(PD).- El juez Baltasar Garzón, ejemplo de coherencia, rechazó en 1998 la querella por genocidio presentada por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama. Pero ahora sí. Garzón quiere «agitar esos duendes macabros al abrir una especie de macroinvestigación judicial sobre los crímenes cometidos por el llamado bando «nacional» durante la Guerra Civil y la primera época del franquismo«.
Cuando parecía aplacada la polvareda de la Ley de Memoria Histórica (que finalmente no recibió tal nombre y que se ha caracterizado por irritar a todos y no contentar a nadie) y en un país donde se amnistío a los etarras que asesinaron a un presidente del Gobierno y siguen desaparecidos secuestrados por ETA, entra en juego el juez Baltasar Garzón.
Pero hay un dato que recuerda una oyente de la cadena COPE. Mercedes Aranda, encargada de hacer la selección de llamadas, dice que Garzón en 1998 desestimó una querella presentada por familiares de las víctimas de Paracuellos. Y la periodista lee directamente de la Wikipedia:
«En 1998, al amparo del proceso emprendido en España contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, una autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama, presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra Santiago Carrillo, el PCE, el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Estado español por delitos de genocidio, torturas y terrorismo. El juez Baltasar Garzón rechazó de plano la querella alegando la «mala fe procesal» y «abuso del Derecho» por parte de los denunciantes, por lo que no admitió recurso alguno contra la resolución.[126] Garzón razonó así la resolución:
Con el respeto que me merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como acontece en este caso […], los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los [hechos] que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad».
Tal y como escribe Eugenio Trias Segnier en ABC,
«Ni que decir tiene que estamos ante una iniciativa truculenta sin ninguna posibilidad de prosperar. En primer lugar, porque Garzón no es competente para investigar estos crímenes. Y, en segundo lugar, porque la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en octubre de 1977, ponía punto y final a cualquier tipo de responsabilidad penal por delitos políticos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976, fueran de la gravedad que fueran. Así se lo ha recordado un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Además, la investigación de esas desapariciones exigiría ingentes recursos humanos y materiales, de los que el sistema judicial no dispone».
«A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales».
Garzón, un juez multimillonario -el tertuliano Javier Rubio ha pedido en varias ocasiones que el juez desvele sus cuentas- y ejemplo de coherencia.
El juez que se pega la vida viendo amanecer… Y mirar en el periódico a ver si sale.
