Un pufo monumental, persistente y sistemático perpetrado al alimón por los socialistas del PSPV y los catalanistas de Compromis, a la sombra de Ximo Puig y compadres.
Las cifras son mareantes, pero según los primeros datos destapados por el popular Carlos Mazón, los ‘distraido‘, ‘malversado‘, ‘desviado‘ o entregado irregularmente supera los 700 millones de euros.
Y esa ‘fortuna‘ repartida a dedo entre los adictos a la izquierda, llega con el telón de fondo de unos 4.000 contratos irregulares.
La Generalitat Valenciana lanza una auditoría general de todo el sector público, tras detectar ‘supuestas‘ irregularidades en la gestión del anterior gobierno que lideró el socialista Puig desde 2015 hasta mayo de 2023.
Los populares, que gobiernan la región aliados con VOX, se suprimirán seis empresas creadas por el tripartito de PSPV, Compromís y Unides Podem, con funciones, que ni siquiera han llegado a tener actividad.
«Malgasto y descontrol» y «mucho ocultismo«, ha resumido este martes el presidente Mazón, en lo que ha definido como un «pozo sin fondo».
Mazón no se anda con rodeos.
Fiel a su estilo, directo y efectivo, ya ha dejado claro que no pasará página.
«Si del examen se extraen responsabilidades administrativas o penales, tomaremos medidas legales».
En otras palabras: iran al banquillo de los acusados y a la cárcel, si llega el caso, los que aparezcan como responsables o se hayan ‘empozado‘ con dinero público.
Hemos activado una auditoría general de todo el sector público valenciano.
Queremos saber donde ha ido cada euro del anterior gobierno. pic.twitter.com/zgPPgKWCbQ
— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) January 16, 2024
Los informes de la Intervención de la Generalitat, auditores externos, la Sindicatura de Cuentas y la propia dirección general del Sector Público apuntan a una ‘barra libre‘ de 253.122 contratos a dedo por valor de 713 millones de euros –159 en contratos menores y 554 sin tramitar expediente– durante las dos legislaturas de la izquierda en el poder.
Solo cuatro de las 54 entidades de la Administración valenciana reciben una valoración positiva en este punto en el análisis de la Intervención al ejercicio de 2021.
Mismo año en el que se certifican más de 4.000 contrataciones de personal laboral temporal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos, como es preceptivo. Esta cifra, que se enmarca en plena pandemia, no se corresponde con la contratación de más profesores o médicos, según el jefe del Ejecutivo autonómico.
De acuerdo con los datos aportados, el coste total en nóminas de la Generalitat pasó de 400 a 600 millones entre 2015 y 2022.
Mazón ha revelado que, poco antes de las elecciones del 28 de mayo de 2023, el gobierno tripartito de izquierdas ‘trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos‘ en SGISE, la empresa pública que dirige los servicios de emergencias.
Se ha acabado el malgastar el dinero público.
Vamos a contar toda la verdad del anterior gobierno a los valencianos. pic.twitter.com/WZD4mJIjfm
— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) January 16, 2024
El presidente valenciano ha acusado a sus predecesores de cubrirse con de ‘informes políticos, que no técnicos’, para sortear los controles legales y no ajustarse a las recomendaciones de los organismos oficiales que fiscalizan la gestión.
«En algunos casos, no se sabe quién ordena las transferencias y quién las recibe, pues en la mitad del medio centenar de entidades públicas analizadas se detecta un riesgo alto, al producirse «pagos sin la autorización de la persona correspondiente o a cuentas bancarias no identificadas».
El panorama que pinta Mazón es desolador, como consecuencia del despilfarro, las malas prácticas y el derroche de Puig y su cuadrilla.
«La situación es crítica y a pesar de la reducción de altos cargos que se ha llevado a cabo tras el vuelco electoral a la derecha del 28M en la Comunidad Valenciana, tenemos el mayor déficit de España».
«La deuda pública está en máximos históricos: casi 60.000 millones de euros».
La Generalitat, ahora controlada por PP y VOX, ha comenzado a estudiar el ‘pufo‘ caso por caso, tardará por lo menos un año en concluir el análisis y divide su investigación en dos partes.
Se llevará a cabo una auditoría ‘forénsica’ –gasto por gasto para saber «dónde ha ido cada euro» y medir posibles fraudes– en determinadas entidades con mayor riesgo; así como otra en el conjunto del sector público para conocer su rumbo y ‘poner de manifiesto las duplicidades’ e ‘ineficiencias».
Será una empresa externa la que se encargará de realizar ese trabajo a través de una licitación, cuyos pliegos se están ultimando, por lo que se desconoce el coste que supondrá para las arcas públicas.
En paralelo, tras un análisis preliminar, PP y VOX trasladarán a las Cortes Valencianas un proyecto de ley para suprimir seis entidades ‘fantasma‘ -aunténticos chiringuitos– cuyas funciones ya tenía asignadas alguna dirección general.
«Estas duplicidades palmarias darían lugar a más directivos o gerentes colocados a dedo para realizar esa misma tarea, incrementando el gasto».
«Son empresas que se crearon para pagar favores y ejecutar enchufes masivos, que ni siquiera se llegaron a ponerse en marcha».
Entre ellas están la Agencia Valenciana de la Energía; la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad; la Agencia contra el Cambio Climático; y la Escuela de Administración Pública.
«No tenían actividad ni dotación presupuestaria».
«El personal no político adscrito a las mismas, que es muy reducido, se incorporará a la dirección general que asume actualmente las competencias de esas agencias».
