María F. Cruz y Miguel Pato (PD)-. El Dr. Montes trabajaba en el hospital Severo Ochoa. En el año 2005, una denuncia anónima que le acusaba de administrar la eutanasia activa a sus pacientes en Urgencias desató el caos. El nombre del médico aparecería en las cabeceras de todos los periódicos. Tres años después, el doctor Montes sigue trabajando en el mismo hospital como anestesista, tras ser exculpado de los cargos por la Audiencia Provincial.
Cristina Losada denuncia la mala praxis del Dr. Montes en su libro Morfina Roja, una crónica periodística donde expone, además, cómo a su juicio la oposición socialista utilizó este caso con fines políticos;
“Hubo un intento de usar una posible mala praxis médica con relevancia penal como instrumento para desgastar a un gobierno regional: el de Madrid.”
La oposición razonable, según Cristina Losada, hubiese sido pedir cuentas a la administración sanitaria. Y ésa fue precisamente la posición que adoptó Simancas durante unos pocos días.
“Aunque Simancas dice que hay un caso de eutanasia activa, y es el único político que lo dijo en público, en tres días esa posición cambia y el PSOE comienza a decir que no es para tanto.”
En esos tres días los médicos afines a Montes en el Severo Ochoa comienzan una campaña en defensa de Montes diciendo que la investigación es una represalia política.
“Se presenta a Montes como una víctima política. Se convierte a los verdugos en víctimas y a las víctimas en verdugos”.
El grupo de médicos que salió en defensa de Montes formaba un grupo llamado ‘Sendero Luminoso’. Estas personas protegían en cierto modo a Montes, que actuaba con seguridad, pensando que no iba a ocurrir nada.
“Ese hospital se creó no solo como un centro asistencial, sino también como un escaparate de la política sanitaria del PSOE.”
Según Cristina, eligieron médicos de afinidad con la izquierda para crear una isla socialista en la sanidad madrileña y por eso, cuando salió a la luz este caso se dijo que la intención de la comunidad de Madrid era desprestigiar al Severo Ochoa y con él a toda la sanidad pública para privatizar.
Los peritos elegidos por el Colegio de Médicos dijeron que había mala praxis pero no podía decir con certeza científica que la causa de la muerte hubiese sido la sedación. Por la vía penal ya no hay causa.
“Si las víctimas en lugar de ir por esa vía penal hubiesen ido por la vía administrativa seguramente hubiese sido otro el resultado.”
