Gerardo J. Moreu Serrano

Libertad y Derecho a la Verdad

Estamos hablando de derechos incluso superiores a los precitados como el derecho a la vida, a la integridad moral y personal, el derecho a la salud y el derecho a la dignidad de la persona

Libertad y Derecho a la Verdad

La Guardia Civil fue creada en 1844 por el duque de Ahumada y los gobernantes de entonces.

En los 10 primeros años de su existencia se produjeron trece gobiernos diferentes y alguno de ellos solo duro 19 horas. ¡ hay que ver qué tiempos aquellos! Parecidos a nuestros últimos cuatro años. Pese a este ambiente “gobernante” la Institución de la Guardia Civil consolidaba unas normas de comportamiento propias: honestidad, capacidad, eficacia y sacrificio.

Estas normas han hecho a la Institución superior incluso a los propios partidos políticos y a sus gobiernos en todos los tiempos. La lucha contra el delito, la protección a las personas pacíficas y honradas así como el mantenimiento del orden han conformado las misiones esenciales desde su creación. Lo que constituye el valor básico de este Cuerpo es que ha mantenido y mantiene hasta el día de hoy, lealtad inmutable a los principios que le dieron vida que son:

  • ·      el concepto del honor,
  • ·      el sentido de la disciplina,
  • ·      el cumplimiento del deber hasta la inmolación
  • ·      su estoicismo hasta en el infortunio,
  • ·      su sencillez,
  • ·      su valor humano hasta el infinito
  • ·      y su resignación con el dolor sereno ante sus mártires.

En los 176 años que es el tiempo desde la creación del Cuerpo hasta el día de hoy, lleva esta Institución sirviendo a los Pueblos de España, ha mantenido su divisa con abnegación y sacrificio, defendiendo a las personas pacíficas y honestas. Ha sido un comportamiento infalible. Su lucha inflexible continuada y con éxito contra el delito y el crimen le sitúa en los niveles más altos de servicio útil y fructífero para la Sociedad española.

En un espacio de tiempo tan dilatado ha sido compañera y participe de las convulsiones sufridas por las revoluciones y guerras que se produjeron y de las trágicas secuelas que tuvieron. En todo momento con esfuerzo, tenacidad y sacrificio ha mantenido la vigilia de su disciplina, la obediencia a sus mandos y la dignidad del deber cumplido.

Con la creación de la Guardia Civil los caminos empezaron a ser más seguros para  los viajeros que aquellos tiempos se desplazaban en coches con caballería.

Los caseríos, pueblos y ciudades se sintieron protegidas y los malhechores fueron perseguidos y neutralizados. Y consecuencia de todo ello, y de forma consecuente, las personas honestas y el pueblo pacífico siguen agradeciendo a la Guardia Civil la labor que realizaba y ha realizado en su protección y defensa. Toda España se siente agradecida a ellos y mantiene un sincero afecto por la Benemérita.

Afecto que sigue teniendo por la Institución el Pueblo Español, como se recoge en todas las encuestas:

«Las legislaturas fugaces y la banalización del debate parlamentario pasan factura. Los votantes suspenden -cada vez con peor nota- a los partidos políticos, al Congreso y al Senado. Mientras tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se convierten, junto al Ejército y la Monarquía, en las únicas instituciones que  logran  el   aprobado.

Así   se   desprende   del   último   sondeo   realizado  por SocioMétrica.

«El actual desprestigio de la política cobra una mayor envergadura debido al hartazgo ciudadano, que se incrementa cada enero. Justo lo contrario de lo que sucede con la Policía, la Guardia Civil o la Casa Real.

  • Los partidos ya se sitúan en el 0,3 -sobre 10-, aunque al inicio de 2017 ya cosechaban un 1,2.
  • El Congreso y el Senado están algo por encima, pero también se encuadran en el descalabro, lo que prueba la relación causa-consecuencia entre los políticos y las Cámaras. Sus números: un 1,1  y un 1 respectivamente. Hace dos años ya estaban por debajo del 3.
  • El Gobierno central, en este caso dirigido por Pedro Sánchez, no pasa del 2,3.
  • Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin embargo, mantienen su imagen cerca del notable.
  • Policía y Guardia Civil oscilan, desde 2017, en torno al 7.
  • El Ejército camina un peldaño por debajo: 6.
  • La primera Institución LA GUARDIA CIVIL CON UN 45,2%.

