Tras el rechazo de la Fiscalía al indulto para los golpistas del 1-O, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a lo que podrá ser su segundo gran revés judicial: una sentencia en contra de su orwelliano ‘Ministerio de la Verdad’.
VOX presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el ‘Ministerio de la Verdad’ aprobado por el Gobierno.
El partido de Santiago Abascal justifica al Supremo que la institución puede impedir que los ciudadanos accedan a una información «libre y plural» en pleno estado de alarma, cuando el Ejecutivo podría concurrir en «abusos y actuaciones improcedentes».
El recurso, presentado por el grupo parlamentario de VOX en el Congreso, pide la suspensión cautelar de la orden de 30 de octubre por la que se publicó el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, que fue publicada en el BOE el 5 de noviembre de este año.
En este sentido, la formación considera que el estado de alarma avalado por el Congreso conlleva «ilegales restricciones a derechos fundamentales», sumado a una «exorbitante» prórroga de seis meses.
A su juicio, esto puede dar lugar a «abusos y actuaciones improcedentes» del Gobierno a los que la orden sobre desinformación impide «que los ciudadanos puedan acceder a una información libre, independiente, plural y contrastada que les permita conocerlas».
VOX cree que la suspensión cautelar de la orden del Consejo de Seguridad Nacional no provocaría perjuicio alguno, ya que ya existen herramientas «suficientes» para verificar la información, como pueden ser el derecho de rectificación o acciones civiles o penales por injurias o calumnias.
En su recurso, VOX alude además a una sentencia del Tribunal Constitucional que señala la importancia de una opinión pública libre, «indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático».
El Tribunal Supremo ha admitido ya a trámite el recurso del grupo parlamentario, como sucede siempre que no contengan defectos formales, y ha ordenado su traslado a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada, trámite habitual ya que las partes tienen que ser oídas.
El plan de censura del PSOE-Podemos
Los encargados de controlar la censura del PSOE-Podemos son el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la secretaría de Estado de Comunicación, las autoridades públicas y el sector privado y la sociedad. Todos a una, como Fuenteovejuna, para que el plan no sufra reveses.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves 5 de noviembre publica la orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuyo titular es Carmen Calvo, donde se habla claramente de «adopción de medidas».
El escrito señala que los ciudadanos deben tener acceso «a una información veraz y diversa» que se ve «cada vez más amenazada» por la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática» de información falsa, la cual «influye en la sociedad».
En definitiva, y como venimos denunciando desde hace tiempo en PD, este Gobierno socialcomunista se sigue armando de instrumentos legales para censurar todo lo que consideren oportuno.
El partido de Iglesias nunca ha ocultado que modelar la audiencia es una de sus ambiciones. En suma, su proyecto es de largo alcance. Busca garantizarse el apoyo de las generaciones futuras por la vía del adoctrinamiento puro y duro en los colegios.
Moncloa ha justificado su pretensión de poner coto a los medios digitales con el argumento de que «es imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España». Pero la composición del equipo censor del Ejecutivo no admite dudas sobre la intención última del plan.
Serán el jefe del Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, quienes piloten el proyecto. Y contarán con el apoyo externo de grupos de expertos que elegirán de forma discrecional y cuyos nombres permanecerán en el anonimato.
Para controlar a los medios ya están los tribunales de Justicia, que en un Estado de Derecho son quienes imponen límites y sancionan en caso de traspasar la ley, pero en España, además, existen organismos independientes cuya misión es velar por el «autocontrol deontológico interno» de la profesión periodística: la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que preside Rafael Mendizábal, que fue durante nueve años magistrado del Tribunal Constitucional, es un claro ejemplo.
Su objetivo es «fomentar el periodismo ético desde la autorregulación independiente y responsable, a través de la mediación y el entendimiento». De modo que Sánchez no tiene excusa alguna para justificar su «plan contra la desinformación».
Existen los tribunales y existen organismos independientes que velan por la deontología profesional. Y lo que sobra es un Gobierno que pretende amordazar a la prensa que no le baila el agua.
