la nación, sí se podría aplicar «haciendo una interpretación amplia» de la ley, han explicado las fuentes judiciales, según informa EFE.
El SUP ha presentado la misma querella contra el también periodista Luis del Pino, colaborador de Libertad Digital y El Mundo. Esta causa la tramita el juez Baltasar Garzón y la fiscalía aún no se ha pronunciado.
