(PD).- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la nueva Ordenanza reguladora de la Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública, anunciada por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado mes de junio, y que determina que tan sólo podrá haber una persona de cada cabecera en cada punto de reparto, y que además necesitarán una licencia municipal fijando los ‘situados’, es decir, los espacios declarados aptos por las juntas municipales donde no se interrumpa de manera excesiva el tráfico peatonal de la calle.
El texto fue aprobado con el voto favorable de PSOE y PP, y con la abstención de IU, que había presentado hasta diez enmiendas parciales, ninguna de las cuales fue aprobada.
Entre ellas destaca la propuesta de la coalición de izquierdas de que se obligara a que los ‘situados’ estén repartiendo en puntos donde no haya aglomeraciones de personas, evitando la obstaculización de bocas de metro, paradas de autobús y estaciones de ferrocarril o intercambiadores.
Además, proponían que no se ubicaran en los espacios de confluencia de paso de peatones y en las aceras, y que no pudieran estar en parques y jardines ni delante de museos o monumentos incluidos en el Catálogo de Monumentos Públicos y Elementos Urbanos Singulares.
Además, fijaba en los 6 metros el ancho mínimo necesario de acera para poder ubicarse, y indicaba que no se podía ocupar más de un 33 por ciento del ancho de acera.
Sin embargo, las enmiendas de IU no fueron aprobadas ante el voto negativo de los concejales populares, que ostentan la mayoría absoluta en el Pleno.
Así, el texto final de la Ordenanza indica que será la Junta Municipal de Distrito la que redacte y apruebe una relación de ‘situados’ en los que se podrá distribuir la prensa gratuita, así como el número máximo de autorizaciones que pueden ser concedidas para cada emplazamiento.
En caso de concurrencia de solicitudes superior al número de autorizaciones para un solo emplazamiento, se dará prioridad a la edición y distribución diaria sobre la semanal, al contenido informativo de carácter general sobre el especializado, y a la existencia de controles externos de distribución, según avanzó Gallardón el pasado mes de junio.
Además, se establecerá que sólo podrá haber un repartidor por cada titular autorizado y las autorizaciones serán prorrogadas de manera automática hasta un máximo de cuatro años con el objetivo de agilizar la gestión administrativa.
Respecto a la garantía que deberá prestar el autorizado, el Ayuntamiento flexibilizará la forma de su constitución, de manera que pueda ser formalizada en metálico o mediante aval, lo que supone, frente a la normativa aún vigente, mayor facilidad para el interesado.
