La nueva Ley General Audiovisual permitirá la venta y el alquiler de licencias

La nueva Ley General Audiovisual permitirá la venta y el alquiler de licencias

(PD).- Ya se van conociendo detalles de la nueva Ley General Audiovisual que debería haberse presentado este mes en el Congreso. Como novedades, Industria permitirá la renovación automática de licencias por periodos de 15 años y autoriza la venta y el arrendamiento de las mismas. El cine, una vez más, es el más beneficiado ya que las televisiones tendrán que mantener sus inversiones en este soporte, a pesar de sus exiguos resultados que viene manteniendo.

Esta nueva Ley permitirá la venta y arrendamiento de licencias siempre que hayan superado los cinco años desde la adjudicación y que no superen el 50% de los canales que incluyen la licencia. Además, si se da un año sin emisión, se perderá la licencia.

Este texto también acabará con el ‘fariseismo’ entre televisiones ya que se endurecerán las sanciones contra los canales que no cumplan sus obligaciones de inversión en cine, rebasen los topes publicitarios o contraprogramen sin justificación. Según cuenta El País, las multas podrían llegar al millón de euros y, en caso de reiteración, perder la licencia.

También contempla la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), una autoridad independiente encargada de velar por «la transparencia y el pluralismo» de los medios de comunicación y de garantizar la «independencia e imparcialidad» de RTVE. Este organismo, elegido por el Parlamento con mayoría de tres quintos, estará compuesto de un presidente, un vicepresidente y siete consejeros. Su mandato será de seis años, para no coincidir con una legislatura.

No obstante, todavía no se conoce qué alcance tendrá respecto a la implantación de la TDT de pago, una medida por la que ha abogado en varias ocasiones Jaume Roures y que abriría las puertas a su promesa de ‘fútbol a un euro’.

Según el calendario avanzado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, la ley debía entrar este mes en el Parlamento. Pero está bloqueada. El Gobierno no ha conseguido el respaldo ni de los grupos políticos ni de los mediáticos. El texto que se está debatiendo no entra a regular el régimen de financiación de las televisiones públicas, asunto sobre el que los operadores privados se muestran inflexibles. Exigen severas restricciones a TVE y a las autonómicas a la hora de acceder al mercado publicitario. Y demandan que se les impongan topes a la hora de comprar contenidos.

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