Los delitos sexuales son los que menos atención han recibido, entre los cometidos por el régimen de Daniel Ortega para sofocar la rebelión ciudadana que se dio a partir de abril de 2018, considera Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias para la Paz, organización que impulsó en Costa Rica un tribunal de conciencia para juzgar al gobierno de Nicaragua por estos crímenes.
El juicio, que tiene un valor simbólico por tanto no es un instrumento legal, se instaló este martes en San José, Costa Rica, y este viernes concluyó que “no cabe duda que el estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país”.
Dice la sentencia que “tratándose de personas detenidas de manera arbitraria, todas ellas fueron trasladadas a dependencias policiales o fincas privadas en diferentes partes del país. Que una vez allí, todas estas personas fueron custodiadas y sujetas al control y voluntad de fuerzas policiales y parapoliciales de la misma manera. Que todas ellas fueron sometidas a similares torturas y vejaciones. Que todas ellas fueron posteriormente amenazadas”.
Explica en Infobae, este 12 de septiembre de 2020, que durante el proceso se presentaron los testimonios de 18 expresos políticos, de los cuales 11 son mujeres y siete hombres que fueron capturados entre el 21 de abril y el 18 de agosto de 2018 por policías o fuerzas paramilitares del régimen, y sufrieron algún tipo de abuso sexual. Diez mujeres y dos hombres aseguran haber sido violados y una mujer tuvo un aborto a consecuencia de la agresión sufrida en manos de sus captores.
Estos 18 testimonios serían apenas la punta del iceberg. Barrantes considera que hay muchas más víctimas que, por el tipo de agresión que sufrieron, no se han atrevido a exponer su caso. “Para nosotros, parte del proceso de sanación es hacer público lo que pasó porque esto va a ayudarle a la gente a dejar de sentirse ultrajado individualmente, y a que tengan conciencia de que hubo mucha otra gente a la que le pasó lo mismo”.
En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que envió la Organización de Estados Americanos (OEA) a evaluar la crisis nicaragüense, alertó en su informe final sobre “presuntas violaciones (sexuales) que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, en el contexto de la represión con que el régimen de Daniel Ortega respondió a las protestas ciudadanas.
“Los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal fue el de dos varones que fueron violados con fusiles AK-47, aún recuerdo sus rostros llenos de dolor e impotencia. Llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente, las lesiones (que sufrieron) son para escribir un libro de historias de terror. Cuando bajaron del vehículo no podían ni caminar, sangraban mucho, su rostro lleno de vergüenza por un delito que no cometieron; esos pobres hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Ese lamentable suceso marcó su vida para siempre y la nuestra”, relató al diario La Prensa el medico Josmar Briones, en septiembre de 2018, después de atender a jóvenes heridos durante la represión.
Este delito, dice e informe del GIEI, “ha sido definido como un acto mediante el cual el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo”.
La Fundación Arias para la Paz, del premio Nobel y expresidente de Costa Rica, Osca Arias, ha atendido, según cálculos de Barrantes, a cerca del 90 por ciento de los nicaragüenses que salen de Nicaragua hacia Costa Rica huyendo de la represión estatal estos últimos dos años.
“Había coincidencias, patrones en los testimonios. Con varias organizaciones nicaragüenses, que por protección no se identifican, decidimos crear esta plataforma. Empezamos a recoger información, a buscar víctimas, a entrevistarlas con psicólogo y abogados, presentes. Fue un lento el proceso de identificación”, dice.
“Determinamos que estos hechos no eran una acción individual de los oficiales de policía o del ejército”, explica Lina Barrantes. “Sucede en un tiempo determinado, sucede a partir de un momento preciso y empieza a suceder con el mismo patrón en diferentes lugares del país. No es que pasó solo en Matagalpa o solo en Chinandega, empezó a suceder al mismo tiempo en diferentes partes, lo cual le quita que pueda ser algo casual”.
El informe del GEI, en su momento, también estableció responsabilidades al máximo nivel sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas represoras del régimen de Daniel Ortega. “Existen múltiples elementos que indican que estos hechos fueron decididos y avalados por las máximas autoridades del país, incluyendo al presidente de la República”, señala el informe.
“La ocurrencia de eventos similares en distintos lugares del país, la persistencia en el tiempo de estas conductas, el uso de recursos públicos, la intervención de prácticamente la totalidad de la estructura de la Policía Nacional (…), el discurso público de descalificación y demonización de los protestantes, el aval político e institucional que se realizó desde la máxima instancia del poder ejecutivo a través de numerosas acciones, entre ellas, ascensos de altos jefes policiales decididos en medio de la violencia, la omisión de disponer investigaciones frente a eventos públicos y notorios de uso letal de armas contra manifestantes, pese a que la cantidad de asesinados y heridos graves fue evidente y conocida. Todas estas circunstancias permiten concluir sin ninguna duda que existió un plan definido desde las más altas esferas del gobierno para la comisión de los crímenes”, concluye.
El Tribunal de Justicia “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua” estuvo compuesto por peritos de diferentes disciplinas, jurados de conciencia, relatores, y tuvo como invitada especial a la nicaragüense Bianca Jagger, defensora de derechos humanos. Sesionó en un hotel de San José, Costa Rica, del martes 8 de septiembre a el viernes 11.
Las víctimas, siguieron las ponencias desde un lugar secreto, fuera de las ciudades, tanto de San José, en Costa Rica, como en Managua, Nicaragua, para protegerlas de la exposición pública.
“Tenemos agresiones sexuales, tocamientos, exposiciones”, dice Barrantes sobre los testimonios. “Desnudaban a la gente y la dejaban desnuda ante toda la comisaría y, en algunos casos, también ante los jefes políticos del Frente Sandinista de la localidad”.
“Ponían a los muchachos a hacer sentadillas, desnudos. Les tocaban sus genitales con armas. Va desde eso, hasta la violación tanto en casos de hombres como en mujeres. La violación de mujeres usualmente con el pene, la violación de los hombres con el cañón de una ametralladora, la cual previamente disparaban para calentarla y así, además de producirle un desgarramiento, les produjera una quemada y fuera más doloroso”, expone.
“La violación sexual como tortura constituyó en Nicaragua un delito de lesa humanidad porque fue perpetrado por agentes estatales como parte de un plan o una estrategia preestablecida, es decir, con intencionalidad y conocimiento. Además, fue practicada de manera generalizada y sistemática y en contra de la población civil”, declaró Soraya Long, doctora en Derechos Humanos y una de las expertas convocadas.
La resolución de este tribunal, aunque simbólica, puede ser la antesala de juicios posteriores ante tribunales internacionales. “Espero que estas víctimas tengan justicia”, dice Lina Barrantes. “Nosotros estamos analizando la posibilidad de hacer un expediente que pueda ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nosotros probablemente haríamos el acompañamiento legal. Tenemos abogados estudiando. Si los abogados lo consideran pertinente nosotros podríamos llevar el caso, si las víctimas así lo quieren”.