No podemos, además, olvidar el sufrimiento de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo de ETA, y que como hemos señalado fue llevada siempre con el cumplimiento del deber, dignidad, estoicismo y sencillez, ante tanto infortunio y tantos asesinatos de ciudadanos y de miembros del Ilustrísimo Cuerpo, con cuyo apoyo siempre han tenido y han contado todos los españoles de bien.

Por ello no es de recibo, que ante las dignísimas y altísimas misiones, funciones, deberes y servicios prestados por el citado Cuerpo, se le encomiende ahora precisamente – que todos los españoles estamos confinados y privados de muchos de nuestros derechos fundamentales y libertades públicas – como ha manifestado un alto cargo del Cuerpo, nada más y nada menos que el Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil,  este 19 de abril de 2020 -, que entre las distintas misiones de la Benemérita se encuentra la de «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno», por parte de todos los españoles.

No es de recibo, en cuanto que dicha orden y encomienda, jurídicamente entiendo, no se ajusta al Ordenamiento Constitucional por afectar a Derechos Fundamentales y libertades Públicas de los ciudadanos y por tanto puede ser una orden ilegal, y que de acuerdo a los artículo 1 y 3 de la Ley 4/1981 de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio será susceptible de impugnación tal y como establece el artículo 3 que dispone que ensus apartados uno y dos:

1.- Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes. 2.- Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.>> en cuanto que como señala el artículo 1.2 de dicha norma: «las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad y su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias».

Y reiteramos, no es de recibo tal misión ni es de recibo la manifestación y expresión de ella, precisamente ahora que los españoles estamos confirmados de forma ilegal como multitud de juristas afirman, en un estado de alarma que no es sustento ni basamento jurídico para esta situación a la que nos está llevando el Gobierno de la Nación, puesto que solo sería susceptible de adoptarse dichas medidas en el estado de excepción; ni caben debilidades en el cumplimiento de las responsabilidades por ninguno de los poderes constitucionales ni por las Instituciones y Estamentos que los conforman, con el poder único político actual – el Gobierno de la nación ; gobierno que no está sometido al control parlamentario como ordenan los artículos 109 y ss de nuestra CE; que limita muchos de los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en los artículos 15 y siguientes; que cercena, señala y despide, directa o indirectamente, de manera semejante al macartismo de la década de los 50 en USA, a aquellos periodistas que opinando libremente discrepan del falso relato construido ad hoc con intereses concretos y particulares que desde un punto de vista freudiano delatan a los impulsores del cercenamiento y limitaciones de derechos: evitar responsabilidades. Si hacemos yuxtaposición de la noticia de la nueva misión de de l guardia Civil con otra reciente de hace dos días, el día 17, en la que se señalaba literalmente que las llamadas ‘fake news’ o noticias falsas o bulos durante la pandemia del coronavirus pueden incurrir hasta en una decena de tipos penales, en función de  su  difusión,  trascendencia  y  forma,  según  un  estudio  realizado  por  la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Tenemos un “ cokctail” delicado y de dudosa legalidad en relación a otro derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 24 de nuestra CE. De todas las anteriores circunstancias lo que sí se desprende claramente es que se está produciendo una mutación de facto de nuestra Constitución, y una mutación de facto, que no de derecho, sin cumplir los requisitos que marca nuestra CE, del régimen de libertades, del régimen de economía social de mercado, que en 1978 nos dimos de forma mayoritaria y abrumadora, y que esperemos que no se ahonde más con nuevas medidas que pretendan cambiar el régimen institucional y político contemplado en nuestra constitución.

La Guardia Civil jamás en sus 175 años de vida ha tenido mácula alguna y por ello son muy desafortunadas las declaraciones de su Jefe de Alto Estado Mayor, y también se debería de reflexionar si esa nueva misión es ajustada a nuestro Ordenamiento Jurídico. Y, también, la ciudadanía contempla con intensa preocupación que los poderes constitucionales no hayan ni aún estén funcionando con plena normalidad – con ausencia de normalidad en el control del Gobierno y con un Poder Judicial bajo servicios mínimos, y no actuando, como es obligado para ellos tal y como dispone el artículo 1.4 dela Ley 4/1981 citada arriba, en concordancia con los mandatos constitucionales, que: ‘La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado’.

