Ana Avellano y Luis Balcarce (PD).- “No podemos agarrarnos siempre a lo mismo para no hacer”. La izquierda biempensante machaca con “no legislar en caliente” mientras los asesinos se van de rositas. El Secretario General de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, ve necesario un cambio urgente en la actual Ley del Menor que muchos países europeos ya han realizado.
¿Cómo se entiende que una menor no sea responsable penalmente pero sí se le permita abortar sin el consentimiento de los padres?
Es un contrasentido que el legislador establezca que no tiene una capacidad de madurez suficiente para ser responsable penalmente de sus actos pero que tenga la madurez necesaria para la interrupción del embarazo por su cuenta.
De forma particular (y como padre) me gustaría que estableciesen un equilibrio entre las responsabilidades de los adultos y la realidad social. No es de sentido común establecer que un niño de 16 años sea capaz de cometer una barbaridad y que se le trate como a un infante y que a su vez tenga plena capacidad de tomar una decisión tan rotunda como es la interrupción de un embarazo.
Cierto sector de la Policía ha pedido este lunes que los menores de 13 años sean imputables si cometen un delito como una violación, en referencia al caso de los siete menores que han violado a una niña en Isla Cristina (Huelva). ¿Qué es lo que hay que modificar con urgencia?
Lo primero que habría que hacer es ver las estadísticas, observar los delitos más graves que se generan y a partir de qué edad empieza a ser grave. Este dato hace que se pueda evaluar la edad recomendable de la normativa penal en su vertiente de adultos o menores. Se está hablando ahora de la inconveniencia de los 13 años que no deja de ser un dato orientativo en estos momentos. Si las estadísticas marcan que a partir de los 11 o 12 años hay actividad criminal pues deberíamos tomarlo como referente. En cualquier caso hay que hacerlo desde el rigor de la estadística que nos marcan las fechas a fijar.
Dos violaciones a menores en menos de una semana cuando todavía la sociedad está asimilando el caso Marta del Castillo. ¿Qué está cambiando en la sociedad para que se repitan estos delitos?
Sociólogos y educadores coinciden en que en la juventud actual existe una importante carencia de valores y de las figuras de autoridad e inciden que no sean conscientes del daño o mal que causan en determinadas actividades.
Tenemos que rechazar el dogma que establece este Gobierno (y el anterior) de que no hay que legislar en caliente. No podemos agarrarnos siempre a lo mismo para no hacer. Estos hechos vienen sucediendo sistemáticamente y lo tenemos presente. También tenemos que tener de referencia en esta sociedad globalizada el espectro de los países de nuestro entorno sobre todo en la UE. En la UE hay un gran abanico de posibilidades mucho menos acomplejado que el modelo español. Hay países en donde la edad penal va desde 8 hasta los 12 años. Y lo bueno que tiene la ley es que se puede graduar. En los hechos con mayor dramatismo se puede establecer en función del escenario. No es lo mismo que un chico robe un CD y se le aplique todo el código penal que ante hechos delictivos más graves que sí que se debería de tener en cuenta.
La Ley actual ya contempla a los menores de 14 años pero no se suele aplicar. Por lo tanto tener una ley que no se aplica es tener una ley inservible.
¿En España un menor tiene carta blanca para cometer todo tipo de atropello?
Los menores de 14 años son imputables. Puede haber una edad fisiológica desde los 12 a los 14 años donde el niño va adquiriendo una madurez que hay que tener muy presente (física e intelectual) y no se le puede tratar como a un bebé. En lo que respecta desde los 12 a 14 años habría que matizar la norma en función del escenario criminal que se encuentre. Una ley que no es aplicable porque ha cambiado el panorama social también es inservible. El legislador y el Parlamento deben de ser más ágil y dinámico para adecuar las normas penales a la realidad criminal.
¿Cómo puede ser que estas personas no tengan responsabilidad penal y sean internados en centros educativos? ¿Qué consecuencias trae esto?
Hay que diferenciar tres tramos: hasta los 14 años que no tienen responsabilidad penal, de los 14 a los 18 años donde se busca una reinserción social y a partir de los 18 años, con la crudeza de los adultos.
El problema es que para aplicar la Ley no hay recursos suficientes, por lo que no existe. Y al no ser aplicable no se establece una experiencia previa que nos capacite para saber la utilidad o no de estas medidas.
Nuestra opinión está basada en la experiencia policial. Según los sociólogos hay cierta impunidad en los menores al saber que no tienen castigo.
¿Muchos jóvenes que se están aprovechando de esta circunstancia para convertirse en auténticos delincuentes?
No se puede generalizar ni criminalizar a los jóvenes españoles. Es cierto que hay una actividad criminal que empieza a ser preocupante porque las estadísticas de abusos sexuales a menores (y en pandilla) empiezan a ser relevantes. Y deben tener reflejo en la Ley.
Nosotros policialmente vemos que hay que adecuar la Ley del Menor a la realidad.
