(PD).- Francisco Mercado estrenaba este martes otro episodio de su serial de espionaje en la Comunidad de Madrid. Esta vez, era UGT quien denunciaba «acoso por negarse a espiar a políticos». El sindicato lo desmiente rotundamente. El periodista del «espionaje» de El País tiene precedentes. El diario de PRISA, un glorioso lunes, abría sus páginas resucitando a la madre del ex ministro de trabajo Eduardo Zaplana. Mercado aseguraba que el popular había mandado regalos a su madre con cargo al ministerio. Un imposible, la madre del ministro había fallecido en 1966.
La Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid ha pedido este martes disculpas a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y ha afirmado que ni acusa ni acusará al departamento que dirige Francisco Granados de realizar misiones ilegales.
«Si los responsables de la mencionada Consejería se han podido sentir aludidos por la información aparecida, pedimos disculpas, pero ya indicamos que no acusamos ni acusaremos a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de realizar misiones ilegales».
Curiosamente, elpais.com no publica el comunicado de UGT ni ningúna alusión al desmentido del sindicato, fuera de toda sospecha por su afinidad ideológica al periódico de PRISA.
El sindicato ha aclarado que no tiene constancia de que exista ninguna denuncia del colectivo de seguridad de la Comunidad de Madrid por encomendarles funciones de espionaje a políticos ni altos cargos de la misma u otras Administraciones.
Así respondía el sindicato después de que el diario El País publicara una carta en la que el secretario del sector de Administración Autonómica de FSP-UGT, Javier Sanz, indicaba que el colectivo de técnicos especialistas de seguridad propios de la Consejería de Interior, conformados por unos 40 personas, «ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años».
Según la supuesta denuncia, este acoso ha derivado «por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionados con a las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación de sus funciones y podrían rayar en la ilegalidad«.
Francisco Mercado, autor de las informaciones, interpreta que «el representante de UGT se refiere en su carta, sin mencionarlo expresamente» al supuesto espionaje denunciado por el periodista. Dice Mercado que hasta ahora «el colectivo de trabajadores mantenía silencio, pero cuando Granados insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma».
«De ahí la ira del colectivo de trabajadores de la Seguridad de la Comunidad de Madrid».
Según el sindicato, las fuentes del periodista que firma el artículo «no han partido de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios Públicos de UGT ni se deducen del escrito enviado por el secretario del Sector Autonómico».
Además, ha precisado que UGT «no imputa ni acusa a la Consejería de Interior de encargar misiones ilegales, ni ha realizado ninguna declaración al respecto a El País donde se realicen tales aseveraciones». Por ello, piden disculpas y mantienen que no acusan ni acusarán a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de realizar misiones ilegales.
«El acoso y hostigamiento a este colectivo hay que circunscribirlo al funcionamiento propio del servicio y nunca en palabras de UGT a la negativa a realizar tareas de espionaje como recoge el citado diario a día de hoy».
Recuerdan que en épocas anteriores se ofreció al colectivo de seguridad hacer funciones de escolta de altos cargos de la Comunidad de Madrid fuera de los edificios oficiales de la Administración. Dicha propuesta fue rechazada, según el sindicato, y no se llevó a cabo al entender todas las partes, incluido el colectivo y la Administración, «que éstas eran competencias de los cuerpos de seguridad del Estado y no encuadraban dentro de las funciones propias del mismo, mucho menos al no ser un cuerpo armado».
Ante la última información aparecida en El País, el director general de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel López González, ha exigido este martes por la mañana a UGT que, a la mayor brevedad posible, acredite cuándo y a quién presuntamente se ha hostigado desde la Consejería de Interior por negarse a realizar tareas «ilegales» relacionas con asuntos destapados con los medios de comunicación, tal y como denunció por carta este sindicato.
