(PD).- El juez Baltasar Garzón se va a tener que sentar en el banquillo por prevaricación. Hay sospechas de que sabía que no era competente para juzgar el caso del franquismo y la Guerra Civil pero que, pese a ser consciente, siguió con la instrucción. El Supremo ha admitido la querella. El País pone nombre y cara a los magistrados que se han atrevido a dar el paso y hace su propia lectura: «Parece que alguno ha decidido pasar a la historia como aquel mediocre que se cargó a Garzón».
«¿Qué misterio encerrará el Supremo, que tradicionalmente ha tratado de forma benevolente a los jueces a los que tenía que juzgar?», se pregunta José Yoldi en El País.
«Pero parece que en las decisiones de este negocio las tripas son mucho más importantes que el Código Penal, y lo que para unos son cañas, para otros se vuelven lanzas y esta semana le ha vuelto a tocar el turno a Garzón. Hace un par de meses ya le dieron el primer aviso. El magistrado Luciano Varela, uno de los firmantes de la sentencia de Urquía, utilizó una resolución teóricamente positiva para Garzón como es el archivo de una querella contra él en la que se concluía que no había cometido delito por los honorarios percibidos durante su estancia en Nueva York, para ponerle a los pies de los caballos sembrando de dudas su actuación y dando traslado al Consejo del Poder Judicial de unas actuaciones que el propio Varela debería saber que en el caso de que hubiera habido alguna falta disciplinaria, ya estaría prescrita».
Y sigue el texto:
«Ahora, el Supremo, como el cartero, llama por segunda vez, y ha admitido una querella contra Garzón por prevaricación por el caso que abrió contra el general Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos a los que acusaba de delitos contra altos organismos de la nación y de la forma de Gobierno, así como de desaparición forzada de personas en un marco de crímenes contra la humanidad.
Y seguramente tienen razón los que defendían que Garzón no era competente en el caso de la Memoria Histórica, aunque muy probablemente también el plan de exterminio diseñado por la cúpula militar franquista y los crímenes perpetrados constituían delitos contra la humanidad. Pero a pesar de que su competencia era más que dudosa, hubo cinco magistrados de la Sala Penal que respaldaron su postura. Por tanto, su resolución no era «flagrante y clamorosa», «clara y manifiestamente contraria a la ley» o «esperpéntica», como exige la jurisprudencia respecto a la prevaricación, porque de lo contrario otros cinco jueces de la Audiencia Nacional deberían estar imputados.
Pero Adolfo Prego, ponente de la admisión de la querella y firmante también de la sentencia de Urquía, alegaba que la querella por prevaricación no era «ni absurda ni irracional».
El País carga contra Manos Limpias:
«Lo que resulta verdaderamente increíble es que para hacer este tipo de justicia el Supremo tenga que admitir una querella de Manos Limpias, un pseudo sindicato ultraderechista al que el propio alto tribunal ha dado algún severo rapapolvo, pero que en otra ocasión también le fue muy útil para poder condenar por desobediencia al entonces presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y a los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Contxi Bilbao. Fue otro caso vergonzante, en el que las tripas fueron determinantes y en el que se utilizó, pero en sentido contrario, el argumento que había servido para absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Claro que éste no había discutido como Atutxa las órdenes inmarcesibles del alto tribunal de que disolviera el grupo parlamentario de la izquierda abertzale próximo a ETA».
Y concluye:
«Lo que está claro es que Garzón ya no es necesario, como antaño, para ningún partido político y resulta tan molesto que ha conseguido poner de acuerdo a conservadores y a determinados progresistas, que van a por él. Incluso el instructor de la causa contra él es el inefable Luciano Varela, que hace pocos meses demostró cómo un archivo de querella podía convertirse en un arma arrojadiza. Probablemente Garzón no se hace ilusiones de que este juez vaya a archivar la causa contra él.
Por si fuera poco, la campaña contra el magistrado de la Audiencia Nacional, publicitada a bombo y platillo por los corifeos mediáticos del PP, está jaleada desde el Consejo del Poder Judicial por una vocal con mucho poder que esta semana andaba vendiendo a quien la quisiera oír que podían suspender en sus funciones a Garzón en cualquier momento, aunque en la historia del Poder Judicial nunca ha sido apartado ningún juez hasta después de ser procesado (Javier Gómez de Liaño) o de haber sido solicitado por la parte y el fiscal (Ferran Calamita).
Sin embargo, se ha levantado la veda y ahora parece que alguno ha decidido pasar a la historia como aquel mediocre que se cargó a Garzón».
