MONCLOA PONE A LOS SUYOS A TRABAJAR TRAS LA SENTENCIA DEL TC

Los voceros de la izquierda señalan al Constitucional, se pasan por el forro la separación de poderes y amenazan con una dictadura

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma por implicar una suspensión de derechos más que una limitación

Los voceros de la izquierda señalan al Constitucional, se pasan por el forro la separación de poderes y amenazan con una dictadura
Jesús Cintora, Ignacio Escolar y Cristina Almeida.

Caretas fuera. Los voceros de la izquierda se han puesto manos a la obra y han caído con saña sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, demostrando así que ellos, con tal de ser la voz de su amo de Moncloa, se pasan por el forro las sentencias de los tribunales, y de esta manera la separación de poderes, amenazando con imponer una dictadura.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma por implicar una suspensión de derechos más que una limitación.

La mencionada suspensión de derechos que se produjo entre marzo y junio de 2020 superó una limitación, por lo que solo podría haber tenido amparo legal con el estado de excepción.

Moncloa pone a los suyos a trabajar

La sentencia ha sido recibida como un jarro de agua fría por parte del Ejecutivo, que ha puesto a sus altavoces mediáticos a trabajar.

eldiario.es de Ignacio Escolar es uno de los digitales que más furibundo se ha mostrado contra la sentencia.

Su columnista, Antón Losada, decía que: «si para alguien será un problema esta sentencia será para el propio Tribunal, que se pasará meses tratando de salir del enorme barrizal jurídico donde se ha metido».

Para desencadenar esta tormenta de verano, que se olvidará con las Olimpiadas, parece un despilfarro dilapidar la poca credibilidad que le quedaba al Tribunal, forzar una votación donde la tercera parte de los que votaron no tenía ni derecho a estar, difuminar la, hasta ahora, bastante clara distinción entre estado de alarma -catástrofes, crisis sanitarias o accidentes- y estado de excepción -intentos de subvertir el orden político-, convertir la »alteración del orden público” en un concepto jurídico indeterminado en el cual, desde hoy, cabe todo aquello que el Gobierno de turno o el juez de guardia quieran meter, o expandir hasta el infinito la hasta ahora muy limitada capacidad de un gobierno para invocar el draconiano derecho de excepción, convirtiéndolo en opción prioritaria y manteniendo el único requisito de tener la mayoría para aprobarlo

El director de este digital, Ignacio Escolar, sin tener acabada la carrera de periodismo, pretendía darle lecciones jurídicas a este órgano:

«La sentencia del Tribunal Constitucional coloca a España en una posición muy delicada, si otra pandemia vuelve a explotar. A diferencia de la mayoría de los países, el Gobierno no podría recurrir a los confinamientos durante más de 60 días, y solo después de unos días o semanas de trámite parlamentario.»

Cristina Almeida, en laSexta: «Es un tribunal político elegido por los partidos y la sentencia un arma contra el Gobierno»

Indignada estaba Cristina Almeida el pasado sábado 17 de julio en laSexta Noche.

Almeida cargó muy duramente contra el TC, al que acusó de ser «un tribunal político elegido por los partidos y la sentencia un arma contra el Gobierno».

«Todavía no se me ha quitado el cabreo. Me parece infame»

La vicepresidenta del TC denuncia las presiones del Gobierno Sánchez: «He recibido llamadas del Ejecutivo»

Sin embargo, lo que en cualquier otra democracia sería un hecho que provocaría la caída inmediata de todo en Gobierno, en España no va a suceder.

Y es que ya se ha asumido y adoptado como algo hasta normal que el Ejecutivo sanchista intente presionar hasta la náusea para influir en las decisiones judiciales.

El 14 de julio de 2021 se conocía el fallo del Tribunal Constitucional en el que se declaraba no conforme a derecho el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez un 14 de marzo de 2020 y que obligó al confinamiento domiciliario de las ciudadanos.

Poco tardaron los ministros del Ejecutivo socialcomunista en salir a tarifar contra la sentencia, en especial la nueva titular de Justicia, Pilar Llop, que defendió que el estado de alarma era esencial y que ese encierro, haciendo buena la tesis de Sánchez, había salvado casi medio millón de vidas.

Pero eso no era más que el derecho al pataleo de quien había perdido a pesar de intentar por todos los medios torcer la voluntad del Tribunal Constitucional para que le concediese lo que políticamente le interesaba, la constitucionalidad del confinamiento.

Todo estaba a expensas de lo que decidiese entonces Encarnación Roca, vicepresidenta del TC. Ella fue llamada por miembros del Ejecutivo sanchista y, al igual que en la famosa obra de Miguel Delibes, ‘El disputado voto del señor Cayo’, tuvo que sufrir presiones para que votase a favor de la legalidad del estado de alarma.

 

 

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