¡Visto para sentencia! El juicio a los golpistas del 1 de octubre de 2017 en el Tribunal Supremo ha finalizado y sólo queda conocer, para el mes de octubre de 2019, cuál será el número de años que les caerá a esa caterva de políticos catalanes que tuvieron mando en plaza para forzar hasta el extremo la ruptura con el resto de España. Este 13 de junio de 2019 los editoriales y tribunas de opinión de la prensa de papel alaban el papel del juez Marchena y el ridículo al que han llegado letrados como el que ha defendido a Oriol Junqueras:
Raúl del Pozo, en El Mundo, cuenta como el abogado de Oriol Junqueras, según le cuenta un ilustre jurista, es un bufón de marca mayor:
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, en su alegato final rechaza el delito de rebelión y explica que se está confundiendo con desobediencia y que la investigación se ha hecho con sesgo y exageración. A pesar de que se sienten agraviados con el juicio las defensas ponen el acento en la mano tendida. “Le tenemos que devolver la pelota a la política”. ¿La pelota a la política? ¿La mano tendida? Pero si en el juicio los abogados defensores se han alejado de la dogmática penal y han hecho alegatos políticos intentando borrar la clarísima rebelión. Me explica un ilustre jurista: “Andreu Van den Eynde es un payaso, hizo una defensa puramente política. Xavier Melero, sí es un buen penalista. De los fiscales, Fidel Cadenas, el mejor. Y por encima de todos alguien que no estaba en el juicio, Enrique Gimbernat, uno de los mejores penalistas de Europa, que se reafirma en el delito de rebelión”.
El editorial de El Mundo se felicita por la prevalencia de la ley en el juicio a los golpistas:
En vísperas del 1 de octubre de 2017, en esta misma página escribimos que la ley prevalecería frente a sus enemigos. Casi dos años después, nuestra confianza en la vigencia del Estado de derecho ha sido premiada gracias a la labor de distintos fiscales y magistrados. Especial mención merece el juez Marchena, que ha conducido el proceso con una combinación admirable de paciencia y autoridad, así como la Fiscalía, que desde José Manuel Maza hasta Javier Zaragoza nunca dudó de que se enfrentaba a un golpe de Estado. No cabe decir lo mismo de la Abogacía del Estado, que tras la purga de Edmundo Bal se ha comportado como el brazo político del Gobierno para buscar la complacencia del independentismo.
El diario ABC confía en una resolución favorable a los intereses de la defensa de España:
¿Quisieron derogar la Constitución en Cataluña y separar esta Comunidad de España? Esta es la primera pregunta clave que debe resolver el tribunal cuando valore la prueba. Porque si la respuesta es afirmativa, la finalidad del delito de rebelión ya está acreditada, y faltará juzgar si hubo alzamiento público y violento. En el escenario ideal que se imaginaron los defensores aparecía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un libertador de los acusados. Este tribunal los despertó del sueño con una sentencia esencial para entender que la prioridad principal de un Estado es hacer respetar la legalidad constitucional y el orden público. Por eso, cuando los jueces europeos avalaron la suspensión de un pleno del Parlament por el TC, dieron un mensaje claro: no existe democracia sin respeto a la ley. A un juicio inédito le seguirá una sentencia inédita, que la sociedad puede aguardar con tranquilidad porque está en manos de un tribunal que, resuelva como resuelva, es garantía de imparcialidad.
Luis Ventoso coincide con el golpista Jordi Sánchez en el hecho de que desea que se haga justicia, aunque está claro que el columnista anhela, como la gran mayoría de los españoles, que a estos separatistas les caigan muchos años de estar en el presidio:
Estoy muy de acuerdo con la frase final del –sensiblero– alegato de Jordi Sànchez: “Confío en que la justicia llegue”. Yo también. Como un simple ciudadano español confío en que les caigan un porrón de años de cárcel a aquellos que desde sus posiciones de poder en un Gobierno autonómico armaron una revuelta organizada para destruir mi país (que por ahora, y me temo que por muchísimo más tiempo del que creen, es también el suyo). Al igual que el poético Jordi Sànchez, confío en que haya justicia.
Ignacio Camacho hace un elogio encendido del juez Marchena:
Este verano debería haber en las playas camisetas con el rostro o las frases del juez Marchena. Y si los ayuntamientos tuvieran sentido de la civilidad y de la trascendencia histórica, en un futuro le dedicarán calles como dice el analista Ignacio Varela. Porque ha devuelto a una mayoría de españoles la confianza en una Justicia ejercida con temple, limpieza, claridad de criterio e independencia. Porque frente al ruido del conflicto separatista ha conseguido encarnar –como sólo el Rey lo logró en el instante crítico de la revuelta– la autoridad del Estado desde una jerarquía moral e intelectual terminante y serena. Porque ha dirigido el juicio más importante de la democracia con ecuanimidad, aplomo y mano izquierda. Porque en cada sesión ha impartido lecciones de derecho procesal cargadas de elegancia y de paciencia. Porque ha impedido que abogados, testigos y acusados convirtieran la sala del Supremo en el escenario de una verbena.
La Razón valora que en el juicio a los golpistas no haya prevalecido el victimismo de los golpistas sino la realidad de los hechos:
El pasado 12 de febrero se inició el juicio por los hechos acaecidos en septiembre y octubre de 2017 y que culminaron con la declaración unilateral de independencia de Cataluña. En total, ciento treinta días ha durado la vista oral y, por encima de la sentencia final, que previsiblemente será después del verano, se puede extraer una primera conclusión: ha sido un verdadera lección de cultura democrática. Por las garantías procesales respetadas al detalle por un tribunal magistralmente presidido por Manuel Marchena, por el engranaje legal sobre el que se sostiene un estado de Derecho y por la demostración de que una democracia se defiende con la Ley. Hay algo más: queda patentemente demostrado que las buenas intenciones de los procesados –todo lo hicieron en cumplimiento de la voluntad del pueblo catalán, siguen argumentando– de nada sirven si se vulnera la ley y se hace, además, gravemente derogando de un plumazo la Constitución y el Estado de Autonomía que de ella emana. La verdad de los hechos ha prevalecido sobre un relato victimista.
