La situación interna de la agencia estatal de noticias es un barril de pólvora. Los derechos de sus trabajadores se están viendo agredidos y el descontento es general. Las condiciones laborales son cada vez más precarias y la situación en la casa que dirige Álex Grijelmo está al límite. O ha estallado ya, como es el caso de la redactora Fátima Martín, a la que la Justicia ha dado la razón incluso reconociendo «burla» por parte de la empresa pública.
A continuación publicamos la carta y la sentencia remitidas por Fátima Martín Montesdeoca a la redacción de Periodista Digital.
«Me llamo Fátima Martín Montesdeoca y hace ocho meses fui despedida tras ocho años de trabajo como redactora en la Delegación de Las Palmas de una manera que culminó con una sentencia cuyo fallo, además de reconocer que hubo despido improcedente, concluyó con una multa por temeridad de 600 euros a la empresa (el máximo previsto) por «burla» a la trabajadora, «mala intención» y actitud «torticera», un hecho sin precedentes que enfureció a la Dirección.
Ante la intervención de los sindicatos para que me readmitieran en vez de indemnizarme con más de 40.000 euros de las arcas públicas, puesto que mi solvencia estaba fuera de toda duda y el problema se produjo por un intento de traslado irregular en el que perdía los derechos adquiridos, el actual jefe de personal respondió que «mientras estuviera» él, yo no entraría en la Agencia Efe, y reconoció que tras la sentencia se lo tomaba como un «asunto personal», pues yo no admití las soluciones que se me ofrecieron, ninguna ajustada a mis derechos y algunas abusivas.
Al parecer la Agencia Efe puede ser vehículo de reivindicaciones, manifestaciones y de consejos para que las irregularidades sean puestas en manos de la Justicia, pero se trata de un derecho al que los redactores de la Agencia Efe debemos renunciar para no destapar la caja de los truenos en la Dirección.
Además, en la página interna, la Dirección emitió un comunicado dirigido a los más de mil compañeros redactores de la Agencia en todo el mundo en la que se hacía una interpretación igual de «torticera» de lo sucedido, sin que yo haya podido manifestar mi versión.
Según ese comunicado, la Dirección explica que en todo momento actuó con buena intención y por eso precisamente fue multada. Que puesto que mi último contrato, firmado hace seis años, estaba vinculado al convenio con el Gobierno canario, y este se había perdido, yo terminaba asimismo mi contrato. Que aunque dicho convenio acabó en marzo me mantuvieron hasta septiembre con la fe de que se renovaría una vez más y cuando no fue así, me lo comunicaron y me ofrecieron otro contrato, en Madrid o Tenerife, que yo rechacé. Que por todo ello, en adelante todos los contratos serían rescindidos en el momento, puesto que mi principal argumento había sido que seguí trabajando tras el término de dicho convenio.
Pero en la sentencia constan hasta 4 argumentos, y ese ni siquiera es el principal, y no mencionan que mi labor no tenía nada que ver con cubrir noticias del Gobierno, sino de todo tipo, desde inmigración y cultura hasta sucesos, como el desgraciado accidente de Barajas, familiares, recepción de féretros y entierros, ni tampoco que hacía fines de semana y turnos como el resto de compañeros (lo que no tendría que hacer si sólo cubriera informacón institucional), ni que sustituí al delegado dos veranos, algo que no sólo abarca todas las áreas informativas, sino una responsabilidad que por sí misma ya es argumento suficiente ante la Justicia.
Tampoco menciona dicho escrito que los representantes legales de la empresa intentaron mentir ante el juez manteniendo hasta el límite que el convenio del Gobierno canario terminó en septiembre, fecha propuesta para mi traslado, y no en marzo, cosa que tuvieron que aceptar porque de lo contrario había que suspender el juicio hasta la recepción de la prueba documental. Todo ello fue presenciado por un representante sindical que acudió al juicio.
Puesto que no tuve acceso a la intranet para exponer mi versión de los hechos, se los detallo a continuación:
A mediados de septiembre, estando fuera de la isla por vacaciones, el jefe de Personal me informó del «término» de mi contrato y de la intención de la Dirección de no prescindir de mi, sino de comunicarme en los siguientes días el lugar donde tendría que seguir trabajando bajo un nuevo contrato.
