(PD).- Difícilmente encontraríamos en Europa una persona dispuesta a defender la existencia de diarios impresos de titularidad pública. Sin embargo, como evidencia del relativismo político que, junto con el moral, va debilitando la fuerza de nuestras convicciones cívicas, son mayoría quienes aceptan la existencia de televisiones y radios públicas -nacionales, regionales y hasta locales- que nos cuestan un potosí, sirven a los intereses del grupo político mayoritario en el ámbito de su actuación y practican, frente a la iniciativa privada, una flagrante competencia desleal.
Un matiz diferencial en lo que afecta a los sistemas de difusión y distribución sirve para modificar la valoración ética y política de un mismo fenómeno informativo.
Escribe Manuel Martín Ferrand en ABC que, ya que existen y que, siendo comerciales, las televisiones públicas nos costaron -la nacional y las autonómicas- más de 2.000 millones en el pasado ejercicio debieran ejercitarse en la moderación de su factura y en la prudencia de su actitud. No es así.
RTVE perpetra el traslado de sus sedes actuales en Madrid a un nuevo punto de Pozuelo de Alarcón, junto a la Ciudad de la Imagen. Para ello se propone adquirir al Ministerio de Defensa, por 43 millones, una finca -recalificable- de 50 hectáreas.
La operación se financiará (?) con la venta de las actuales instalaciones en Prado del Rey, Torrespaña y Estudios Buñuel.
Esos tres latifundios audiovisuales suman una superficie que es la mitad de la que se propone ocupar RTVE y, para mayor ignominia, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Pozuelo han asumido la recalificación de las instalaciones actuales de la Corporación para elevar su precio de venta.
Cabe recordar a este respecto que cuando, en 1964, RTVE se trasladó del Paseo de la Habana a Prado del Rey, junto a un regimiento de Transmisiones y en terrenos rústicos del Patrimonio, fueron cedidos en su uso por razones de seguridad.
Las nuevas tecnologías marcan, en el mundo, la jibarización de las plantas de producción audiovisual.
Aquí seguimos siendo diferentes. RTVE despliega una vocación latifundista en desprecio de la tercera ley de Baura -«cada metro cuadrado disponible tiende a ser ocupado por un nuevo empleado»- y en contra de la razón, y ello cursa con grandes fastos de especulación urbanística en la que participan, como en aquelarre, un Ministerio, una Comunidad y dos Ayuntamientos.
