A Juan Lobato, ex-secretario general de la Federación Socialista Madrileña, le ha faltado un pelín para haber salido por la puerta grande de la política. Si hubiera mantenido lo que les dijo a los periodistas de ABC, Javier Chicote y Juan Fernández-Miranda, en la entrevista que les concedió y que supuso una bomba informativa en la mañana del lunes 25, lo hubieran expulsado del PSOE, sí, pero hubiera mantenido plenamente su integridad moral y política. Ese desdecirse veinticuatro horas después, tras recibir algún aviso de Ferraz es lo que le ha hecho salir tocado del asunto. Ha hecho caso a sus superiores y se lo han pagado exigiéndole la dimisión.
La carambola de Moncloa era propia de Mefistófeles. Por un lado, perjudicar gravemente el futuro político de Isabel Díaz Ayuso y, a la vez, ajustarle las cuentas a Lobato, nunca bien visto ni por Ferraz ni por el propio Sánchez. Para ello se valieron del caramelo envenenado de pasarle el mensaje original entre el abogado defensor de Alberto González, novio de la presidenta madrileña, y Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, para que Lobato leyera esa comunicación privada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que iba a celebrarse dos horas después. De este modo, Lobato cargaría con el mochuelo. O sea, matar dos pájaros de un tiro.
Sin embargo, como el ex-dirigente de los socialistas madrileños es licenciado en Derecho y, además, técnico de Hacienda, se dio cuenta de la trampa y declinó el ofrecimiento porque se trataba de un caso claro de revelación de secretos. Ése era el momento de acudir al notario pero no lo hizo hasta ocho meses después, cuando se presentó la UCO en la Fiscalía General del Estado para registrar el despacho del titular. Esa ambivalencia de nadar entre dos aguas, las de Ferraz y la suyas propias es lo que, al final y gravemente, le ha perjudicado.
