Después de los indultos a golpistas, el acercamiento de presos de ETA y el compadreo con delincuentes, se puede esperar cualquier cosa de este Gobierno PSOE-Podemos.
La última claudicación de Pedro Sánchez, y por consiguiente, humillación para España, se ha producido este 7 de abril de 2022 durante la cita entre el presidente del Ejecutivo y Mohamed VI. Rabat ha dejado clara la posición de España colocando la bandera que se encontraba detrás del socialista boca abajo. Llama la atención este ‘descuido’ cuando los detalles en diplomacia se cuidan al milímetro.
Como era de esperar, el presidente del Gobierno sigue a lo suyo, y tras el encuentro, Sánchez se ha mostrado «muy satisfecho» con los resultados de su viaje a Marruecos y su encuentro con Mohamed VI.
Para abordar este y otros temas de actualidad política, el programa ‘La Segunda Dosis’ de este 8 de abril de 2022, cuenta con la participación de Asís Timermans, periodista; Roberto Granda, presidente de El Club de los Viernes; David Gómez, abogado; Patricia Sanz, periodista de El Debate y Teresa Gómez, periodista de OKDiario.
Tres altos cargos del Gobierno de Sánchez, investigados
Suma y sigue.
La Justicia da un paso más para acorralar al Gobierno de Pedro Sánchez. La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, tomó declaración como investigados a tres altos cargos del Gobierno PSOE-Podemos.
Todos están señalados en la querella que en mayo de 2020 interpuso VOX por los 56 contratos adjudicados para compra de material sanitario e importe de 310 millones de euros en plena primera ola de la pandemia de los que, al menos una docena, presentan a su juicio severas irregularidades.
Los tres altos cargos del Gobierno que desfilaron ante el juzgado son: el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), Paloma Rosado y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF), contra quienes se dirige la querella por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.
