Reino Unido propone un nuevo canon para salvar su modelo de televisión

(PD).- El regulador británico de la radiodifusión, el Ofcom, ha asumido la iniciativa de reformar el modelo de televisión del Reino Unido. Sobre todo en lo que se refiere a su financiación, dada la crisis económica que atraviesa por la reducción de los ingresos publicitarios.

Así, la última propuesta es aumentar el impuesto que los británicos ya pagan por la adquisición de televisores y reproductores multimedia -CD, DVD y MP3- para mantener la calidad de su servicio público.

Según los datos que maneja la institución, tres cuartas partes de los telespectadores estarían dispuestos a asumir ese canon con el fin de mantener la actual cuota de informativos de calidad tanto nacionales como locales y regionales, de espectáculos culturales, de programas de actualidad y de programación infantil y educativa, así como religiosa.

La fórmula establece que cada ciudadano pagaría el equivalente a 3,5 libras esterlinas (3,78 euros) al mes para proteger la programación de interés público emitida por las cadenas comerciales (ITV, Channel 4 y Five). El objetivo es, según recoge el diario ‘Daily Mail’, cubrir un agujero financiero que afecta a todos los canales, excepto a la BBC, y que llegaría a los 235 millones de libras (unos 296 millones de euros) en 2012.

Otros sistemas propuestos

Aunque el mencionado plan pueda ser el que «cause más alarma», el Ofcom ha planteado otras alternativas que, según ‘Daily Mail’, son igual de «controvertidas». Entre ellas, pagar por este servicio público a través de los impuestos generales, ceder la parte comercial de la BBC a Channel 4 o establecer una tasa para los servicios de televisión digital como Sky o Virgin.

La principal polémica podría derivarse de la posibilidad de que canales privados como Sky One o Discovery Channel puedan recurrir al dinero de los contribuyentes para financiar sus contenidos de interés público. Al respecto, Ed Richards, presidente de Ofcom, dijo mantener «una mentalidad abierta». Aun así reconoció que la BBC seguiría siendo la «piedra angular».

Menos obligaciones para las privadas

El apagón analógico, previsto en 2012 en Reino Unido (dos años después que en España), con la consecuente dispersión de la audiencia en múltiples canales, podría reducir todavía más la ya afectada cantidad de ingresos publicitarios de las cadenas. Pero éstas tendrían que seguir cumpliendo las exigencias del Ofcom en cuanto a contenidos de interés público, que son también los más costosos para las cadenas.

No obstante, el Ofcom ha dado un paso más: reducir esas obligaciones. Por ejemplo, para ITV, que ha decidido hacer frente a la crisis con una reducción de platilla y de la que espera una amplia cobertura de noticias nacionales y regionales en horario de máxima audiencia, ha propuesto generosas reducciones en las demás franjas horarias.

La cadena podría reducir a la mitad la duración semanal de los programas no informativos, de 30 a 15 minutos, y los programas de actualidad fuera de ‘prime time’ podrían acortarse en 40 minutos a la semana. Eso sí, ITV tendría que mantener su compromiso con la información nacional y regional en el mencionado ‘prime time’.

La producción de Five, por su parte, se vería reducida del 53% al 50%, y del 42% al 40% en horario de máxima audiencia. Sin embargo, tanto esta emisora como Channel 4 ya han anunciado su compromiso de contribuir en la producción de programación infantil, donde la BBC seguirá ejerciendo su liderazgo.

¿Públicas o privadas?

Los planes anteriores se ejecutarán a corto plazo, antes de 2010. A largo plazo, el Ofcom maneja tres posibilidades que provocarían un cambio radical en el modelo de televisión anglosajón, ya que se redefiniría la titularidad de BBC, ITV1, Channel 4 y Five.

De esta forma, uno de ellos mantendría el estatus de las cuatro cadenas; otro, haría que ITV y Five perdieran su condición de servicio público de radiotelevisión; y, el último, permitiría que otros canales pujasen por la financiación pública junto a los cuatro citados.

El 4 de diciembre el Ofcom tomará una decisión que presentará a principios de 2009. Serán el Gobierno y el Parlamento, en último término, quienes pongan fin al debate.

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