Podcast: ‘Venezuela: entendiendo a una narcodictadura’

La doctrina R2P contra Maduro por boicotear las vacunas: «Se evidencia intencionalidad de exterminio»

“Desde mi punto de vista hay que hacerle entender a China y a Rusia que si esto no se detiene ellos son cómplices”, afirmó Flor María Ávila, experta en derechos humanos

La pobreza de Venezuela cada vez menos se compara con los países sudamericanos, cada vez más se contextualiza con lo que ocurre en el continente africano.
Las condiciones de vida siguen empeorando, mientras Maduro le quita a los venezolanos el derecho a ser vacunados contra el COVID-19 el país sigue sumergido en
el caos y la pobreza. En medio de una espiral hiperinflacionaria, sin derecho a la salud, sin servicios regulares de agua, electricidad ni gas doméstico, todo esto mientras se prohíbe la protesta, se castiga con cárcel, tortura, muerte o exilio a quienes se atreven a salir a las calles o a los que intentan hacer oposición política real. Lo más grave es que no hay solución aparente y lo imposible se hace realidad: la crisis se sigue agravando.

Un tema al que se refirió Kofi Annan, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2005, cuando presentó un informe en el que destacaba el
compromiso que debía adquirir la comunidad internacional para impedir que un Estado se ensañe contra sus propios ciudadanos.

“Algunas veces, como lo demuestra el terrible ejemplo del genocidio en Rwanda, la comunidad internacional no intervenía de forma suficientemente eficaz o rápida, incluso en una era de telecomunicaciones modernas cuando las atrocidades cometidas se divulgaban en las pantallas de televisión de todo el mundo”, destaca una de los informes de seguimiento de la ONU sobre la necesidad de “reacción”, lo que lo viene a ser la “obligación de intervenir a favor de quienes no tuvieran el poder para defenderse contra los que los oprimían y hacían sufrir impunemente”. Así nació la ‘Responsabilidad de
Proteger’.

“Cada Estado asume la protección de sus ciudadanos, si un Estado no puede o no quiere, en esos casos se crea la obligación de la comunidad internacional de intervenir”, explica para el Podcast ‘Venezuela: entendiendo a una narcodictadura’ Flor María Ávila Hernández, PhD en Filosofía de los Derechos Humanos por la Universidad de Nápoles. La doctrina, también conocida como R2P, por sus siglas en inglés, contempla una serie de pasos o fases, pero la dictadura chavista y la oposición venezolana se han centrado en el último extremo: el uso de la fuerza.

Y tiene mucha lógica, pues parece que los pasos previos a este extremo han sido cubiertos. Ávila Hernández cree que el paso más importante en este camino ha sido
subestimado, se refiere al informe presentado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

“Este informe forma parte de la Responsabilidad de Proteger porque Naciones Unidas debe tener una base, un fundamento, donde se demuestre la comisión del delito de lesa humanidad, es decir, un ataque sistemático y generalizado contra una población con el ánimo de destruirla”, explicó la catedrática que destacó que en dicho informe queda plasmado que Nicolás Maduro y su cadena de mando “tenían conocimiento de esos crímenes”.

Sin embargo, la ONU no podría intervenir en Venezuela sin la autorización del Consejo de Seguridad, órgano en el que China y Rusia, siendo miembros permanentes, tienen el poder para impedir la activación de este principio a favor de los venezolanos. Por esta razón, la también egresada de la Universidad del Zulia cree que estas potencias deben ser situadas en la ecuación.

“Desde mi punto de vista hay que hacerle entender a China y a Rusia que si esto no se detiene ellos son cómplices, nadie está hablando de estos temas, ya tenemos las
pruebas, tenemos el informe… estamos hablando de evidencias que ya existen de este crimen, desde mi perspectiva Venezuela puede ser la que cambie las relaciones
internacionales a nivel de Naciones Unidas que no puede seguir actuando solo con informes de recomendaciones”, afirma la profesora de postgrado de la Universidad
Católica de Colombia.

La prohibición de vacunas como parte de un “delito
continuado”

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia una vez más cómo el comunismo bolivariano se ha ensañado contra la población, en esta oportunidad al impedir la
entrada de 2,4 millones de dosis de AztraZeneca que llegarían por medio del convenio Covax, según el dictador, porque no es el virus chino sino esta vacuna la que está “causando estragos en el mundo”.

Tal decisión debe ser vista como parte de “un delito continuado”, comenta Ávila Hernández que manifiesta que debe exigirse una reacción a la comunidad internacional
“porque el no permitir vacunas en estos momentos en una población que tiene hambre, donde el 90% de la población está en pobreza extrema, es impedirle su derecho a vivir, en este caso vacunarse, que está conectado con el derecho a la vida”, afirmó. “El elemento intencional forma parte del delito de lesa humanidad, no solamente es que haya el exterminio humano, sino la intencionalidad del exterminio y eso se evidencia cuando ellos no permiten el ingreso (de las vacunas)”, explica la abogada venezolana.

El chavismo y la oposición venezolano sin comprender la
Responsabilidad de Proteger

“R2P significa intervención militar ya” aseguró a finales del pasado 2020 el dictador Nicolás Maduro, quizás como respuesta al llamado del Gobierno interino de Juan
Guaidó, -quien ha perdido fuelle interno e internacional, aunque mantiene el vigoroso respaldo de EE.UU.-, que solicitó en la ONU una respuesta global en el marco de esta doctrina, uniéndose así a las voces de otros opositores como María Corina Machado y Antonio Ledezma.

Sin embargo, Ávila Hernández cree que Maduro y sus secuaces no saben dónde están parados con este principio, pero es también del criterio de que la oposición venezolana “ha sido tímida” al momento de emplear todas las herramientas que aporta la
Responsabilidad de Proteger, porque se ha podido proteger mejor en otros países a los ciudadanos que han huido de un Estado-Verdugo.

“Yo creo que la dictadura no ha entendido este principio, la oposición sí, pero ha sido tímida, todavía podemos extraerle más a esta responsabilidad de proteger para proteger a nuestra población venezolana en el exterior, por ejemplo, en aquellos países como Trinidad y Tobago donde se rechaza a los venezolanos, u otros como Perú, Ecuador, Chile, donde hay brotes de xenofobia, ¿qué tienen que hacer los embajadores de Guaidó? Señores, la ‘Responsabilidad de Proteger’. Tienen que proteger a esta población venezolana y si los maltratan los están revictimizando”, concluyó.

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Autor

Jesús Mitchelle Torres

Licenciado en ciencias fiscales (ENAHP – IUT), especialista en auditoría de Estado (Universidad Simón Bolívar) y magíster en gerencia pública (IESA) con siete años de experiencia como auditor de Estado en Venezuela.

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