Nuevo escándalo en el calamitoso Gobierno de coalición, en este caso la ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, autorizo a la empresa Beedigital, donde trabaja su marido, Ignacio Manrique de Lara, para gestionar los fondos europeos. Todo esto a pesar de acumular 852.000 euros de deuda a la Administración Pública. Así queda recogido en la denuncia impuesta por los ‘populares’ de la Asamblea de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de que la Fiscalía investigue el privilegio sobre fondos europeos y los préstamos ICO de esta empresa.
Un asunto que analiza y comenta el adjunto al director de Periodista Digital TV, Hugo Pereira.
Los chanchullos familiares son el pan de cada día con este Gobierno, recordamos el ‘caso playbol’ en el que la empresa de los padres del presidente, Pedro Sánchez, recibieron ayudas económicas por valor de 701.000 euros en aproximadamente 15 meses. De esta manera, la situación de la empresa Beedigital la inhabilitaría de recibir cualquier propuesta de contratación por la Administración General del Estado.
El chanchullo Beedigital
La deuda mencionada de 852.000 euros, solo correspondía a la deuda acumulada en 2020, meses antes de ser acreditada para gestionar los fondos. La consultora donde trabaja el marido de Calviño, cuyo nombre es Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A. declara en sus cuentas una deuda de 1.518.000 euros en 2018.
El año siguiente la deuda continuó en crecimiento, y llegó hasta los 1.657.000 euros, en las cuentas de 202 figura una deuda de 852.000 euros. La situación de la consultora era realmente mala, una empresa en la ruina pero con el respaldo del Gobierno, como afirma la denuncia presentada por el grupo parlamentario del PP:
«Presentaba dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social», la denuncia sigue: «había sufrido una reducción de su capital social de casi 66 millones de euros en sólo 5 años. Un evolución que supone una disminución del 86% del capital social».
Irregularidades
Según lo fijado en el Anexo II de la Orden ETD/1498/2021 y la gran reducción de su patrimonio neto entre 2018 y 2020, hacen que la empresa en la que trabaja de Lara se considere en crisis, por lo que no debería ni podría ser acreditada como «agente digitalizador», punto fundamental para recibir la gestión de los fondos. «Esta acreditación podría haber sido irregular», confirman los denunciantes del PP.
La trama queda dispuesta de la siguiente manera: para que una empresa pueda optar y recibir la ayudas asociadas a los Fondos de la Unión Europea necesita contratar un «agente digitalizador», una empresa autorizada por el Ministerio de Asuntos Económicos, el de Nadia Calviño, que se encargue de una mayor digitalización. Es decir, la titular de economía estaría otorgando privilegios a la empresa de su marido, en nombre de su Ministerio y del Gobierno.
El Partido Popular denunció, el pasado 27 de marzo, irregularidades en 12 contratos de emergencia por valor de 326 millones de euros, ampliando la denuncia que interpuso el 10 de marzo.
Fondos sin fondos
El pasado 25 de noviembre de 2021, Nadia Calviño presentó su Programa Kit Digital, enfocado a facilitar la digitalización de las empresas, sobre todo de pequeño y mediano tamaño. Según reza la ampliación de la denuncia, presentada el 27 de marzo:
«Los beneficiarios recibirán una ayuda en función de su tamaño, midiendo éste según su número de empleados. A los efectos de estas bases, el derecho de cobro que nace de la resolución de concesión se denomina bono digital. Este bono digital no podrá hacerse efectivo hasta que el agente digitalizador, en nombre del beneficiario y siendo este el responsable último, presente la correspondiente cuenta justificativa de la realización de la actividad para la que se concede la subvención y el órgano concedente considere justificada la subvención».«las empresas que pudieran ser objeto de recibir las ayudas correspondientes no pueden proceder a realizar las acciones de digitalización previstas por medios propios o contratando a cualquier empresa capacitada para ello, sino que, de forma obligatoria, debe realizar la digitalización a través de quienes estén acreditados, que serán quienes cobrarán en el fondo la subvención».
La denuncia deja clara la postura de los ‘populares’, cansados de este reparto de dinero público y fondos europeos entre los amiguetes y familiares de los políticos que ‘okupan’ el Gobierno, porque no lo van a soltar, y en la ampliación de la denuncia el PP dejaba claros estos privilegios:
«las empresas ven limitada su capacidad de decisión, convirtiéndose en auténticos beneficiarios a los agentes digitalizadores, ya que se constituyen en una situación de oligopolio, en la que un número limitado de vendedores controlan y acaparan la prestación del servicio de digitalización y el acceso a las ayudas».
Bochornoso Garzón
En este Gobierno de los chiringuitos, lo raro es que se concedan ayudas a alguien fuera del entorno del Gobierno. Queda clara la facilidad que tiene el Gobierno, en este caso el Ministerio de Consumo, para regalar subvenciones de dinerito público a la organización de consumidores Facua, continúa el bochorno de un Gobierno que decir que está en horas bajas es ser generoso.
Es decir, desde que Garzón llegó a esa cartera, Rubén Sánchez se ha llenado los bolsillos con importantes ‘ayudas’. Tan exagerado es el reparto de ‘ayudas’ económicas entre sus amigos, que en el año 2021 Facua vio duplicadas las ayudas que procedían del Ministerio de Consumo. Y eso teniendo en cuenta que el número de socios de Facua se redujo considerablemente.
Pronto Garzón salió no con explicaciones, pero sí con excusas, a explicar que el número de socios no es indicador o requisito válido sobre la aprobación de la ayuda. En 2018, la organización del portavoz y secretario general Rubén Sánchez tenía 52.795 socios, mientras que en 2021 se redujo a 50.168 socios, lo que supone una reducción de más de 2.500 socios.
El cazasubvenciones, atemorizado por si deja de recibir las ‘pagas’ del Gobierno socialcomunista, ahora que les pillaron, se defendió y aseguró que no es por la servidumbre de Facua para con el Gobierno, sino porque es el movimiento de consumidores con mejor puntuación:
«Los cambios que se han producido en el movimiento de consumidores en los últimos años, las cantidades solicitadas por las distintas organizaciones y la puntuación obtenida por Facua en convocatorias sometidas a la concurrencia competitiva han sido determinantes para el aumento en la cuantía de las ayudas públicas destinadas a nuestra asociación desde el ministerio competente.»
El secretario General Sánchez, cargó también contra la transparencia del resto de asociaciones de consumidores:
«Durante mucho tiempo, organizaciones prácticamente desconocidas por los consumidores se presentaban como las que contaban con el mayor número de afiliados y estaban a su vez entre las que recibían más ayudas públicas, sin que se produjese ninguna auditoría sobre las cifras que declaraban».
