(PD).- El nombramiento de González-Sinde y el acelerón que pretende darse a las negociaciones para impedir las descargas P2P en España parece tener una razón: agradar al Gobierno de Obama y Biden.
Si hace unos días El País nos informaba del estado de las negociaciones entre la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y las operadoras con red propia, agrupadas en Redtel, por supuesto desde el punto de vista de las entidades de gestión de derechos de autor, este viernes ha sido Expansión quien ha mostrado un poco de luz en estas opacas negociaciones, esta vez desde fuentes más cercanas a las operadoras.
El escollo insalvable para que estas negociaciones lleguen a mal puerto es la insistencia de la Coalición en que las medidas incluyan la desconexión de la línea de los usuarios que ignoren los tres avisos que les lleguen por utilizar las redes P2P, que las entidades de gestión cifran en unos 60.000. Los proveedores de acceso a internet piensan, sin embargo, que sería suficiente con que un organismo administrativo les impusiera multas. Por otra parte, la coalición querría enviar avisos a todos los usuarios de redes P2P, mientras que las operadoras quieren limitarlo a los «recalcitrantes».
Sobre lo que ya habría acuerdo es sobre el cierre de cerca de un centenar de sitios web que concentran los enlaces a las descargas, ya sea cortando la conexión si están alojadas en España o bloqueando el acceso si están en el extranjero.
Las prisas ante la visita de Biden
El Gobierno, no obstante, parece tener prisa y podría llevar al Gobierno de Zapatero a regular directamente el sector sin esperar a que las partes lleguen a un acuerdo. La razón no sería otra, según Expansión, que la próxima gira que el vicepresidente norteamericano Joe Biden va a realizar por Europa y que tendría escala en España.
Biden se ha destacado, ya en su anterior etapa, por defender los intereses de los lobbys del cine y la música y Zapatero no querría que llegara a nuestro país sin haber mostrado algún avance en la lucha antipiratería. Nuestro país está en el punto de mira de la industria cultural norteamericana, que ha puesto a España en su lista negra de países demasiado permisivos con las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.
