Pedrojota se defiende de los «intocables» de la Audiencia

(PD).- La Junta de Jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional sacó un comunicado en el que defiende la «integridad profesional» de Baltasar Garzón y afirma que el editorial de El Mundo contenía «injustas y arbitrarias opiniones» sobre su decisión de abrir una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil. Pedrojota les da lo suyo en la edición de este miércoles de su periódico.

Según decían los jueces, el editorial de El Mundo «excede los límites de las críticas a las resoluciones judiciales» y pone como ejemplo dos afirmaciones nuestras: que Garzón «no tuvo tiempo de transcribir las cintas de islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M» y que no ha investigado eficazmente a autoría del chivatazo a los recaudadores de ETA.

Ésta es la defensa que el diario de Pedrojota publica este miércoles:

En primer lugar, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento legal, las opiniones no son «injustas» o «arbitrarias», son simplemente libres. Una opinión es un juicio de valor. Por tanto, y como reconoce nuestra Constitución, EL MUNDO tiene el derecho de opinar sobre cualquier asunto que interese a los ciudadanos sin otro límite que los delitos de injurias y calumnias tipificados en el Código Penal.

No es cierto ni es sostenible seriamente que afirmar que Garzón no tuvo tiempo para transcribir unas cintas o que no ha investigado el chivatazo a los intermediarios de ETA «excede los límites de las críticas» a las actuaciones judiciales. En ese caso, si Garzón se siente agraviado, puede recurrir a los tribunales, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Por último, los jueces piden que «se pronuncie» el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nada nos gustaría más porque obligaría al órgano de gobierno judicial a definirse sobre un derecho tan esencial como es la libertad de opinión. Veremos si el CGPJ es capaz de repudiar este editorial de EL MUNDO cuando ha guardado silencio sobre resoluciones judiciales tan polémicas como el permiso a la etarra Elena Beloki para seguir un tratamiento de fertilidad o el permiso a Rodríguez Menéndez por su «arraigo familiar».

Estamos ante una reacción puramente corporativa de unos jueces que se creen por encima de cualquier crítica, aunque, como en este caso, esté motivada por una decisión disparatada y contraria a Derecho. Acostumbrados a comportarse como una aristocracia judicial con plaza vitalicia, estos magistrados de la Audiencia parecen estar ya convencidos de que, por su exclusiva jurisdicción sobre delitos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, son tan «intocables» como los hombres de Eliot Ness.

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