‘Un pan como unas hostias es lo que ha hecho el Gobierno Sánchez’, en opinión de los camioneros que, este 25 de febrero de 2022, seguirán en huelga y hasta marcharan en protesta por la calles de Madrid.
Como dicen ellos mismos, la clave esta en los ‘pequeños’ y ellos son casi el 90% del sector.
De madrugada y tras casi doce horas de reunión, el Ministerio de Transportes anunció este viernes un acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, un órgano en el que no están incluidos los transportistas que mantienen la huelga .
El pacto incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio dentro de un paquete de ayudas al sector que asciende a más de 1.050 millones de euros.
SE COMPLICA EL PANORAMA
Cuando miles de pequeñas y medianas empresas no se han recuperado todavía de los devastadores efectos de la pandemia, el brutal incremento de los precios de la energía amenaza con convertirse en un tsunami que arrase la débil resistencia de un amplio número de negocios.
Las siderúrgicas ArceloMittal y Celsa y la minera asturiana Orvalle han anunciado que tendrán que aplicar ERTE por el impacto del paro de los camioneros, que suma once días de huelga sin que el Gobierno socialcomunista haya movido un dedo para evitar el colapso.
Todas las previsiones del Gobierno Sánchez han saltado por los aires y las empresas españolas vuelven a recurrir a los expedientes de regulación de empleo temporal.
DETALLES DEL PACTO CON LA PATRONAL
Según el desglose del Ministerio, más de 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras. Los cálculos del Gobierno apuntan a un ahorro mensual de unos 700 euros por camión que funcione con gasóleo.
Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.
UN GOBIERNO EN LA INOPIA
El Gobierno PSOE-Podemos sigue esperando al martes para presentar su Plan Nacional de consecuencias de la guerra que acabará de perfilar este viernes, en función de lo que decida la cumbre comunitaria.
Un sector de ese Ejecutivo ya advierte que estamos ante una crisis más profunda y que las medidas del martes no servirán para paliar la indignación de calle.
Las ayudas del Ejecutivo se centrarán en los colectivos más afectados pero varios ministros ya avisan que no va de excluidos sino de una clase media que se ve afectada por el alza de los precios y que lleva varios perdiendo poder adquisitivo.
Algunos, conscientes de que las elecciones se juegan en la clase media, piden a Pedro Sánchez que muestre más empatía con las protestas.
En lo que hay unanimidad es que hay que actuar con rapidez y bajar el precio de la energía.
La Moncloa, conscientes del fracaso de la gira de Sánchez al contemplar cómo Alemania ha vuelto a crear un frente para rechazar las propuestas mediterráneas de desacoplar el gas de la factura, ha empezado a diseñar un plan B.
De buscar la solución en Europa a intentar crear una excepcionalidad ibérica para intervenir el mercado.
