(PD).- Los familiares de los fallecidos en el accidente de Barajas, sintieron otra vez que se les encogía el alma al ver las imágenes del avión de Spanair, filtradas desde el Ministerio de Fomento, y difundidas en primicia por El País.
Los periodistas, miembros d euna profesión poco inclinada a la empatía con la gente, se parapetan tras el argumento de se trata de «información». Cierran filas y dicen quue si hay que pedir responsabilidades que se exijan al «filtrador«.
No todos piensan así. La difusión en la edición digital de El País de las imágenes y comunicaciones internas en Barajas del accidente del MD-82 de Spanair, reproducidas por las principales televisiones y cadenas de radio de España y por cientos de televisiones y medios digitales y escritos de todo el mundo, motivó este viernes un requerimiento del juez que investiga el caso.
En el escrito judicial enviado a El País se requiere la entrega de las copias de las grabaciones del vídeo y audio del accidente del 20 de agosto y el «cese de la publicación de las grabaciones de audio y vídeo».
Tres miembros de la Guardia Civil se presentaron en la sede de El País para hacer efectivo el auto del juez. El director les entregó una copia del material difundido a través de la web del diario.
En él se incluye las comunicaciones internas del aeropuerto donde se recogía el primer incidente del MD-82 cuando regresó de la pista por una avería. Esas grabaciones fueron facilitadas a todos los medios de comunicación hace dos semanas por el Ministerio de Fomento para desmentir una nota de Spanair. El juez, entonces, no tomó ninguna medida cautelar.
Es la primera vez desde que el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, inició la investigación del caso que emite un requerimiento de este tipo, pese a que desde que ocurrió el accidente numerosos medios de comunicación (televisiones, periódicos y radios) han difundido imágenes del accidente que obran en el sumario y testimonios recogidos durante la investigación judicial.
El mismo día del siniestro, el juez prohibió la difusión de imágenes de lo ocurrido a las instituciones que intervinieron en las tareas de rescate, y ordenó a la Guardia Civil requisar todas las imágenes grabadas por teléfonos móviles y cámaras de vídeo.
En el sumario se da cuenta de hasta 20 intervenciones de teléfonos móviles a miembros de los equipos de rescate, que justificaron la recogida de fotos y vídeo en el lugar de los hechos para los cursos que imparten sobre métodos de trabajo en casos de catástrofe.
El juez sólo ha requerido a El País para que cese en la difusión de unas imágenes que las televisiones españolas reproducen en sus espacios informativos una y otra vez; también lo hacen las principales páginas web. La difusión de las informaciones exclusivas sobre el accidente por parte de la edición digital de El País copó este viernes el interés de la mayoría de los medios presentes en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, que mostraron su interés por conocer la fuente de información que facilitó las imágenes a este periódico.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lamentó lo que calificó de «filtraciones» y anunció que el Gobierno prestará «toda la colaboración que precise» al juez para «determinar el origen» de las mismas. «Vamos a llegar hasta el final», dijo. De la Vega insistió en que se debe ser «sumamente respetuosos» con las pesquisas, y añadió: «Es fundamental respetar el procedimiento y las actuaciones, y, por encima de todo, el dolor de las víctimas y sus derechos».
El País dirigió este viernes un escrito al juez Javier Pérez en el que le solicita que revoque el requerimiento efectuado para que cese la difusión de la información sobre el siniestro.
En el escrito, el director de este periódico, Javier Moreno, recuerda al juez que «la información audiovisual difundida ha sido legítimamente obtenida y queda amparada por el derecho a transmitir y recibir información veraz, consagrado en el art. 20. 1 d) de nuestra Constitución».
«La difusión de las grabaciones», prosigue, «en nada puede interferir el desarrollo de la investigación judicial, por lo que la prohibición de su difusión constituye una injustificable restricción del derecho fundamental de información, rayana en la censura prohibida en el art. 20, apartado 2 de la Constitución».
El director informa al juez de que, en cumplimiento del requerimiento, procedió este viernes a entregar la información audiovisual que ofrece la web del diario. Y concluye: «Dicha información ha sido ampliamente difundida también por otros medios, en Internet, así como en televisiones españolas y de todo el mundo».
