Anda estos días la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, metida ya en campaña, y no, no se trata de las andaluzas.
En el corto plazo, ya ha anunciado que a partir de julio abre un ‘periodo de escucha’ social para sacarle lustre a su candidatura ecocomunista y en el medio y largo, ya ha fijado su mirada en las eléctricas. Su objetivo, disputar al PSOE ese banderín electoral para mostrarse como la ‘campeona’ contra las todo poderosas energéticas que meten la mano en el bolsillo de los abnegados y honrados ciudadanos que trabajan de sol a sol para llegar a duras penas a fin de mes.
El decorado ya está pintado de cara a las autonómicas y generales del próximo año. Y el tópico es tan atractivo, como demagógico y falaz. “Ha llegado el momento que las eléctricas y grandes corporaciones, que están teniendo beneficios exorbitantes, paguen”, ha dicho en tono amenazante mientras se desliza a los medios que está negociando una tasa con el PSOE.
“Ha llegado el momento de cambiar el régimen fiscal en España” y de que las eléctricas paguen para que el pueblo no sea el que soporte la carga fiscal. Ese es el mantra. El eslogan de camiseta y bolsa de tela. “Han incrementado sus beneficios antes de impuestos un 47%”, repite una y otra vez.
Lo que no cuenta es que esas empresas a las que estigmatiza son también España, no sólo por su gran aporte a las arcas públicas, como debe ser fiscalmente, sino que son bandera de la vanguardia tecnológica de nuestro país por todo el mundo. Tampoco cuenta que esas mismas empresas, multinacionales en algunos casos, han tenido que huir de los mercados europeos, compensar sus pérdidas en el patio español por el elevado precio de producción, para expandirse en otras latitudes. Pero, sobre todo, lo que no cuenta es a cuánto ascienden esos “beneficios caídos del cielo”. Negro sobre blanco, con un número detrás de otro. Si tan claro lo tiene que vaya empresa por empresa y determine públicamente sobre su cuenta de resultados cuánto corresponden a beneficios y cuánto a ‘beneficios caídos del cielo’.
No lo hace porque no puede. Y no puede porque no existen. A la izquierda le conviene agitar ese espantajo, disparar por elevación evitando aterrizar el argumento, poner cifras, números porque el chiringuito ideológico-electoral se le desmonta. No se mantiene.
Su cobertura, los elevados precios de la energía y el marasmo fiscal que se ha desatado en Europa a cuenta de ello. Destaca, claramente, el caso de Reino Unido con una “tasa finalista y temporal sobre los beneficios energéticos” del 25%. La trampa que hacen es que dan a entender que se refiere a todo el sector de la energía cuando Reino Unido lo limita a las empresas que sí han visto crecer exponencialmente sus beneficios con esta crisis, las petroleras. Y eso, no lo dice Díaz ni sus correligionarios.
Rota por la guerra de Ucrania la previsión del Gobierno de vivir los dos últimos años de legislatura recogiendo los frutos de la recuperación económica, en los próximos meses y hasta las elecciones nos espera una pelea ‘verborreica’ entre socialistas y ecocomunistas para ver quien escenifica el mayor puntapié a las eléctricas. Es el ariete demagógico-electoral más potente que tiene la izquierda. No descarten el rejonazo desde el Gobierno. Veremos.
PROMESAS INCUMPLIDAS
Hoy se ha fijado un precio en el mercado mayorista de 165 euros, a lo que hay que sumarle el cargo que pagará la demanda por subvencionar al gas.
Según OMIE – Operador del Mercado Ibérico de Energía-, será de 59 euros de media.
Este coste, que se calcula de manera horaria, puede llegar a rebasar incluso los 78 euros. De esta forma, el precio que pagarán los clientes de la tarifa regulada será de 224 euros de media.
El precio sin aplicar el cap al gas hubiese sido de 237 euros, lo que supone entonces una rebaja sólo de 6% para los clientes vinculados al PVPC.
No obstante, los grandes perjudicados serán las empresas que tengan un contrato a precio fijo y lo hayan renovado desde finales de abril, que sufrirá un recargo de media de casi 60 euros.
