Hay medidas que urgen más que otras y Pedrojota Ramírez lo tiene claro. Cuenta El Mundo que el segundo Consejo de Gobierno tras las vacaciones de verano, el primero tras el que compareció públicamente el presidente andaluz, José Antonio Griñán, sirvió ayer, entre otras cosas, para que la Junta saliese al rescate del Grupo Prisa y sus problemas económicos.
El Gobierno andaluz consumó la operación que la Junta venía preparando desde la pasada primavera y que permitirá a Prisa renunciar a la licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) que tenía concedida en Andalucía recuperando los 900.000 euros de que tuvo que depositar en su día como garantía de dicha licencia otorgada. Todo ello, atendiendo a razones de supuesto «interés público».
En concreto, el Consejo de Gobierno ha acordado la resolución «por mutuo acuerdo» del contrato de concesión para la explotación del servicio público de TDT de ámbito autonómico adjudicado el 13 de marzo de 2007 a la empresa Comunicación Radiofónica (Corasa), una filial del Grupo Prisa.
Significativo fue el silencio que mantuvo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre la aprobación de esta medida, que no mencionó en absoluto a lo largo de su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno y que sólo se conoció, ya finalizada su rueda de prensa, una vez que la Oficina del Portavoz difundió la referencia escrita de los acuerdos adoptados en la reunión del Ejecutivo.
En una nota, el Gobierno andaluz explicó que la medida se adoptaba tras haber presentado Corasa, en abril pasado, una solicitud para renunciar a su licencia de TDT «ante lo gravoso que le supone asumir el canal autonómico, una vez analizado el futuro escenario audiovisual que se ha ido configurando en España con posterioridad a la concesión».
Según la Junta, la resolución del contrato «cumple los dos requisitos fijados por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: que la empresa concesionaria esté al corriente de sus obligaciones y que existan razones de interés público».
Cuestionable legalidad
El problema es que para fundamentar esas «razones de interés público», la Junta esgrime un argumento de cuestionable legalidad. Según la Administración andaluza, se ha tenido en cuenta un escrito presentado en marzo pasado –curiosamente, apenas tres semanas antes de la petición oficial cursada por Prisa– por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en la que ésta solicitaba disponer de mayor capacidad de espacio radioeléctrico para nuevos programas y servicios públicos electrónicos y para poder implantar la televisión en alta definición.
Esa petición choca, sin embargo, con el decreto-ley que aprobó el Gobierno de la Nación en febrero pasado sobre medidas urgentes en materia de telecomunicaciones y que establece que «en el ámbito de cobertura autonómico y local, las comunidades autónomas no podrán adjudicar a los prestadores de titularidad pública más del 50% del espacio radioeléctrico disponible para el servicio de televisión en el ámbito autonómico correspondiente con el Plan Técnico Nacional».
De espaldas a esta regulación, la Junta ha encontrado en esta petición de Canal Sur la coartada para atribuir «razones de interés público» a la renuncia de Prisa a su licencia de TDT. Con ese argumento, le exime de perder sus 900.000 euros de depósito, cosa que no ocurrió con otros empresarios audiovisuales que, obligados también a renunciar a sus licencias, no han podido recuperar su dinero depositado.
