Para unos corto, para otro excesivo y sobre todo unánime. Y aunque para alegría del socialista Pedro Sánchez, que no descarta tener que ponerse otra vez a cambalachear con los independentistas catalanes tal como se están poniendo las cosas de cara a las elecciones generales, no serán condenados por rebelión, las penas que les caen encima son severas.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha alcanzado un acuerdo unánime para condenar por sedición, y no por rebelión en ninguna de sus formas, a los líderes del ‘procés’ que han sido juzgados por los hechos ocurridos en el otoño de 2017 y que desembocaron en la proclamación de la independencia unilateral de Cataluña.
La condena por sedición afectará a todos los acusados por este delito: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquin Forn, Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los lideres de ANC y Ómnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Los otros tres acusados -los exconsejeros Santiago Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó- serán condenados a penas de inhabilitación y multa solo por desobediencia, dada su intervención en la celebración del referéndum del 1-O pese a haber sido prohibido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Tal y como informan este 12 de octubre de 2019, día de la Hispanidad, varios medios, el Supremo ha optado por condenar a los golpistas por un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional.
La Sala Penal del Tribunal Supremo va a condenar a los líderes del ‘procés’ por un delito de sedición y no de rebelión, según ha podido confirmar ABC. Lo hará por unanimidad, y tras valorar que que si bien hubo violencia en momentos puntuales durante el otoño caliente de 2017, esta no tuvo la suficiente entidad como para poder condenar por rebelión.
La sentencia incluye también una condena por malversación para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros que están presos. No así para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que serán condenados solo por desobediencia y no malversación.
La Fiscalía siempre defendió la rebelión; la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, apostó por la sedición; y las defensas argumentaron la mera desobediencia.
La diferencia entre la rebelión y la sedición es que la primera implica un ataque al orden constitucional e implicaba más años de cárcel y la segunda, la sedición, se refiere a un ataque contra el orden público y, por tanto, conllevaba menos tiempo entre rejas.
LA PETICIÓN DE PENAS GOLPISTA A GOLPISTA
Si al final el criterio que se impone, según las informaciones, es el de la Abogacía del Estado, las penas para los golpistas van a resultar una auténtica filfa, un chollo para quienes intentaron romper España.
Así las cosas, los líderes del golpismo catalán no tendrán que cumplir más de una década entre rejas (y si es que llegan a cumplirla en su integridad)
- Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, (en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017) se enfrenta a 25 años de cárcel por un delito de rebelión con distracción de caudales públicos según la petición de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel por sedición y malversación de caudales públicos y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.
- Carme Forcadell, expresidenta del Parlament (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) afornta 17 años a la cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita 10 años para ella por sedición y Vox 62 años por rebelión y organización criminal.
- Para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidente de ANC y presidente de Òmnium Cultural, respectivamente (en prisión desde el 16 de octubre de 2017), la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel por sedición y Vox, también 62 años por rebelión y organización criminal.
- Para el exconsejero de Interior Joaquim Forn (en prisión desde el 2 de noviembre de 2017), la Fiscalía propone 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos, mientras que la Abogacía del Estado quiere 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.
- Josep Rull, exconsejero de Territorio (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrente al igual que su compañero a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos a solicitud de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, solicita 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.
- A iguales penas se enfrenta el exconsejero de Presidencia y Portavoz de la Generalitat Jordi Turull (en prisión desde el 23 de marzo de 2018). La Fiscalia le pide 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos. La Abogacía del Estado, 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox,74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.
- Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que pide la Fiscalía. La Abogacía del Estado propone para él 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox vuelve a pedir 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.
- Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) tiene que hacer frente a los 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que le pide el ministerio público. La Abogacía del Estado pide para ella 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox reclama 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.
- El exconsejero de Justicia Carles Mundo (en libertad provisional) podría ser condenado a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia, como pide la Fiscalía y la Abogacía del Estado o a 24 años de cárcel que solicita Vox por malversación, desobediencia y organización criminal.
- Para la exconsjera de Gobernación Meritxell Borràs (en libertad provisional) la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 7 años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia y Vox quiere 24 años de cárcel por malversación, desobediencia y organización criminal.
- Santiago Vila, exconsejero de Empresa (en libertad provisional), se enfrenta también a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia a petición de la Fiscalía y al Abogacía del Estado, mientras que Vox no solicita pena de prisión al acusarle tan sólo de desobediencia.