El último viernes del mes, y con la impotencia de estar aún fuera, me informaron de que el miércoles siguiente debía firmar un nuevo contrato en Madrid, lo que haría que perdiera mi antigüedad.
Yo llegaba a Gran Canaria el domingo y tenía dos días para mudarme, alquilar mi casa y buscar una nueva en dos días, pues el nuevo jefe de Personal me advirtió que no tenía los días previstos por mudanza, ni mucho menos las ayudas para avión y estancia previstas en el convenio colectivo, porque no se trataba de un «traslado», que es lo que después de ocho años y con el compromiso de pasar a plantilla adquirido con los sindicatos me correspondía, sino un «nuevo contrato».
Asimismo, me explicó que seguía sin poder ser indefinida, aunque para mi tranquilidad trataría de hacer constar su intención de pasarme a plantilla, aunque sería un compromiso confidencial por problemas internos, dado que en ese momento las relaciones con los sindicatos estaban rotas. Además mencionó que no podía ser fija en el nuevo puesto, en Efe Televisión, porque cualquier trabajador podría alegar que tenía mayor experiencia que yo este servicio, lo que hizo que para mí ya fuera imposible contener mi intranquilidad.
Reconoció que los sindicatos no le pondrían problemas si me hacía fija en Las Palmas, pero negó esta opción porque, tras perder el convenio con el Gobierno canario, aseguró que ahora sobraba gente, a pesar de que la falta de personal hizo que el delegado no pudiera coger sus vacaciones de verano hasta Navidad y pidiera una becaria, aunque la Fundación Efe le respondió que éstas no están para cubrir vacantes.
Ante este panorama, nada más llegar a Las Palmas acudí al Gobierno canario porque dudaba que el convenio se acabara ese mismo mes, como insistían una y otra vez, y efectivamente el viceconsejero de Presidencia me hizo saber que había acabado en marzo, lo que rápidamente comuniqué al jefe de personal por si se encontraba en un error cuando aseguraba que acababa el 30 de septiembre, pero me instó a que me informara mejor (qué osadía, un profesional que por primera vez trabaja en una empresa periodística a una periodista, que por supuesto había acudido a LA fuente).
Ante tanto inconveniente, error o engaño, y puesto que apenas tenía un día para mudarme a Madrid, firmar el nuevo contrato el día 1 y empezar el 2 sin haber buscado casa, corriendo con todos los gastos de avión, vivienda y hotel, y con la angustia de saber que, aparte de perder un 25% de mi salario, a los 20 días del nuevo contrato perdería todos mis derechos, decidí rechazar la propuesta y poner mi situación en manos de la Justicia.
El jefe de personal intentó una nueva salida a la situación y me ofreció cubrir una maternidad en Tenerife como paso previo a la mudanza a Madrid, pues creía que el problema de mi rechazo fue la urgencia con la que se me planteó el cambio de residencia, sin pensar que, al ser islas distintas, ello implicaba no una, sino dos mudanzas.
Asimismo, tras reconocer que yo ganaría el juicio, me advirtió de que sería trasladada por la fuerza nada más reincorporarse o sería indemnizada con 20 días por año trabajado (cuando el convenio colectivo contempla 30, así que nuevo intento de engaño).
Puesto que Efe sabía que iba a perder, le planteé que era absurdo continuar con el juicio mientras acumulaba salarios sin trabajar, y ya que me iban a trasladar cuando me incorporara, más o menos cuando el convenio con el Gobierno volvería a salir a concurso -insistente referencia de la empresa para querer cambiarme de centro-, me pareció que ambas partes podíamos ganar con un nuevo planteamiento.
Le propuse que se reconociera mi fijeza en Las Palmas y cubrir la baja por maternidad de Tenerife bajo la figura de traslado por servicio determinado y, tras ello, volver a valorar la situación: si se recuperaba el convenio, seguiría en Las Palmas, si no, se aplicaría el susodicho traslado forzoso.
Ambos quedamos conformes, pues yo asumía los costes de mi estancia en Tenerife, pero pasaba a plantilla en Las Palmas, y la empresa por su parte no malgastaba seis meses de salarios de tramitación, y tampoco perdía su prerrogativa de aplicarme un traslado forzoso si persistía en su empeño.
