La política española se ha convertido, una vez más, en un escenario donde la libertad de prensa y el acceso a la información pública se disputan como si fueran la última porción de tortilla en un bar de Chamberí. Esta semana, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a dejar su sello permitiendo que todos los periodistas —sin distinción ni filtro— puedan preguntar libremente en sus ruedas de prensa. El movimiento, lejos de ser recibido con aplausos unánimes, ha provocado una airada reacción por parte del PSOE, cuyos portavoces más combativos, Patxi López y Óscar López, han acusado a Ayuso de alentar “el desorden y el ruido mediático” en lugar de velar por “la calidad informativa”.
En contraste, mientras en la Puerta del Sol se abría el micro a todo aquel que tuviera carné de periodista (o casi), en el Congreso de los Diputados se tramita una reforma para poder expulsar a medios incómodos o críticos. El PSOE y sus aliados parlamentarios han impulsado una modificación del reglamento que permitirá vetar a quienes no sean considerados “periodistas responsables”, lo que traducido al lenguaje del común significa: fuera los reporteros díscolos que incomoden al poder.
El PSOE y la tentación del botón rojo: controlar quién pregunta
El debate no es baladí. El nuevo reglamento que promueve el PSOE prevé otorgar poderes casi omnímodos a la Mesa del Congreso para decidir quién puede acceder o no a las instalaciones parlamentarias. Se argumenta que es necesario protegerse frente a “boicots” o “acosos”, pero las definiciones son tan vagas que podrían servir para silenciar cualquier pregunta incómoda o para retirar acreditaciones a periodistas que no sigan la melodía oficialista.
El portavoz socialista Patxi López ha defendido públicamente esta medida aduciendo incidentes recientes con ciertos periodistas “agitadores”, pero el Partido Popular y Vox lo ven como una excusa para imponer un auténtico filtro ideológico. De hecho, medios como EDATV han sido señalados como los principales objetivos del veto: sus reporteros han protagonizado preguntas especialmente incómodas para ministros y diputados socialistas en los últimos meses.
El resultado es un sistema en el que la Mesa del Congreso podrá expulsar o sancionar a periodistas por criterios tan subjetivos como “perturbar” el buen funcionamiento parlamentario o “no garantizar una información veraz”. No es extraño que desde asociaciones profesionales ya se hable abiertamente de “ley mordaza mediática”, disfrazada bajo barniz reglamentario.
Ayuso: “Aquí preguntan todos, aunque no les guste”
En Madrid, Ayuso ha convertido su política informativa en todo lo contrario: apertura total. La presidenta presume de pluralidad —y no pierde ocasión para recordárselo a sus adversarios— permitiendo preguntas sin cortapisas ni listas negras. La jugada irrita especialmente al PSOE porque exhibe una diferencia notable con el modelo restrictivo que se quiere implantar en el Congreso. Desde las filas socialistas, sin embargo, se acusa a Ayuso de montar un “circo mediático” y fomentar el “desgobierno informativo”, aunque lo cierto es que cada vez más medios ajenos al poder encuentran refugio en las comparecencias madrileñas.
No es casualidad que algunos periodistas hayan calificado la situación como un enfrentamiento entre dos visiones opuestas: la transparencia (con sus riesgos) frente al control institucional (con sus peligros). En palabras del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, asistimos a un momento crítico: “Nunca hemos padecido unos medios tan entregados al poder ni una recua de periodistas tan palanganeros”, lamenta Rojo, quien alerta sobre el peligro real para la libertad de expresión en España.
Medios dóciles y periodistas palanganeros: radiografía del ecosistema mediático
La polémica pone sobre la mesa otra cuestión clave: la dependencia creciente de muchos medios respecto al Gobierno, bien sea vía subvenciones directas o publicidad institucional. El riesgo es evidente: cuanto más dependiente sea un medio del presupuesto público, menor será su capacidad para fiscalizar o incomodar al poder político.
En este contexto, han proliferado los llamados periodistas palanganeros —aquellos profesionales siempre dispuestos a lavar la imagen del gobierno de turno— mientras los independientes ven peligrar su permanencia en foros clave como el Congreso. El contraste es flagrante entre quienes reciben trato preferente y quienes son apartados por hacer preguntas incómodas.
- La reforma parlamentaria prevé un Consejo Consultivo encargado de valorar el comportamiento profesional de los periodistas.
- Se podrán retirar acreditaciones si se considera que un reportero no respeta el derecho a la información veraz.
- Medios críticos denuncian la creación de un sistema clientelar donde solo los afines pueden ejercer libremente su trabajo.
¿Libertad o veto? Las consecuencias políticas
Todo apunta a que este pulso informativo tendrá consecuencias profundas. Si prospera la reforma impulsada por el PSOE y sus aliados —gracias al apoyo entusiasta de formaciones como Sumar, ERC o EH Bildu— podríamos asistir a una depuración silenciosa pero efectiva dentro del periodismo parlamentario español. En paralelo, cabe esperar que Madrid siga siendo un refugio para quienes aún creen en una prensa plural —aunque sea ruidosa— y poco domesticada.
Como curiosidad final:
- El término “palanganero” ha hecho fortuna estos días para describir al periodista complaciente; su origen está en quien sostiene la palangana mientras otro se lava las manos.
- Algunos colectivos profesionales ya organizan debates abiertos sobre cómo defenderse ante posibles expulsiones arbitrarias del Congreso.
- Mientras tanto, las ruedas de prensa madrileñas han registrado récords históricos de asistencia… quizás porque nunca se sabe qué pregunta incómoda hará saltar las alarmas del Gobierno central.
Si algo queda claro es que, entre censores vocacionales y amantes del micrófono abierto, la política española nunca pierde su capacidad para sorprender… ni tampoco su querencia por convertir cada rueda de prensa en terreno minado.
