EL CHILENO ES COLUMNISTA Y EX SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ELDIARO.ES

Escolar exige explicaciones a Felipe VI pero él sigue sin darlas sobre los negocios turbios de su socio Boye

Escolar exige explicaciones a Felipe VI pero él sigue sin darlas sobre los negocios turbios de su socio Boye

Seria conveniente que las exigencias éticas que exige la izquierda al la Corona algún día tambiñen se la aplicasen a ellos mismos.

Un caso de libro es del Ignacio Escolar, director de elDiario.es, que este 24 de diciembre de 2020 le lee la cartilla a Felipe VI por haber «perdido esta Nochebuena otra oportunidad: la de pedir disculpas y ofrecer explicaciones, ya que su padre y predecesor en el cargo no lo hace».

«Se esperaba un discurso histórico. Y lo histórico será, otra vez, la falta de reflejos, de explicaciones o de disculpas ante los españoles. Ni las ofrece el rey padre –que solo se comunica con el pueblo al que reinó a través de notas de prensa de su abogado– ni las ha ofrecido el rey hijo, que en este discurso ha optado por ignorar el problema, a ver si así desaparecía».

Felipe VI no es hijo sino rey y no tiene por qué dar explicaciones de las acciones de su padre. Ya se encargará la justicia de poner a cada uno en su sitio. Además, como ha recordado ABC, Don Felipe volvió a trazar una nítida línea roja frente a los comportamientos poco ejemplares ocurridos en su propia familia.

A Escolar le agradeceríamos que dé él explicaciones por los presuntos negocios turbios con el narco de Gonzalo Boye, abogado de los golpistas catalanes y socio y fundador de elDiario.es.

«Su relación se limita al asesoramiento legal a través de su despacho», dice Don Ignacio, que reconoce que el letrado sudamericano fue «secretario del Consejo de Administración» de su medio entre 2012 y 2017. Cinco años de estrechísima relación para ahora decir que Boye no fue su socio.

A la espera de que nos envíe la rectificación de siempre donde asegura que el chileno no fue su socio ni fundador de eldiario.es, seguiremos exigiendo a Escolar la misma transparencia y ejemplaridad que exige a los demás.

CONDENADO POR SECUESTRAR A EMILIANO REVILLA

Gonzalo Boye fue condenado por la Audiencia Nacional, junto con el resto del comando, al pago de una indemnización solidaria de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) por su participación en el secuestro de Revilla, un crimen que duró 249 días, y en el que el ahora darling de LaSextaTV se encargó, según la sentencia, de vigilar al empresario y facilitar los datos al comando de ETA que le secuestró.

Boye fue juzgado como uno de los miembros que formó parte de una célula de apoyo de ETA.

El letrado fue condenado por un delito de detención ilegal a 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis. Cuando iba a ser puesto en libertad, Boye dijo que pagaría su parte de la indemnización, a razón de 5.000 pesetas mensuales. Sin embargo, no hizo frente a los pagos y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció el caso ante la Audiencia Nacional.

A petición de la AVT, la Fiscalía de la Nacional ordenó una investigación patrimonial para poder embargarle. El problema con el que se encontraron fue que el abogado de Carles Puigdemont no tiene nada a su nombre, por lo que, hasta ahora, sólo se le ha podido embargar unas cantidades ínfimas de dinero derivadas de los ingresos declarados en España como letrado.

La sentencia que obligará a Gonzalo Boye a seguir abonando su parte de la indemnización a la familia del empresario secuestrado declara la firmeza de la sentencia y especifica que “la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que le sea aplicable ni la prescripción ni la caducidad”.

La Sala establece este criterio al analizar el recurso de un hombre que había sido condenado en 2001 por la Audiencia Provincial de Barcelona a, entre otros pronunciamientos, pagar una indemnización de responsabilidad civil de 22.301.372 pesetas en concepto de daños y perjuicios derivados de un delito de incendio forestal.

Una vez transcurrido el plazo de 15 años sin que el condenado pagara la indemnización, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró la prescripción de la responsabilidad civil. Ese auto de la Audiencia Provincial se recurrió ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo revocó al estimar la imprescriptibilidad de la acción civil. El condenado recurrió en casación ante el Supremo que ahora confirma la tesis de que la responsabilidad civil derivada de una sentencia penal no prescribe.

Así, la sentencia, con ponencia del magistrado Eduardo Porres, argumenta que en las sentencias penales la protección de la víctima del delito determina una exigencia de tutela muy singular, lo que explica que se atribuya al órgano judicial el impulso y la iniciativa en la ejecución, incluso de sus pronunciamientos civiles. Esa necesidad de una tutela judicial reforzada, “justifica que la interpretación de las normas del proceso de ejecución deba realizarse en el sentido más favorable a su plena efectividad.”

Y apostillan que: «En el proceso penal la ejecución de los pronunciamientos civiles se realiza de oficio y no a instancia de parte. Por tanto, no tiene razón de ser que se reconozca un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción ejecutiva porque el derecho declarado en la sentencia no precisa de esa acción. Y por ello no es necesario que se presente demanda para hacer efectiva la sentencia»

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