De la misma manera que sospecho que las elecciones celebradas desde hace cuarenta años en el País Vasco y últimamente en Cataluña no pasarían la prueba de la idoneidad, de haber estado supervisadas por unas de esas comisiones internacionales que se mandan a observar procesos electorales en Birmania, Nicaragua o el Congo, estoy firmemente convencido de que la tan alabada democracia española tampoco llega al aprobado.
La teoría clásica, elaborada hace ya 300 años por Montesquieu, establece que los poderes del Estado –el ejecutivo, el legislativo y el judicial- deben tener competencias específicas y estar estrictamente separados.
El ejecutivo administra y gobierna, el legislativo elabora y aprueba las leyes, y el judicial juzga y hace cumplir las sentencias de los jueces.
A esto, hay que sumar los medios de comunicación, la televisión, la prensa y los periodistas en general, que actúan como un ‘cuarto poder’, informando a la ciudadanía y controlando los desmanes del Gobierno.
Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural y esto es algo que han sostenido a capa y espada desde Víctor Hugo a Kofi Annan, pasando por Albert Camus, Winston Churchill o la Madre Teresa de Calcuta.
En los 45 años, 11 meses, y 2 días transcurridos desde que se murió en la cama el general Franco, ningún Gobierno español ha acumulado tanto respaldo mediático como el engendro de 22 ministros montado por Pedro Sánchez, con apoyo de los zarrapastrosos de Podemos, los proetarras de Bildu, los peseteros del PNV, los golpistas catalanes y algún otro.
La consecuencia del control que ejerce Sánchez sobre los medios públicos y los concertados, que son todas esas cadenas de televisión y periodistas que doblan la cerviz para recibir publicidad y subvenciones, es que es que no hay ya ‘cuarto poder’ digno de ese nombre.
Resistimos media docena y tal como se perfilan las cosas y viendo leyes como la de Memoria Democrática, me parece que las vamos a pasar canutas.
Esto de la falta de periodismo digno de ese nombre es grave, pero no fatal, pero es que tampoco hay separación real de poderes.
Debido a la obsesión que tenían en la Transición por compensar la prohibición de partidos políticos que imponía Franco, los llamados padres de la Constitución montaron un sistema en el que no hay en la práctica separación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
A la hora de la verdad, es el presidente del Gobierno de turno quien casi siempre decide que leyes se aprueban en el Congreso y cómo.
Queda, dirá alguno de ustedes, el Poder Judicial, pero tampoco.
Las instituciones judiciales están ya lo suficientemente degradadas por el Gobierno como para que el PP se preste ahora una componenda tan impúdica, como la que acaban de protagonizar.
Tan alto había tasado Pablo Casado la renovación de los órganos constitucionales que la inesperada componenda del pasado jueves entre el nuevo hombre fuerte del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha provocado un sonoro enfado en la cúpula judicial, a la vez que una tremenda decepción entre quienes creyeron sinceras las promesas de regeneración democrática. Y es que nada podía haberse hecho de peor manera.
Fue el socialista Alfonso Guerra quien en 1985 soltó aquello de: “Montesquieu ha muerto”, justo cuando su partido sacó adelante que los nombramientos en el área judicial fueran también una prerrogativa gubernamental.
Han pasado 36 años de aquello y aquella boutade guerrista es una triste realidad.
