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El Gobierno aprobará una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el año 2021, en línea con la previsión de inflación el próximo ejercicio y con la revalorización prevista para las pensiones públicas, según han confirmado fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Así se lo va a trasladar el Gobierno a los sindicatos del área pública en la reunión de este 26 de octubre de 2020 de la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar la Oferta de Empleo Público de 2020 y los Presupuestos 2021, en lo referido al alza salarial y las plazas públicas.
El Ejecutivo ha decidido finalmente que aprobará una subida del sueldo de los empleados públicos del 0,9% en 2021, en línea con la revalorización de las pensiones ligadas al IPC trasladada a Bruselas en el Plan Presupuestario.
Esta subida es inferior a la del 2% aprobada para este año, que podía alcanzar hasta un 2,3% si se sumaban fondos adicionales. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública destacan que con el incremento salarial a los funcionarios se quiere reconocer la labor del personal de los servicios y las administraciones públicas, con un trabajo «imprescindible» en una situación «difícil» por la pandemia.
En 2018 el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alcanzó un acuerdo con los sindicatos para fijar subidas salariales hasta 2020 de entre el 6,1% y el 8,8% vinculadas al crecimiento y al cumplimiento de los objetivos de déficit.
Subida de pensiones un 0,9%
La revalorización de las pensiones en 2021 con el IPC (0,9%, según estima el Gobierno) tendrá un coste de 1.439 millones de euros, de acuerdo con las previsiones que realiza el Ejecutivo en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas.
Esta subida, idéntica a la de 2020, se corresponde con la previsión del Ejecutivo del deflactor del PIB, el índice más aproximado al IPC, para el próximo año, que augura un alza del 0,9%, y estaría en línea con su compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.
Según consta en el Plan Presupuestario, el Gobierno se ha marcado como objetivo la asunción por parte del Estado vía impuestos de partidas de gasto que actualmente se sufragan con cotizaciones sociales, ya que ello «limita la capacidad del sistema de afrontar el volumen de gasto en pensiones».
