«Que no nos cuelen mentiras. Los que nos dicen que no podemos reunirnos en Navidad son los que fueron a la ‘fiestojota’. Es todo una mentira», denuncia la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos en ‘El Quilombo’ de Periodista Digital.
«No les preocupa nuestra salud como lo demostraron en la manifestación del 8-M. Lo único que pretenden es avanzar en la agenda laicista. Son los que nos prohibieron ir a misa durante el estado de alarma, algo que es ilegal».
La Asociación Española de Abogados Cristianos ha recaudado en menos de 6 horas los 12.000 euros que la Sala Segunda del Tribunal Supremo le exigía como fianza para seguir adelante con la querella al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
La organización de juristas acusa al ministro de un delito de prevaricación contemplado en el artículo 404 del Código Penal, así como de dos delitos contra los sentimientos religiosos, uno de prohibición de culto (art. 522 del C.P.) y otro de interrupción de culto (art. 523 del C.P.).
Considera a Grande-Marlaska como el responsable de las numerosas interrupciones de celebraciones religiosas que tuvieron lugar en diversos puntos de España durante el Estado de Alarma. Lo justifica debido a que, además del mando sobre la Policía Nacional, con motivo del Estado de Alarma, el ministro de Interior tiene transferido el mando sobre las policías autonómicas y locales.
Polonia Castellanos considera además que “los posibles delitos cometidos por el ministro cuentan con el agravante de discriminación”.
Castellanos destaca además que “el propio gobierno, a través de la Delegación del gobierno en Madrid, ha anulado la primera sanción recurrida por Abogados Cristianos impuesta por acudir a misa durante el Estado de Alarma”. Desvela que “según el escrito del representante del gobierno en la capital, acudir a misa estaba entre los supuestos permitidos”.
Desde la Asociación de juristas explican que el propio Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice textualmente en su artículo 11: “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.
Polonia Castellanos asegura que “estas interrupciones de ceremonias religiosas que tuvieron lugar durante las semanas de confinamiento fueron un abuso por parte del Gobierno, que utiliza la situación con el coronavirus para imponer su agenda ideológica laicista”. “Se trata de un nuevo tipo de persecución religiosa”. “La reiteración en las interrupciones de cultos evidencian que no fue algo casual y que Marlaska utilizó el mando único conferido por el estado de alarma para limitar el derecho fundamental a la libertad religiosa”.
