A la hora de la verdad, el vicepresidente de Sánchez resulta más simple que el mecanismo de un chupete, como acaba de dejar patente con ese burofax

No es Pablo Iglesias quien nos quita el sueño, sino Marlaska, Campos, Calvo, Robles…

Alguien como Marlaska, Campos o Robles, que han sido jueces y tiene sólida formación jurídica, debería saber que, en un Estado de Derecho, la Policía sólo puede prohibir lo que está prohibido por ley

No es Pablo Iglesias quien nos quita el sueño, sino Marlaska, Campos, Calvo, Robles...
Pablo Iglesias, Marlaska, Calvo, Campo y Robles. PD

Como le pasa ahora a Pedro Sánchez, a mi no es Pablo Iglesias quien me quita el sueño.

El ahora vicepresidente del Gobierno PSOE-Podemos es transparente.

A la hora de la verdad, Iglesias resulta más simple que el mecanismo de un chupete, como acaba de dejar patente con ese burofax, firmado de puño y letra, que nos llegó este 16 de abril de 2020 a la redacción de Periodista Digital.

La jugada es tan torpe, chusca y elemental, que hasta me puedo imaginar cómo se gestó.

Cuando el pasado 4 de abril, a la vista del run-run que había en redes sociales y recogiendo las maledicencias que corrían por WhatsApp, sobre un supuesto affaire entre el líder de Podemos y la bella hija de Jorge Verstrynge, publicamos el artículo titulado ‘El rumor del divorcio de Iglesias y Montero, con amante incluida, agita la cuarentena de Podemos’, le debieron dar la pulpo.

Probablemente por teléfono, porque estaba confinada con coronavirus en la mansión de Galapagar, Irene Montero le tuvo que poner la cabeza como un bombo.

  • – “¿Tu has visto lo que escribe Alfonso Ussía en Twitter?”
  • – “Si cariño, pero no es verdad”
  • – “¡Cómo que no es verdad, si está por todos lados!”
  • – “Te lo juro, mi vida, no es cierto… esto han sido esos fachosos de Periodista Digital…”
  • – “Pues si no es cierto, ponles una demanda…”
  • – “No merece la pena…”
  • – “¡Cómo que no! ¡Ahora mismo!”.

Y agobiado por la presión de la parienta, el bueno de Iglesias no debió tener otra ocurrencia que buscarse un formulario en Google y remitirnos un burofax, fechado en la sierra madrileña, en el que nos pide que insertemos textualmente un texto diciendo que no es verdad que le ponga los cuernos a Irene con la bella Lilith Verstrynge, recientemente contratada como asesora en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.

Pablo Iglesias no engaña a nadie. Lleva siete años soltando la misma cantinela y lo único que ha cambiado es que ahora está en el Gobierno de España y antes andaba dando saltos para que lo invitasen a alguna televisión.

En enero de 2014, cuando el socialista Antonio Miguel Carmona, por aquel entonces diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y profesor de Economía en la Universidad Complutense, me pasó la fotocopia en la que aparecía por primera vez que la Fundación CEPS, en la que se acomodaban Iglesias, Monedero y otros de la banda, cobraba cientos de miles de dólares de regímenes como el chavista de Venezuela o el bolivariano de Ecuador, y la publicamos, el de la coleta hasta manifestó interés en venir a Periodista Digital y que lo entrevistásemos al respecto.

En el vídeo que abre esta nota va algún fragmento de aquella entrevista, en la que Iglesias -como hizo después en otros foros-, no se recata un pelo a la hora de justificar que el dinero del petróleo de Chávez o los fondos de los ayatolás iraníes les venían estupendamente, ‘porque la política es así’ y no iban a ser ‘los únicos imbéciles’ que no aprovecharan las circunstancias.

Está la hemeroteca repleta de sus opiniones sobre el periodismo y nunca ocultó que le interesa mucho más controlar la televisión pública que el Ministerio de Trabajo y que los medios privados son un peligro, que habría que extirpar.

Es tan evidente, explícito y caricaturesco el tipo, que no debería pillar a nadie por sorpresa.

Me preocupan mucho más otros personajes en la tragedia que ensombrece ahora España y que ha generado oficialmente 20.000 muertos.

Son los Fernando García-Marlaska, Juan Carlos Campo, José Luis Ábalos, Carmen Calvo y compañía, los que me quitan el sueño.

E incluyo en el paquete a personajes como Margarita Robles o Nadia Calviño, porque saben lo que se está fraguando a la sombra del ególatra Pedro Sánchez y no pestañean, como no lo hacen ni lo harán los presidentes autonómicos del PSOE, a los que sólo preocupa conservar el puesto.

