La sala de prensa del Palacio de la Moncloa, otrora templo de la información institucional, se ha convertido en el epicentro de la mentira.
En la ‘maquina de fango‘ desde donde el Gobierno Sánchez distribuye semanalmente «mercancía averiada«.
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ese ritual democrático que debería servir para rendir cuentas a la ciudadanía, se ha transformado en un ejercicio donde la mentira no solo se tolera, sino que se ha normalizado como un recurso político más.
El diccionario de la Real Academia Española recoge hasta 35 sinónimos de la palabra mentira, y todos ellos parecen formar parte del arsenal comunicativo de un Ejecutivo que ha hecho de la desinformación una estrategia sistemática. El caso más reciente y flagrante ha sido protagonizado por la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, quien el pasado martes persistió en difundir el bulo de una supuesta «bomba lapa» contra el presidente del Gobierno, a pesar de que esta
información había quedado completamente desmentida 72 horas antes.
La «bulocracia» como sistema de gobierno
Lo más preocupante no es el error puntual, sino la persistencia en el mismo. Fuentes de Moncloa aseguraron que no había necesidad de rectificación porque los mensajes «son interpretables», una justificación que revela hasta qué punto se ha normalizado la manipulación informativa desde las instituciones. Este episodio no es un caso aislado, sino que forma parte de lo que algunos periodistas han bautizado como «bulocracia», un sistema donde la mentira se convierte en política de Estado.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha seguido la misma línea estratégica al atribuir a «empresarios» que «difunden bulos y mentiras» cualquier información que cuestione la gestión gubernamental. Así ocurrió con el apagón nacional del pasado abril, cuando el diario británico ‘The Telegraph’ publicó que podría haberse tratado de un «experimento» del Ejecutivo español. La respuesta de Montero fue desacreditar la fuente sin aportar datos concretos que desmintieran la información.
Este patrón se repite semana tras semana. El propio presidente Pedro Sánchez ha utilizado las comparecencias en Moncloa para acusar a la oposición de difundir «bulos, mentiras, falsedades, fake news», mientras él mismo presentaba como hechos interpretaciones sesgadas de la realidad. Un ejemplo paradigmático fue cuando afirmó que «se ha dicho que se regalaba un palacete al PNV, pero aquí no se regala nada», para justificar la devolución de un inmueble como parte de las negociaciones políticas.
La propagación del bulo gubernamental
El mecanismo de propagación de un bulo desde el Gobierno sigue un patrón bien definido. Primero, se lanza una información manipulada o directamente falsa desde una fuente cercana al Ejecutivo. Después, esta es amplificada por determinados medios afines, lo que algunos críticos han denominado la «Brunete Pedrete» periodística, en referencia a aquellos comunicadores que actúan como correa de transmisión acrítica del mensaje gubernamental.
El caso de la supuesta «bomba lapa» resulta paradigmático. Un periódico digital publicó que un excapitán de la UCO, contratado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, supuestamente fantaseaba con colocar un explosivo en el vehículo del presidente. La realidad era exactamente la contraria: en una conversación privada, el exguardia civil ironizaba sobre la posibilidad de que el Gobierno le pusiera a él una bomba lapa. Sin embargo, tres altos cargos del Ejecutivo —María Jesús Montero, Óscar López y Pilar Alegría— repitieron la versión manipulada, y varios programas de la televisión pública la difundieron sin verificación.
Lo más grave es que, una vez desmentido el bulo, no hubo rectificación. Al contrario, desde el Gobierno se insistió en la narrativa falsa, aplicando aquella máxima atribuida a Joseph Goebbels: «Si repites una mentira un millón de veces acabará siendo verdad».
El doble rasero de la lucha contra la desinformación
La ironía alcanza cotas máximas cuando recordamos que este mismo Gobierno presentó un Plan de Acción por la Democracia para luchar —según declararon— contra los bulos y la desinformación. Sin embargo, como reveló El Debate, algunas de las medidas de este plan no han arrancado y otras han chocado con la realidad de unos socios parlamentarios discontinuos.
Este doble rasero queda patente cuando el Ejecutivo, que se presenta como paladín contra la desinformación, utiliza las instituciones del Estado para difundir información falsa o manipulada. Como señaló Ana Rosa Quintana en su programa: «¿Con qué bagaje moral van a volver a hablar de bulos y de pseudomedios?».
Las consecuencias para la democracia
La normalización de la mentira desde el poder tiene consecuencias devastadoras para la salud democrática. Cuando la ciudadanía no puede confiar en la información que proporciona su gobierno, se erosiona la confianza en las instituciones y se debilita el contrato social.
El problema se agrava cuando, como ocurre actualmente, la mentira no tiene consecuencias para quien la propaga desde posiciones de poder. La impunidad con la que el Gobierno difunde información falsa o manipulada contribuye a un clima de «convivencia avinagrada», como lo definió la propia ministra Alegría, aunque atribuyendo la responsabilidad a otros.
La portavoz gubernamental llegó incluso a aprovechar su respuesta sobre el bulo de la bomba lapa para arremeter contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, recordando su fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado de hace décadas. «Que lo diga alguien que tiene un álbum fotográfico a sus espaldas como el que tiene debería ser prudente, cauteloso y mesurado», afirmó, añadiendo que «con ese álbum estaría inhabilitado para ser presidente de la comunidad de vecinos».
El papel de Leire Díez y las «fontaneras» de Moncloa
En este ecosistema de desinformación gubernamental, ha cobrado especial relevancia la figura de Leire Díez, conocida como la «fontanera» de Moncloa. Su papel en la estrategia comunicativa del Gobierno ha sido tan controvertido que varios grupos parlamentarios, incluyendo PP, ERC y Podemos, han solicitado la comparecencia del presidente para dar cuenta de sus actividades.
La propia Díez, según grabaciones filtradas, habría reconocido la precariedad de la situación al afirmar que «en esta legislatura, o limpiamos todo, o pedimos asilo en Taiwán». Una frase que revela la conciencia interna sobre las prácticas comunicativas del Ejecutivo.
Un fenómeno que trasciende fronteras
El fenómeno de la desinformación desde el poder no es exclusivo de España, pero el caso español presenta características particulares por la sistematización y normalización de estas prácticas. El diario británico ‘The Telegraph’ llegó a afirmar que «el hedor del encubrimiento se cierne sobre el gigantesco apagón de España», concluyendo que «el Gobierno socialista de Pedro Sánchez intenta ganar tiempo con explicaciones que carecen de sentido técnico o rozan el absurdo».
Esta percepción internacional daña la imagen de España y socava la credibilidad de sus instituciones, precisamente en un momento en que la lucha contra la desinformación se ha convertido en una prioridad para las democracias occidentales.
El Gobierno que presumía de traer «la honestidad por bandera y las manos limpias de corrupción» ha convertido la mentira en un recurso político más, transformando la sede de la Presidencia en lo que algunos analistas denominan «el kilómetro cero de la bulocracia». Y lo más preocupante es que lo hace con total impunidad, sin que existan mecanismos efectivos para exigir responsabilidades por la difusión de información falsa desde las más altas instancias del Estado.
Como curiosidad, el término «bulocracia» está ganando popularidad en las redes sociales y entre los analistas políticos para describir este fenómeno de institucionalización de la mentira. La periodista María Jamardo fue una de las primeras en acuñar este neologismo que combina «bulo» y «burocracia» para describir el sistema de propagación de falsedades desde el aparato estatal. Un término que, lamentablemente, parece haber llegado para quedarse en el vocabulario político español.
