La grandeza de un hombre se mide por la talla de sus enemigos».
La frase no es de Napoleón, quién invadió media Europa y hasta arengó a sus tropas ante las Pirámides de Egipto, sino del Evangelio de San Mateo e igual que se aplica a las personas sirve para las organizaciones.
Y tiene variantes. Si a Periodista Digital, además de por el tamaño de sus enemigos, nos miden por la catadura de estos, seguro que aparecemos en lo más alto del ranking, porque desde nuestro nacimiento como diario online, hace ya más de dos décadas, hemos tenido reiteradamente rivales de la peor ralea.
No hace ni un año, exactamente el 16 de abril de 2020, que Pablo Iglesias nos mandó a la redacción un burofax, firmado de puño y letra y dirigido al «director/a de Periodista Digital», conminándonos a rectificar informaciones sobre él y su cónyuge ministra, algo que no hicimos.
Tres semanas había sido el turno de María Isabel Valldecabres, jefa de Gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo, aunque en está ocasión vía telefónica.
Fue ya avanzada la noche y a mi móvil personal, explicando que el número se lo había dado el director de comunicación de La Moncloa, personaje a quien no tengo el placer de conocer y a quien nunca he facilitado mis coordenadas.
La jurista Valldecabres también exigía que modificáramos una información sobre la socialista Calvo, en aquellos momentos internada en la muy privada y lujosa Clínica Ruber, contagiada de coronavirus tras asistir en cabeza a las multitudinarias manifestaciones feministas del 8-M de 2020.
Como argumento supremo, la subalterna de Calvo esgrimió reiteradamente la amenaza de tirar de los ‘abogados del Estado’ y ya entramos en materia, porque son los juzgados y las demandas judiciales uno de los terrenos en que operan con más eficacia los censores.
El simple hecho de recibir un burofax amenazador puede ser paralizante, para una empresa periodística como la nuestra y no sólo por la posibilidad de terminar siendo condenado a una multa descomunal en los tribunales.
Aunque al final ganes y el juez acabe dándote la razón, meterse en los gastos que conlleva contratar abogado, designar procurador, desplazarse y perder incontables horas en despachos, obliga de salida a desviar recursos que deberían ir destinados a la información. Te limita y empuja a ser ‘precavido‘, que en esta ocasión es un eufemismo de ‘acobardarse‘.
Periodista Digital es independiente de verdad, lo que significa que establecemos nuestra propia agenda.
Nuestro lema, si tuviéramos uno, es llevar algo de alivio al débil y cierta intranquilidad al poderoso, esté metido en La Moncloa, el Ibex 35 o el Vaticano.
Nuestro periodismo no tiene sesgos comerciales y no está influenciado por propietarios multimillonarios, gobiernos, políticos o anunciantes caprichosos.
Nadie edita nuestro editor. Nadie dirige nuestra opinión.
Somos libres, nadie nos condiciona y siempre hemos optado por dar la batalla, asumiendo a menudo considerables riesgos.
En 2014, Gonzalo Boye interpuso una querella contra mi y contra Isabel Durán, reclamando 300.000 euros porque, según el actual abogado del prófugo Puigdemont y del narco Sito Miñanco, se le había calificado de «terrorista«.
Como dijo en su día Isabel, sería una temeridad no temer a alguien condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla y cobrar por ello.
Lo que a mi me chocó, quizá porque se me han olvidado las escasas nociones jurídicas que tenía cuando me licencié en Derecho hace medio siglo, es que me hicieran ir a los juzgados, me sentarán en el banquillo y hasta me interpelara severa su señoría, espetándome que todos tenemos derecho al olvido, según la Unión Europea. A lo que yo repliqué, sin mucho éxito, que eso no puede ser un pasaporte para tergiversar la Historia.
El tal Boye, que anda ahora imputado por presunto blanqueo del narcotráfico, ha vuelto a la carga varias veces contra Periodista Digital, casi siempre por lo mismo, aunque moderando sus exigencias monetarias a ver si cuela.
Hemos salido indemnes de todas las embestidas y estamos actualmente pendientes de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la última de ellas, aunque conscientes de que incluso si la justicia nos da la razón y logramos que lo condenen en costas, pero damos por seguro que no pagará y se declarara ‘insolvente’.
Hace poco que la Justicia dio la razón a Periodista Digital y condenó a ‘Open Arms’ a pagar las costas del juicio, en el que nos metió Oscar Camps, su presidente.
