Pedro Sánchez sabe que tiene los meses contados en La Moncloa.
Por ello no tiene empacho en darle candela a la máquina de los billetes y repartir cheque-votos entre diversos colectivos para ver si, como bien dice Carlos Dávila, aún suena la flauta y logra atornillarse a la poltrona cuatro años más.
Pero no solo son las dádivas sin filtro y sin estudios previos de las que está abusando el líder del PSOE.
Para el año electoral que se avecina en España, municipales y autonómicas en mayo de 2023 y las generales al final del mismo curso, a Sánchez no se le ha ocurrido mejor idea que la de engrosar un poco más si cabe el número de asesores.
Nada más y nada menos que 521, rompiendo el récord en lo que se refiere al personal de la más estrecha confianza de un presidente del Gobierno.
De hecho, Sánchez, desde que llegó a La Moncloa, no ha hecho otra cosa que ir engordando la nómina dedicada a asesores.
Si en el ejercicio de 2018 el presidente saliente, Mariano Rajoy, tuvo un total de 294 efectivos considerados como personal de confianza, Sánchez se puso en el empeño de incrementar esa cantidad ejercicio tras ejercicio.
En 2021, cuando el actual inquilino de La Moncloa pudo tener aprobados sus primeros Presupuestos, disparó la cifra de eventuales a 452.
En 2022 ese número creció hasta llegar a los 475 y ahora, dentro de un año electoral, y con la situación de crisis por la que atraviesa España, a Sánchez se le dispara la mano y ya sobrepasa los 500, 521 para ser exactos.
¡Y ojo a la cifra que habrá que desembolsar en materia de sueldos! Nada menos que 18 millones de euros mientras que a los españoles de a pie se les obliga a hacer esfuerzos y sacrificios descomunales.
UN PROBLEMA QUE COLEA DURANTE TODO SU MANDATO
Tan escandaloso es este asunto que al propio Ejecutivo le tuvieron que dar un toque de atención en agosto de 2022.
Transparencia señala que «es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación».
El órgano resalta que los datos sobre los asesores del Gabinete de Gobierno son «información pública» y que, debido a que el Ejecutivo no ha justificado ningún motivo ni recurrido a alguno de los límites previstos en la ley para no entregarlos, ni señalar la concurrencia de alguna causa de inadmisión, debe remitir la información requerida por el solicitante.
Además, advirtió al Ejecutivo el deber que tiene de detallar las funciones o tareas encomendadas a cada uno de los contratados, la titulación académica y experiencia profesional acreditada por los mismos, así como las «retribuciones íntegras» que percibieron en 2020.
