El pasado lunes 14 de marzo, exactamente a las 00.00, dio comienzo la huelga, un paro indefinido dentro del sector de transportistas, convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías.
La huelga de transportistas continúa desbocada y el Gobierno que despenalizó las «coacciones violentas de los piquetes» durante las huelgas, ahora las criminaliza y critica, nada nuevo.
Hugo Pereira, adjunto al director de Periodista Digital TV, analiza las claves de la huelga de transportistas y desvela el motivo por el que el Gobierno no se reúne con el sector.
El pasado 17 de marzo el Ejecutivo admitía que las protestas de los transportistas empiezan a tener impacto en la economía, afectando a las cadenas de suministro, sobre todo en el sector de alimentación, que vive un desabastecimiento que preocupa por la celeridad de su desarrollo, sin embargo, queda claro que no están dispuestos a dialogar con huelguistas, antes lo hacen con etarras.
La última jornada de huelga de transportes dejó una pila de accidentes leves, consecuencia del lanzamiento de neumáticos en llamas, de acuerdo a la información de Europa Press con fuentes del Ministerio de Interior. Estos incidentes tuvieron lugar en distintos puntos de la autovía del noroeste A-6, en León hacia Madrid. La respuesta de las autoridades no se hizo de rogar, son más de 20.000 guardias civiles y efectivos de la Policía Nacional que se movilizaron a los principales centros logísticos por la huelga de transporte.
De acuerdo a la información publicada por el diario La Razón, de nuevo se optará por desplegar un dispositivo formado por 23.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad para frenar la violencia y el «chantaje», como los calificó Raquel Sánchez, ministra de Transportes, movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
De esta manera los que cuando estaban en la oposición tildaban de «jarabe político» para justificar y blanquear los escraches a políticos, cuando les dan a probar de su propia medicina, la cosa cambia, y ya no es jarabe, sino un acoso de la ultraderecha. Lo mismo pasa con los piquetes propios de estas huelgas, cuando PSOE y Podemos estaban en la oposición, los piquetes y escraches eran democracia, pero ya no.
De hecho, desde el pasado miércoles 16 de marzo, el Gobierno reforzó todos y cada uno de los dispositivos que desplegarán ante los problemas de la cadena de suministros debido a la inactividad convocada por la Plataforma Nacional, un sector que, desde el Gobierno, aseguran es un sector minoritario de transportistas, con los que no se piensan sentar a pactar o dialogar por sus actuaciones «violentas« y ser «ultras apoyados en muchos casos apoyados por la ultraderecha«, todo en palabras de Raquel Sánchez.
Cuando este Gobierno no es capaz de verlas venir, tiende a acusar a la extrema derecha de mover sus hilos en la oscuridad para generar una situación que solo está en manos del Gobierno, todos conspiran para que su Gobierno hecho jirones siga arruinando España.
Ante la evasiva del Ejecutivo a la hora de reunirse con los trabajadores del sector transportista para hacer frente al desabastecimiento, se prevé que continúen la inactividad y estas movilizaciones, si este Gobierno quiere frenar el desabastecimiento y hacer gala de algo de diplomacia, y de la democracia que les llenaba la boca, se tendría que reunir con los transportistas para ver como estabilizar la economía.
Efecto dominó
En el año 1995 el Gobierno socialista del presidente Felipe González incorporó el artículo 315.3 al Código Penal, esta nueva adhesión permitía encarcelar entre 21 meses y tres años de prisión a «quienes, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga».
Una incorporación que venía a permitir que se cumplan los principios de la democracia, para evitar que hubiese huelgas, levantamientos y violencia como forma de política, sin embargo, al igual que los escraches, se convierten en una herramienta política, de la mano de Podemos en primer lugar, pero con su llegada al Gobierno junto al PSOE, convierte a los socialistas en cómplices y beneficiarios.
El 22 de abril de 2021, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley 5/2021 para eliminar las penas de cárcel para las coacciones de los piquetes en las huelgas, en aquel momento generó una gran polémica y suscitó las críticas de muchos juristas.
De acuerdo con la información publicada por el medio The Objective:
«Entendían que el preámbulo de la ley impulsada por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos era una suerte de soflama política inédita en el BOE. En el texto, se hacía un alegato contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011 y se denunciaba que ese artículo del Código Penal se había utilizado durante años para restringir los derechos sindicales de los trabajadores.»
Esta es la hipocresía de un Gobierno que alienta las huelgas y escraches cuando está en la oposición, pero cuando están en el Gobierno es antidemocrático, de hecho, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se refirió a la huelga de transportistas como «un boicot en toda regla alentado desde el odio y las posiciones de extrema derecha», también declaró que estas movilizaciones no buscan derechos, sino que están «boicoteando al resto de trabajadores» y promoviendo «actos violentos».
«Nada tienen que ver esas demandas legítimas por el precio de los carburantes con los que estamos viendo hoy en las calles que ponen en riesgo la vida de quienes están trabajando y el abastecimiento de los productos básicos»
Reformaron el Código Penal para arrojar a sus piquetes violentos y amaestrados contra enemigos políticos.
Ahora, que no controlan el paro legítimo de los transportistas arruinados por este Gobierno, hablan de "coacción".
No están contra la violencia. Solo quieren su monopolio. https://t.co/Dx1NgBxFNz
— Santiago Abascal ?? (@Santi_ABASCAL) March 17, 2022
