'ESCOLTAGATE'

El ‘escoltagate’ acorrala a Podemos: un alto cargo manipuló documentos oficiales para ocultar la explotación laboral de sus escoltas

El 'escoltagate' acorrala a Podemos: un alto cargo manipuló documentos oficiales para ocultar la explotación laboral de sus escoltas

Unos nuevos documentos sobre el ‘escoltagate’ dejan el crédito de Podemos, que ya rodaba por los suelos, hecho un desastre. Son dos informes que demuestran cómo la formación contrató ilegalmente a sus escoltas, los adscribió al Área de Transporte y Logística como chóferes y lo hizo a sabiendas de que algunos de ellos carecían de la titulación obligatoria para el puesto.

Con la intención de ocultar dichas irregularidades laborales, el partido liderado por  manipuló un documento oficial -el análisis de riesgos penales- en contra del criterio del equipo jurídico.

Según informa María Jamardo en OKdiario, las miradas apuntan a el responsable de cumplimiento normativo de Podemos en 2017, Raúl Carballedo.  Éste confeccionó un informe, al que ha tenido acceso en exclusiva Okdiario, en el que se detallaba el organigrama de la formación y los puestos y funciones desarrollados por cada uno de sus miembros.

Tras la advertencia del Área Legal de Podemos sobre la gravedad de reconocer que los trabajadores contratados para conducir los vehículos de los entonces portavoces, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, desempeñaban funciones propias de un puesto para el que no habían sido incorporados –“acompañamiento, defensa y seguridad de personas»– Carballedo eliminaba, en una segunda versión del documento, dicha referencia.

Sergio Illanes, director de Seguridad, advirtió a la cúpula de Podemos de la situación irregular de sus chóferes-escoltas, entre los que se encontraba la trabajadora a la que Irene Montero convirtió en recadera y que ahora demanda a la formación morada por despido improcedente y “trato discriminatorio”.

Le preocupaban las elevadas sanciones administrativas a las que se enfrentaría el partido de no regularizar la situación laboral de dichos profesionales y las consecuencias penales -incluido un posible delito de intrusismo– a las que se enfrentaban tanto la formación como los propios trabajadores afectados. Pero ‘Los Ceascescu’ de Galapagar no hicieron caso a sus advertencias.

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