Es más pedigüeño que un fraile.
José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín, ya no sabe de dónde sacar pasta.
Quien fuera una de las personas señaladas en la investigación a la que fue sometida la Sociedad General de Autores Españoles, la SGAE, por diversas irregularidades contables, ahora busca otra fuentes de financiación.
En la tarde del 19 de octubre de 2022 formaba parte de la mesa de ‘Más Vale Tarde’ (laSexta) en la que se comentaba la nueva idea del patrocinador del Fútbol Club Barcelona, Spotify, de poner en las camisetas del primer equipo los nombres de los diferentes artistas que están en la plataforma musical sueca.
Ramoncín, ni corto ni perezoso, sacó la gorra y se puso a arremeter contra el sponsor del conjunto de Joan Laporta:
Spotify debería aliarse con los músicos y pagar lo que debe, porque Spotify paga 0,003 euros cada vez que se reproduce una canción y le va a dar 90 millones de euros a un equipo de fútbol. Así que lo que tienen que hacer esos señores es pagar a los que nos tienen que pagar. O lo que tenemos que hacer nosotros es impedir que pongan nuestra música, pero para eso hay que tener un colectivo detrás que tenga lo que hay que tener y no lo tiene.
INVESTIGADO POR IRREGULARIDADES
Aunque finalmente quedó absuelto, lo cierto es que Ramoncín estuvo con un pie y medio en la cárcel.
El fiscal José Miguel Alonso atribuyó al cantante los delitos de falsedad documental y apropiación indebida, aunque también plantea como alternativa una multa de 13.924 euros por el delito de administración desleal.
También solicitó cuatro años y diez meses de cárcel para el ex director general de la Sociedad Digital de Autores (SDAE) y presunto cabecilla de la trama, José Luis Rodríguez Neri, al que atribuyó un delito de apropiación indebida y otro de falsedad.
Alonso señaló que, «con el exclusivo objetivo de procurarse un lucro ilícito», Ramoncín y su amigo Rodríguez Neri, que «se prestó a darle su colaboración imprescindible» para su «ilícito fin» mediante la «posición decisiva que ostentaba en la SGAE, procedieron a la «elaboración e ideación de determinada documentación que en apariencia diera cobertura a la ilegítima salida de fondos que iban a llevar a cabo».
Para ello, concretaron cinco «hipotéticos negocios jurídicos», todos ellos «al margen de la deuda por importe de 121.159,72 euros» que, a fecha del 26 de junio de 2012, Ramoncín mantenía con la SGAE por «los anticipos recibidos a cuenta de los derechos de autor.
El primero de estos negocios consistió en la elaboración de un programa de televisión llamado ‘El creador’, por el que el cantante cobró en septiembre de 2008 una factura de 10.100 euros a cambio de «unas páginas referidas» al proyecto que nunca fueron «objeto de desarrollo ni de expectativa de beneficio alguno para la sociedad pagadora», que fue la filial de la SGAE Portal Latino.
La sociedad mercantil Jupiter Music, de la que Ramoncín era administrador único, también cobró 5.800 euros en diciembre de 2009 de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) por el «estudio, desarrollo y puesta en funcionamiento» de un sistema de protección de archivos llamado ‘La caja fuerte virtual’. En su declaración ante el juez, en enero de 2013, defendió que, de haber vivido en Estados Unidos, esta herramienta se la habría vendido a Steve Jobs. Como vivo en España, se la vendí a la SGAE», defendió.
La SDAE también abonó a la sociedad de Ramoncín dos facturas por un total de 28.050 euros en diciembre de 2010 y marzo de 2011 por la redacción de las «líneas directrices» del programa de televisión ‘¿Hablamos el mismo idioma?’. Las dos partes firmaron un contrato que se encontró en la casa de Rodríguez Neri a pesar de que no figuraba en los archivos de la SGAE, «en los que únicamente aparecía una copia sin firmar de un borrador de contrato», y que no estaba «amparado» en ningún acuerdo adoptado con arreglo a los estatutos de la sociedad.
Al margen de la participación de Rodríguez Neri, Ramoncín elaboró en 2010 un proyecto de divulgación de los derechos de autor dirigido a la SGAE por importe de 6.962 euros que se desarrolló con el beneplácito de Loras y Hernández.
Además, percibió presuntamente otros 6.490 euros como adelanto por la indemnización que la SGAE debía pagarle como resultado de una sentencia dictada en 2011 por el Tribunal Supremo.
El entonces director de los servicios jurídicos autorizó el pago al entender unilateralmente que la resolución judicial era «perjudicial desde el punto de vista corporativo para la entidad de gestión.
Para evitar que el Consejo de Dirección tuviese conocimiento de esta decisión, fijó la cuantía en 5.500 euros, que se incrementó en 990 euros al aplicarle el 18 por ciento de IVA.
