LA JUEZA RODRÍGUEZ-MEDEL INVESTIGA A JOSÉ MANUEL FRANCO

El forense culpa al Gobierno Sánchez por el infectódromo del 8-M: «De haberse suspendido, se habría evitado el contagio masivo del virus»

La Justicia acorrala al Gobierno PSOE-Podemos y a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis del coronavirus y por no prohibir concentraciones como las del 8M.

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, investiga desde el pasado marzo al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación que habría consistido en no prohibir la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer.

La investigación judicial, abierta tras la denuncia del abogado Víctor Valladares, también se refería inicialmente a un supuesto delito de lesiones ocasionadas por imprudencia.

Pero este cargo quedó descartado a la vista del informe del forense, que sostiene que no hay manera de saber si las personas que asistieron a la manifestación del 8-M y han sufrido la enfermedad se contagiaron precisamente en esa concentración.

El informe, fechado el pasado 19 de abril de 2020 y al que ha tenido acceso ‘El Español’, responde a la petición de la jueza instructora para que el médico forense adscrito a su Juzgado informara sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas».

Según el forense «no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus de Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc».

Esta es la conclusión en la que Rodriguez-Medel basó su decisión de continuar las diligencias de investigación sólo por el presunto delito de prevaricación, descartando el delito de lesiones por imprudencia, de mayor gravedad.

«Lo que sí es cierto y seguro», destaca el médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51, «es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y, de igual modo, de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad».

 

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