Época sigue sin noticias de la Fiscalía por el caso de De la Vega

Época sigue sin noticias de la Fiscalía por el caso de De la Vega

(PD).- Han pasado ya 15 días desde que se diera a conocer que la Fiscalía denunciaba a Carlos Dávila y Maite Alfageme por la información que publicó la revista Época sobre el polémico voto de De la Vega en la localidad valenciana de Beneixida.

Un teletipo de la agencia gubernamental Efe daba la noticia de la denuncia el miércoles día 8, pero los destinatarios de la acción judicial emprendida por la Fiscalía de Madrid no ha recibido ningún escrito que acredite la decisión de la fiscal. Ni siquiera por gentileza o educación, Ana Isabel García León ha enviado nada, pese a que se comprometió a hacerlo con los afectados.

El texto del teletipo es éste: «La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia por calumnias contra el director y la subdirectora de la revista ‘Época’ por haber publicado que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había incurrido en un delito electoral en los comicios generales de 2008.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la denuncia ha sido presentada ante el Juzgado de Instrucción número 29 de la capital por calumnias y subsidiariamente por un delito de injurias graves.

La denuncia va dirigida contra el director de ‘Época’, Carlos Dávila, y contra la subdirectora de la revista, Maite Alfageme, por las informaciones aparecidas en esta publicación y en el diario digital ‘lanación.es’.

Según la revista, el Ayuntamiento de la localidad valenciana de Beneixida, donde votó De la Vega en las elecciones generales de marzo de 2008, comunicó en su día a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Valencia que la vicepresidenta no fue incorporada al censo hasta el 11 de febrero de 2008.

El pasado 20 de marzo, De la Vega dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trataba de una información «falsa, tal y como ya ha sido desmentida», en alusión a un comunicado de la Oficina del Censo Electoral (OCE), que aseguraba que la incorporación de la vicepresidenta al censo se había hecho de forma correcta.»

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