Consejos doy que para mí no tengo.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pedido que se investigue al Rey Juan Carlos y que se le trate como un ciudadano más.
Garzón defendió el principio de igualdad ante la ley, declarando que «defendemos una investigación bastante intensa sobre el ciudadano Juan Carlos de Borbón; todos somos o debemos ser iguales y, por lo tanto, nadie tiene que contar con privilegios que impidan investigar sobre casos de corrupción pasados y recientes».
Vicente Vallés, presentador del Informativos de Antena 3, olió sangre. «Garzón cree que se equivocan los que se empeñan en defender la Monarquía», comenzaba explicando el presentador.
Vallés ha dado paso a un vídeo donde se ha podido escuchar a Garzón decir lo siguiente:
«Aquellas personas o partidos políticos que crean que todo lo que hace la Monarquía, aunque sea mal, es proteger España creo que se equivocan. La mejor manera de proteger España es luchar contra la corrupción, venga de dónde venga».
El periodista le dejó un recadito a Garzón: «Estas palabras del ministro Garzón puede ser una advertencia a la oposición, aunque también puede ser una advertencia a sus compañeros socialistas en el Gobierno».
Da risa que Garzón nos dé lecciones de transparencia cuando su partido ha sido salpicado por el caso Madeja en la que José Manuel García Martínez, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona recibieron «155.000 euros de Fitonovo, para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron.
Garzón, que se ha llenado la boca hablando de la ‘impunidad del franquismo y las oligarquías corruptas, olvida cómo el eurodiputado Willy Meyer, que encabezó la lista de IU a las elecciones europeas, tuvo que renunciar a su acta después de conocerse que el fondo voluntario de pensiones del Parlamento Europeo, donde estaba inscrito, actuaba a través de una Sicav –una sociedad de inversión de capital variable que pretende eludir las obligaciones fiscales– en Luxemburgo.
También podría explicar Garzón la corrupción de su partido en la Diputación de Granada donde los suyos cobraban los «sobresueldos» por dietas de comidas y desplazamientos de miembros de la coalición de PSOE-IU en el mandato 2007-2010. Algunos diputados del PSOE y de IU veían multiplicadas por dos sus nóminas por conceptos como trabajar a partir de las tres de la tarde además de por visitas institucionales o entregas de diplomas.
Por no hablar de la exalcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, que fue detenida por la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de capitales a través de millonarias inversiones inmobiliarias, una investigación que se encuentra bajo secreto y que ha permitido la captura de al menos 14 personas.