Sin embargo, minutos después, me telefoneó para decirme que la Dirección no aceptaba el acuerdo y que las ofertas quedaban nuevamente reducidas a la plaza en Madrid, esta vez indefinida pero sin contemplar el resto de los derechos, la maternidad en Tenerife o una indemnización de 20 días anuales.
El respeto a mi entrada en plantilla en Las Palmas tras ocho años no lo contemplaba bajo ningún concepto y el respeto a valorar si personalmente yo deseaba o no cambiar mi residencia de Las Palmas a Madrid, si tenía hipoteca o no, o cualquier otra circunstancia, tampoco.
Si soy tan «buena» periodista que me quieren mantener en sus filas, o necesitan a alguien «potente» en televisión, como llegaron a decirme, no me regalen el oído con 39 años, respeten mis derechos.
Yo nunca pedí más de lo que me correspondía, sino lo que por ley me pertenecía, y ellos siempre que hablaron conmigo fue para rebañar mis derechos.
Dadas las pruebas testificales y documentales de que mi trabajo nunca estuvo vinculado al Gobierno -informaciones de todo tipo, fotos en helicóptero militar, acreditaciones del carnaval…y así hasta 200 folios de pruebas-, un nuevo contrato en Madrid o Tenerife acreditaba, según la sentencia, una «actitud completamente torticera», “mala intención” y “burla” de Efe hacia su trabajadora.
En cualquier caso, les adjunto la sentencia, que no deja lugar a dudas.
La empresa ha recurrido la parte referente a la multa porque los ofrecimientos se produjeron en conciliación previa, parte del procedimiento que el juez no tiene que valorar y en la que la empresa es libre de ofrecer lo que quiera, argumenta el recurso.
Quería agregar que cuando le pedí al jefe de personal que respetara el convenio colectivo me dijo que Efe no tenía dinero para eso y que no era una ONG, momento en el que le tenía que haber pedido que no me tratara entonces como una misionera, algo que me gustaría ser, pero para una ONG, no para una empresa potente con un presupuesto millonario.
En cualquier caso, ahora que han optado por pagarme más 60.000 euros, entre una cosa y la otra, me queda claro que Efe no es una ONG, de lo contrario no dispondría de ese dineral para zanjar un asunto que se han tomado como «personal» por haber denunciado.
Hasta aquí lo referente a mi caso, pero además me gustaría agregar, a colación del artículo de la corresponsal de Cáceres, que en Las Palmas está en marcha otro procedimiento judicial porque, igual que le ha pasado a ella, un compañero de Deportes, que enviaba tantas informaciones desde la «subdelegación» de su casa como algunos desde la Delegación, ha sido igualmente apartado de sus funciones tras ocho años. Al parecer las causas por estas prácticas empiezan a encadenarse.
Les felicito por el acertado titular «Mejor meretriz que corresponsal de Efe», pues son precisamente los corresponsales que más noticias producen al mes los primeros que Efe se está quitando de en medio, pues son los que más posibilidades tienen de demostrar una relación laboral ante la Justicia.
Asimismo, al conocerse mi caso recibí un escrito de un compañero de Colombia absolutamente desesperado por las condiciones y presiones que recibió en su trabajo, aún más desamparado por la lejanía. Finalmente, me explicó, dejó su puesto de trabajo por desesperación.
Por todo ello, animo a quien se encuentre en una situación irregular a denunciar ante la Justicia, es la mejor manera de que se respeten los derechos de los trabadores, más en esta profesión tan denostada últimamente, y de que la acumulación de casos abra los ojos a quien corresponda de la desastrosa gestión de la actual Dirección de la Agencia Efe, que prefiere malgastar 40.000 euros a admitir sus errores, o más de 80.000 en el caso de otra redactora de Reportajes hace dos años, o 3.000 a un compañero fotógrafo por vulnerar sus derechos sindicales hace apenas unos meses.
Quisiera concluir con un fuerte reconocimiento a mis compañeros, tanto de Canarias como de Madrid y de otros puntos, por el apoyo y respaldo que me ofrecieron en todo momento, y agradecer los escritos internos de los sindicatos criticando la actitud de la Dirección en mi caso y en el de otros compañeros».
