Ana Avellano y Miguel Pato (PD).- Los tiempos difíciles han hecho que muchas empresas no cobren en el tiempo pactado por sus trabajos realizados. Las cosas se complican cuando son los organismos oficiales los que no pagan. La Plataforma Antimorosidad de las Administraciones cuenta con el respaldo de 50.000 empresarios y autónomos. Su representante en Madrid no entiende que si un Ayuntamiento acepta un presupuesto (porque tiene ese dinero) luego no pueda (o no quiera) pagar.
¿Cómo se enfrenta uno a los morosos cuando se trata de las Administraciones Públicas?
Es el gran problema que tenemos. La ley marca como máximo 60 días para el pago en todos los organismos oficiales. Resulta que son los primeros que lo incumplen.
¿Han tenido que recurrir a los tribunales para que les paguen el dinero público que les deben? ¿Es una solución efectiva?
No, hasta ahora es inviable.
Hemos creado la Plataforma para que cualquier tipo de venta a la Administración cuente con la seguridad de que se va a proceder al pago correspondiente de las facturas.
La demanda ahora mismo no es una vía porque no prospera. Desde la Plataforma hemos recogido propuestas para afrontar tanto las futuras facturas como las que están pendientes de pago desde los organismos oficiales.
¿Cómo es que ahora que no hay dinero, se están dando tantos escándalos en los Ayuntamientos?
Cuando un Ayuntamiento u organismo oficial acepta un presupuesto ya tiene una partida designada para los gastos. El problema está en que no entendemos dónde está ese dinero. Se trata de partidas presupuestadas y designadas para cubrir los gastos. A la hora de pagar no tendría que haber ningún problema en el pago, incluso en los 60 días que marca la Ley.
Sin embargo todos los empresarios que vendemos a organismos oficiales sabemos que los plazos no son los 60 días. Hay compañeros que llevan año y medio esperando que paguen las facturas los organismos oficiales.
¿El empresario tiene miedo?
Muchísimo. Son muchas las PYMES que tienen que soportar los impagos de los organismos y no tienen recursos para cubrirlo. Una controversia importante es que nosotros tenemos que hacer la declaración del IVA (cada año o seis meses) y tenemos que ingresar un dinero que no hemos cobrado todavía.
Hemos hablado con el Ministerio de Hacienda y dicen que no tienen nada que ver unos trámites con otros. Pedimos desde la Plataforma que se garantice un sistema mediante el cual si no hay un pago de facturas, que al menos, no tengamos que ingresar ese IVA.
¿Cuáles son las medidas más destacadas que propone la Plataforma para acabar con el retraso del pago de las administraciones públicas?
Buscamos ante todo la participación del Gobierno para que se aclaren los cobros. Queremos que se firme un acuerdo con los proveedores para que se destinen partidas que cubran los gastos.
Si los organismos públicos hacen presupuestos deberían disponer de ese dinero. Dentro de los presupuestos hay partidas que no son seguras (como las recaudaciones de impuestos) donde el Ayuntamiento tampoco tiene muy claro que vaya a recibir todo el dinero en el momento. Esto se debería de especificar bien cuando se asuma un presupuesto. Así cuando se realice la propuesta el empresario es consciente del plazo de pago.
En la Plataforma somos 50.000 personas (empresarios y autónomos). Nuestro objetivo es que se recojan nuestras propuestas en el Gobierno central ante las dificultades que estamos sufriendo.
¿Cree que funcionará el Día Contra la Morosidad de las Administraciones?
Es una propuesta que hemos recogido para que se tenga un dato gráfico de los que somos y lo que queremos. No es una medida de presión sino un punto señalado para empezar las acciones que llevaremos a cabo. Es una fecha de partida que se recoja en el gobierno.
Están las cosas difíciles pero buscamos soluciones. Nos enfrentamos a un problema que existe desde hace mucho tiempo y que ahora se ha destapado porque el sistema financiero funciona de otra forma. Hay muchos puestos de trabajo que peligran por ello. Al igual que se habla de los problemas de las grandes empresas también queremos que se recoja a nivel nacional los problemas de las pequeñas.