Nadie hace una declaración por parte del Gobierno, único poder que ejerce al día de hoy, ni de los poderes públicos. Nadie se responsabiliza de ese anormal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado ? La ciudadanía está perpleja de que en el sigloXXI de la Revolución de la Tecnología no sean capaces de arbitrar procedimientos para que unciones dichos poderes con regularidad.

Pero, no ? ése no es el problema,  tampoco que miembros del Gobierno se salten la cuarentena, en este país y en esta situación concreta el principio de igualdad hace aguas: los ciudadanos confinados que cumplen con rigor sus deberes de cuarentena y confinamiento; y la nueva “casta” qu no sigue cuarentenas y se apiada de que los hijos que viven en 60 metros, pena agravada por la situación de sus hijos, que viven en parcelas de 1000 metros y 250 de construcción. Fariseísmo, o simplemente Jeta.

El derecho a la verdad en todas sus derivaciones y modalidades es un derecho fundamental de los ciudadanos y como decía en reciente entrevista el insigne jurista Don Antonio Garrigues Walker en enero de 2020 (revista Escritura Pública) “regulemos un Derecho a la Verdad que conceda a los ciudadanos el derecho a ejercer acciones civiles o penales ante las falsedades ya que no podemos tolerar resignadamente la existencia, a sensu contrario, de un derecho a ser engañados; y tenemos que reaccionar ante ello.

Tres aspectos en relación a las acertadas palabras del insigne jurista: uno, que ello exige una Ley Orgánica, ex artículo 81 CE, al afectar a un Derecho Fundamental, y no meras encomiendas, ordenes e instrucciones al Ministerio Fiscal y otros Cuerpos del Estado; dos, ese derecho a la verdad es más fuerte para el caso de que sean los Poderes Públicos, el Gobierno, quien lo quebrante; y tres, Wassaps o cualquier otro software semejante son proveedores de servicios de comunicación, y lo que por ellos se hable son declaraciones de voluntad que pertenecen a la esfera privada de las partes y si las mismas tienen un contenido penal habrá de regularse si es para delitos de oficio o a instancia de parte y el dolo ha de probarse, y también la prefabricación de pruebas puede invalidar el propio procedimiento.

Tranquilos, reflexionemos y regulemos. En conclusión, se pretende  un control sobre los ciudadanos limitativo del derecho a pensar, a expresarse y con privación por el confinamiento del derecho a reunirse. Estamos olvidando que hemos pasado los 20.000 muertos, que cada vez hay más personas que directa o indirectamente se ven afectadas por fallecimientos y contagios de personas cercanas y allegadas, y no se informa con veracidad, cambios de rumbos y medidas de los responsables gubernamentales, fracasos en provisiones de materiales, indefensión de nuestros sanitarios que se juegan la vida a diario siendo el país con más sanitarios contagiados.

Que más hemos de aguantar quedarnos mudos por el miedo a controlarnos y a que nos sancione, no solo administrativa sino también penalmente. Estamos hablando de derechos incluso superiores a los precitados como el derecho a la vida, a la integridad moral y personal, el derecho a la salud y el derecho a la dignidad de la persona.

Dicho señor Santiago, con esa cierta debilidad hacia el poder político – como la del señor Simón y otros profesionales que debería seguir en esta situación exclusivamente criterios técnicos de sus oficios, ha sido muy desafortunado tanto que hasta un sindicato de la Guardia Civil, Jucil, ha pedido su dimisión inmediata, y verdaderamente debería de dimitir de su cargo, porque la Guardia Civil Benemérita  es una institución que data de 1844 y no ha tenido, como hemos apuntado, mácula alguna, salvo la de este señor que no la deshonra sino que es él el que se deshonra a sí mismo.

Cuando éramos pequeños, en aquella España de Instrucción o Educación en la que, a diferencia de estos tiempos, en la que primaban el respeto, la autoridad, el esfuerzo y el mérito; el fortalecimiento de la memoria y de la comprensión del concepto en las distintas materias, cuando la “ cagabamos” de verdad nos imponían como castigo, copiar diez o cien veces en el libro de caligrafía el error tenido, y quizá dicho señor Santiago, debería mirando el Ilustre Traje de General, y lo que representa, autoimponerse un castigo parecido al de nuestra infancia de aquellas generaciones, que consintiera en repetir 10 veces sus palabras y otras 100 veces la negación de las mismas, la negación de esa “misioncilla” ilegal, que solo pretende controlar a los ciudadanos confinados.

Gerardo J. Moreu Serrano

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