(PD).- La censura administrativa y la mordaza contra los periodistas pueden volver de la mano del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), cuyo proyecto prepara el Gobierno para esta legislatura.
Afirma La Nación.es que, con la excusa de proteger la infancia, el honor o la intimidad, el Consejo puede intervenir en las televisiones, con multas de hasta un millón de euros y la posible revocación de la concesión, cuando las infracciones sean graves.
Se trataría de una nueva vuelta de tuerca intervencionista del PSOE, después del antecedente del Consejo Audiovisual de Cataluña o del Consejo Audiovisual de Andalucía.
TAMBIÉN INTERNET
Según ha podido saber lanacion.es, el Consejo Estatal, que aplicaría la directiva comunitaria sobre servicios de medios audiovisuales (antes, de televisión sin fronteras), podría extender su control a todo tipo de contenidos audiovisuales, incluidos los de Internet.
El CEMA estará integrado por siete miembros y serán designados por una mayoría de dos tercios en el Congreso. Su mandato se prolongará por espacio de dos años, dos más que la duración de una legislatura.
Las competencias del Consejo son bastante amplias, aunque a diferencia del Consejo Audiovisual Catalán (CAC), no tiene potestad para adjudicar licencias de radio o televisión.
El nuevo órgano, en concreto, tendrá competencias para “controlar, inspeccionar y sancionar a los operadores de radio y televisión”.
Se considerarán faltas graves la vulneración del pluralismo (y aquí se incluye el lingüístico) y la falta de veracidad de las informaciones.
El Consejo también vigilará expresamente la separación de informaciones y opiniones, así como la vulneración del derecho al honor, la fama y la intimidad personal y familiar; y la protección de la infancia y la juventud
El anteproyecto de ley prevé la suspensión temporal, mediante la emisión de una imagen en negro que ocupe toda la pantalla cuando las televisiones cometan infracción muy grave.
FUNCIONES PROPIAS DE LOS TRIBUNALES
Dadas sus atribuciones, el CEMA puede convertirse en un órgano tan intervencionista como el muy polémico Consejo Audiovisual Catalán.
Este último ha recibido numerosas críticas por arrogarse funciones exclusivas de los tribunales de justicia. Desde que comenzó a funcionar en 2005, ha sido acusado de recuperar la censura administrativa y los tribunales de honor, expresamente prohibidos en la Constitución.