Todos son responsables colegiadamente de que, aprovechando de manera miserable la excepcionalidad alimentada por la pandemia de coronavirus, se maniobre desde La Moncloa para recortar derechos, limitar la libertad de prensa, comprar con dinero público la fidelidad de las cadenas de televisión y perseguir periodistas.

No estamos en un ‘Estado Policíaco’ ni lo estaremos, pero se están haciendo cosas que vulneran la legalidad vigente y afectan de forma grave lo que es la vida en una democracia.

Y no estoy hablando de la forma en que se utiliza el CIS y de las preguntas de Tezanos, contra lo que ya han protestado la Asociación de la Prensa de Madrid y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

A lo que me refiero es a prácticas bolivarianas, más propias del Gran Hermano de Orwell que de un país como el nuestro.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño, ha aprobado una norma para autorizar el desarrollo de una aplicación para el teléfono móvil que permita a las autoridades sanitarias la geolocalización de todos los ciudadanos a los “efectos de verificar que se encuentran donde declaran estar”.

¿Pero qué es esto? ¿Con qué derecho puede el Gobierno socialcomunista implantarnos un ‘chip’ como si fuéramos perros?

Lo asombroso es que la opción de que Sánchez y compañía controlen los movimientos de los ciudadanos por la triangulación de la cobertura de los teléfonos móviles, la localización de su GPS e incluso por su bluetooth, no ha generado apenas protestas.

Lo mismo que ha ocurrido, cuando han lanzado la idea de confinar en recintos específicos a los que den positivo en el test, pero permanezcan asintomáticos, para impedir así que contagien a sus familiares.

¿Pero en nombre de qué van a recluirme en un hotel, un palacio de congresos o un polideportivo, si me contagio?

A mi o a cualquier otro ciudadano español.

Pero es que, bajando en la escala, nos encontramos con que se imponen multas y se empieza a dictar sentencias sin el mínimo respaldo legal.

Alguien como Marlaska, Campos o Robles, que han sido jueces y tiene sólida formación jurídica, debería saber que, en un Estado de Derecho, la Policía sólo puede prohibir lo que está prohibido por ley.

No hay una norma que te obligue a comprar el pan en la panadería de la esquina, pero se detiene y multa a cualquiera que vaya a hacerlo a otro barrio.

El real decreto de estado de alarma no impone un ‘confinamiento en tu piso‘ sino la «prohibición de circular por vías y espacios de uso público«.

Ni la azotea de tu edificio ni el jardín o la cancha de pádel de tu comunidad son espacios públicos.

Marlaska debería saber que, si no quieren que la gente pise las zonas comunes de su bloque de viviendas, lo razonable es que se hubiese prohibido el acceso a zonas de acceso privado de los comuneros.

No es algo grave, pero tampoco es irrelevante.

Me cuesta creer que tenga un pase la sentencia dictada contra el mamarracho, que se grabó un vídeo diciendo que se había desplazado desde Madrid hasta Torrevieja para contagiar el coronavirus, en la que se le fuerza a abandonar la localidad alicantina.

Los momentos de crisis, en los que la ciudadanía consciente baja la guardia, han sido desde los romanos un caldo de cultivo propicio para la adopción las medidas dictatoriales y el inepto Gobierno que tenemos suma a eso cierta proclividad.

La utilización de ‘bots’ y cuentas falsas, para difundir la idea de que las medidas del Ministerio de Sanidad tienen cientos de miles de simpatizantes en Internet, no sería algo grave, sino coincidiera con el cierre del Portal de Transparencia, el anuncio de que están investigando desde el Ministerio del Interior a los medios online o la preparación de demandas en masa contra periodistas y tuiteros desde la Fiscalía General del Estado.

Es bananero que el Gobierno Sánchez-Iglesias esté más dedicado a perseguir a los que revelamos sus pifias, bulos y chapuzas, que a poner coto y acabar con la letal epidemia de coronavirus.

Pretenden censurarnos y silenciar a los medios de comunicación que no les bailan el agua, para tapar los más de 20.000 de muertos por Covid-19 que su impericia e irresponsabilidad han contribuido a crear, pero no podrán.

Primero, porque la montaña de cadáveres va a ser enorme. Segundo, porque no nos vamos a dejar.

ALFONSO ROJO

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Alfonso Rojo

Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, abogado y periodista, trabajó como corresponsal de guerra durante más de tres décadas.

Lo más leído