Camps, que entre otras muchas cosas exigía 10.000 euros, nos atribuía en su demanda lindezas como haberle acusado –«sin ninguna prueba, sin ninguna investigación previa y con absoluto desprecio a la verdad”– de traficar con seres humanos, de colaborar con las mafias internacionales de tráfico de personas, de ser un ‘esclavista’ y un ‘negrero’ e incluso de enriquecerse personalmente con su barco a costa de la muerte de los migrantes.
Ahí hemos ganado y tenemos sentencia firme, lo que no nos ocurre todavía en otros casos, como el de los titiriteros, que fueron detenidos y enviados a prisión sin fianza a principios de febrero de 2016, tras representar en el carnaval del barrio madrileño de Tetuán una obra atroz, en la que delante de los niños, se exhibía una pancarta en la que se leía «Gora Alka-ETA».
En breve el tiempo que transcurrió hasta que los tipos fueron puestos en libertad, tras un cambio de postura de la Fiscalía, publicamos algunas notas sobre ellos y en base a nuestras informaciones nos reclamaron 240.000 euros, que en un juzgado de primera instancia catalán han bajado ya a 40.000 y esperamos que se queden en nada, cuando vea la causa la Audiencia, ante la que hemos recurrido.
Estaba hablando de la catadura de algunos enemigos de Periodista Digital, pero quiero subrayar que, en ocasiones, excepcionales, la ralea se une al tamaño, porque cuesta imaginar en el mundo de la comunicación algo más descomunal que Atresmedia.
Y ese colosal grupo, con una plantilla de 2.500 empleados, ingresos de más de 1.000 millones de euros al año y cuyo equipo directivo con bonus millonario -bajo el mando del Consejero Delegado Silvio González e integrado por 14 miembros con título de director o presidente, sumado a los ‘directores’ y ‘subdirectores’ de Antena 3, LaSexta y Onda Cero– es cinco veces más numeroso que la plantilla de Periodista Digital, nos demanda en los juzgados y exige la friolera de 100.000 euros ‘como indemnización por daños, incluidos los daños de imagen reputacional’, que les ocasionan nuestras informaciones.
Cierto que Periodista Digital es el único medio español que ha osado criticar el quehacer profesional de los Ferreras, Wyoming, Evole y compañía o que entra a fondo en la labor periodística de LaSexta, Antena 3 u Onda Cero, pero es nuestra obligación como periodistas hacerlo.
Lo que rechina y hasta suena ridículo es lo que argumenta Atresmedia, que en su propia página web corporativa, bajo el epígrafe ‘Quiénes somos’, afirma ser: “el Grupo líder de Comunicación en España, la única compañía audiovisual con posiciones clave en todos los sectores en los que opera -televisión, radio, internet, cine, producción para terceros y formación, etc.- a través de sus marcas insignia: Antena 3, LaSexta, Onda Cero, Europa FM… De este modo, Atresmedia ha desarrollado su estrategia en distintas Divisiones como Atresmedia Televisión (Antena 3, LaSexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries), Atresmedia Radio (Onda Cero, Europa FM, Melodía FM), Atresmedia Publicidad (dedica a la explotación publicitaria y comercial), Atresmedia Diversificación (actividades y negocios no dependientes de la publicidad) y Atresmedia Studios (para la producción de cine, ficción y entretenimiento para terceros)”.
A todo eso y merced a su imbricación con el Grupo Planeta, que posee una participación dominante en su accionariado, Atresmedia también controla en prensa escrita el diario de tirada nacional La Razón.
Pues bien, este monstruoso conglomerado, nos exige un suma enorme, alegando que algunos artículos de Periodista Digital, un diario online enfocado esencialmente al análisis, valoración y entretelas de los medios de comunicación y sus protagonistas, han criticado la manipulación de encuestas y la difusión de información sesgada, han puesto en evidencia la voluntad del Gobierno socialcomunista de comprar a grupos mediáticos con ayudas multimillonarias y han puesto el foco sobre la ambición de opulentos directivos en una época en que España era duramente azotada por la pandemia.
El juicio empieza el próximo 13 de julio de 2021 y estamos seguros de que prevalecerá el derecho a informar, la opinión fundada y la libertad de expresión, sobre los afanes censores de los poderosos multimillonarios de la comunicación y el entretenimiento, pero para que se diviertan y mientras llegamos a ese día, les voy a ir contando -poco a poco- los pormenores de este último intento de los poderosos por acallar lo que queda del periodismo libre.
Mientras tanto y como la defensa de la libertad es labor de todos, les invitamos a entrar en Periodista Digital, a registrarse de forma gratuita, a apuntarse a los boletines y, si lo desean, colaboren con nosotros formando parte del Club PD y disfrutar de las ventajas y premios destinados a los socios.
